Según el auto del juez Pedraz
"Intentad desmontar a la Guardia Civil": Cómo la mano larga del PSOE intentó demoler la UCO desde sus propias entrañas
![[Img #30583]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2026/4319_screenshot-2026-05-29-at-15-42-10-antonio-balas-youtube-buscar-con-google.png)
El juez Pedraz revela en un auto explosivo que Santos Cerdán puso "la estructura del partido" al servicio de una operación criminal para neutralizar a los investigadores policiales que perseguían la corrupción socialista. El teniente coronel Antonio Balas se personó hace unos días en la sede central de la Guardia Civil con una orden judicial en la mano.
Mientras la directora general sanchista de la Guardia Civil, Mercedes González, asistía a una toma de posesión en la calle Batalla del Salado, el teniente coronel Antonio Balas cruzaba el umbral del cuartel general del Instituto Armado en Guzmán el Bueno. Sin previo aviso. Con el auto del juez Santiago Pedraz como llave maestra. La imagen no tiene precedentes en la historia reciente del cuerpo: un guardia civil rastreando información para comprobar si desde arriba han tratado de torpedear sus propias investigaciones para proteger a un determinado partido político.
Los mensajes corrían como pólvora por los grupos de mandos: "La UCO está en Guzmán el Bueno". El terremoto, sin embargo, venía gestándose desde hacía meses.
Una maquinaria criminal disfrazada de partido
El auto del juez Pedraz, al que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, describe con una precisión demoledora el funcionamiento de lo que el magistrado califica de "ejecución de una actividad criminal". El grupo, liderado según el instructor por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tenía un objetivo cardinal: desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno.
Para ello, Pedraz señala que Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido", siendo el PSOE quien financió una actividad dedicada a ofrecer a funcionarios, guardias civiles e investigados remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo.
El topo en el tricornio
La trama contaba con una pieza clave dentro del propio cuerpo: el capitán Juan Sánchez Yepes, exmiembro de la UCO que conocía sus entresijos desde dentro. En una reunión de diciembre de 2024, en presencia del empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, Yepes filtró información sobre la estructura y los miembros de la unidad, siendo plenamente consciente de que estaba infringiendo la ley. En la grabación recogida por el juez, el propio capitán admite: "todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos."
El objetivo declarado de aquella reunión era Balas: el teniente coronel se había convertido, según el auto, en "uno de los principales objetivos del grupo."
El comandante al que ofrecieron una carrera a cambio de traicionar
La fontanera de Ferraz, Leire Díez, se reunió en dos ocasiones durante 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, actualmente investigado por el caso Koldo. La oferta era meridiana: pagarle la defensa jurídica y colocarle en puestos de máxima responsabilidad a cambio de "intentar desmontar a la Guardia Civil".
Más aún: Leire le habría ofrecido que la Policía Nacional le tomara declaración como testigo protegido para declarar contra la Guardia Civil y concretamente contra la UCO, sus mandos y el coronel Corbí. Manuel Sánchez Corbí fue jefe de la UCO.
La "UCO patriótica": una etiqueta envenenada
Para desacreditar al organismo ante la opinión pública, la trama recurrió también a la guerra de desgaste mediático. El juez describe como "despectivo y contaminante" el término "UCO patriótica", acuñado por el grupo para desacreditar a la unidad que investigaba las tramas de corrupción del PSOE. Las denuncias fabricadas se filtraban a medios nacionales izquiedistas, casi todos, con ese designio envenenado.
Paralelamente, la red impulsó la sospecha sobre las actuaciones de los agentes ante la propia directora general de la Guardia Civil, lo que desencadenó la apertura de varios expedientes de información reservada contra los investigadores. Uno de los principales perjudicados fue el superior jerárquico de Balas, el entonces coronel Rafael Yuste.
La cúpula señalada
Fuentes del cuerpo consultadas apuntan al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, como responsable último de ordenar la apertura de los expedientes disciplinarios, y le describen como un mando muy próximo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El asunto no acaba ahí: según las mismas fuentes, Interior tiene previsto ascender a general de brigada al coronel Francisco José Vázquez Aznárez, cercano al DAO y quien tuvo como confidentes del Servicio de Información a Koldo García y Víctor de Aldama.
La UCO, acostumbrada a perseguir la basura ajena, se ha encontrado ahora investigando las inmundicias que, presuntamente, alguien había abierto bajo sus propios pies. El teniente coronel Balas salió de Guzmán el Bueno con la documentación solicitada por el juez. La instrucción sigue abierta.
El juez Pedraz revela en un auto explosivo que Santos Cerdán puso "la estructura del partido" al servicio de una operación criminal para neutralizar a los investigadores policiales que perseguían la corrupción socialista. El teniente coronel Antonio Balas se personó hace unos días en la sede central de la Guardia Civil con una orden judicial en la mano.
Mientras la directora general sanchista de la Guardia Civil, Mercedes González, asistía a una toma de posesión en la calle Batalla del Salado, el teniente coronel Antonio Balas cruzaba el umbral del cuartel general del Instituto Armado en Guzmán el Bueno. Sin previo aviso. Con el auto del juez Santiago Pedraz como llave maestra. La imagen no tiene precedentes en la historia reciente del cuerpo: un guardia civil rastreando información para comprobar si desde arriba han tratado de torpedear sus propias investigaciones para proteger a un determinado partido político.
Los mensajes corrían como pólvora por los grupos de mandos: "La UCO está en Guzmán el Bueno". El terremoto, sin embargo, venía gestándose desde hacía meses.
Una maquinaria criminal disfrazada de partido
El auto del juez Pedraz, al que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, describe con una precisión demoledora el funcionamiento de lo que el magistrado califica de "ejecución de una actividad criminal". El grupo, liderado según el instructor por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tenía un objetivo cardinal: desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno.
Para ello, Pedraz señala que Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido", siendo el PSOE quien financió una actividad dedicada a ofrecer a funcionarios, guardias civiles e investigados remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo.
El topo en el tricornio
La trama contaba con una pieza clave dentro del propio cuerpo: el capitán Juan Sánchez Yepes, exmiembro de la UCO que conocía sus entresijos desde dentro. En una reunión de diciembre de 2024, en presencia del empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, Yepes filtró información sobre la estructura y los miembros de la unidad, siendo plenamente consciente de que estaba infringiendo la ley. En la grabación recogida por el juez, el propio capitán admite: "todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos."
El objetivo declarado de aquella reunión era Balas: el teniente coronel se había convertido, según el auto, en "uno de los principales objetivos del grupo."
El comandante al que ofrecieron una carrera a cambio de traicionar
La fontanera de Ferraz, Leire Díez, se reunió en dos ocasiones durante 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, actualmente investigado por el caso Koldo. La oferta era meridiana: pagarle la defensa jurídica y colocarle en puestos de máxima responsabilidad a cambio de "intentar desmontar a la Guardia Civil".
Más aún: Leire le habría ofrecido que la Policía Nacional le tomara declaración como testigo protegido para declarar contra la Guardia Civil y concretamente contra la UCO, sus mandos y el coronel Corbí. Manuel Sánchez Corbí fue jefe de la UCO.
La "UCO patriótica": una etiqueta envenenada
Para desacreditar al organismo ante la opinión pública, la trama recurrió también a la guerra de desgaste mediático. El juez describe como "despectivo y contaminante" el término "UCO patriótica", acuñado por el grupo para desacreditar a la unidad que investigaba las tramas de corrupción del PSOE. Las denuncias fabricadas se filtraban a medios nacionales izquiedistas, casi todos, con ese designio envenenado.
Paralelamente, la red impulsó la sospecha sobre las actuaciones de los agentes ante la propia directora general de la Guardia Civil, lo que desencadenó la apertura de varios expedientes de información reservada contra los investigadores. Uno de los principales perjudicados fue el superior jerárquico de Balas, el entonces coronel Rafael Yuste.
La cúpula señalada
Fuentes del cuerpo consultadas apuntan al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, como responsable último de ordenar la apertura de los expedientes disciplinarios, y le describen como un mando muy próximo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El asunto no acaba ahí: según las mismas fuentes, Interior tiene previsto ascender a general de brigada al coronel Francisco José Vázquez Aznárez, cercano al DAO y quien tuvo como confidentes del Servicio de Información a Koldo García y Víctor de Aldama.
La UCO, acostumbrada a perseguir la basura ajena, se ha encontrado ahora investigando las inmundicias que, presuntamente, alguien había abierto bajo sus propios pies. El teniente coronel Balas salió de Guzmán el Bueno con la documentación solicitada por el juez. La instrucción sigue abierta.
