Hay algo profundamente revelador en la última polémica protagonizada por IKEA. No porque una empresa de muebles haya decidido lanzar una campaña publicitaria más o menos discutible, sino porque vuelve a poner de manifiesto una tendencia cada vez más extendida entre las grandes corporaciones occidentales: la necesidad de utilizar cualquier producto, cualquier servicio y cualquier espacio comercial para impartir lecciones morales a los ciudadanos.

Durante décadas, IKEA fue simplemente una empresa que vendía muebles. Diseñaba estanterías, mesas, cocinas y dormitorios. Los clientes acudían a sus establecimientos para comprar soluciones prácticas para sus hogares. Nadie esperaba encontrar allí una doctrina política, una visión antropológica de la sociedad o una determinada interpretación de la familia. Sin embargo, como tantas otras multinacionales vergonzosamente rendidas al globalsocialismo progresista, la compañía parece haber llegado a la conclusión de que vender productos ya no es suficiente. Ahora también debe ordenar a los ciudadanos cómo deben pensar, qué valores deben adoptar y qué creencias tradicionales deben abandonar.

La campaña que ha provocado la reacción de HazteOír presenta como "prejuicios" algunas de las ideas que durante siglos han constituido el núcleo cultural de la sociedad española y occidental. Entre ellas, la consideración de que la familia formada por un padre, una madre y sus hijos representa el modelo familiar más común, más estable y más decisivo para la continuidad de cualquier civilización. Nadie niega que existan otras formas de relación interpersonales ni que merezcan respeto y protección jurídica. Pero una cosa es reconocer la existencia de distintos modelos y otra muy diferente convertir en sospechosa la realidad familiar que ha vertebrado nuestra historia y construye nuestro futuro.

Lo verdaderamente significativo es el lenguaje empleado. La campaña no se limita a afirmar que existen diferentes formas de organizar la vida familiar. Va más allá. Sugiere que determinadas concepciones tradicionales son prejuicios que deben ser desmontados. Y ahí es donde aparece el problema. Porque la familia tradicional no es un prejuicio. Es una institución social. Es una realidad histórica. Es el mecanismo mediante el cual las sociedades transmiten cultura, educación, identidad, valores y continuidad generacional. Puede ser imperfecta, como toda obra humana, pero ninguna sociedad ha logrado sustituir eficazmente sus funciones esenciales.

Durante años, buena parte del discurso progresista ha intentado presentar cualquier defensa de la familia tradicional como una expresión de intolerancia o nostalgia reaccionaria. Sin embargo, los datos muestran algo muy distinto. En una Europa que envejece aceleradamente, que sufre una crisis demográfica sin precedentes y que contempla cómo se erosionan los vínculos comunitarios, la familia continúa siendo la principal red de apoyo económico, emocional y afectivo para millones de personas. Cuando llegan las dificultades económicas, las enfermedades o las crisis personales, son las familias quienes sostienen a los individuos mucho antes que las administraciones públicas en manos del globalsocialismo dominante.

Resulta llamativo que precisamente en una época caracterizada por la soledad, la fragmentación social y el aislamiento creciente se insista en cuestionar una de las pocas instituciones que siguen ofreciendo estabilidad a largo plazo. Quizá porque la familia fuerte siempre ha representado un espacio de libertad difícilmente controlable por los poderes políticos, económicos o ideológicos. Allí donde existen familias sólidas, existen tradiciones, lealtades y valores que no dependen exclusivamente del Estado ni de las modas culturales del momento.

Por eso la campaña de HazteOír merece atención. No necesariamente porque todos compartan sus planteamientos o sus métodos, sino porque expresa una inquietud cada vez más extendida entre sectores amplios de la sociedad: el cansancio ante la permanente e indecente reeducación ideológica impulsada desde ámbitos empresariales que nada tienen que ver con la política democrática.

Los ciudadanos aceptan que las empresas vendan productos. Lo que empieza a generar rechazo es que esas mismas empresas pretendan convertirse en árbitros morales de la sociedad. Nadie eligió a los departamentos de marketing de las multinacionales para definir qué valores deben considerarse aceptables o qué tradiciones merecen ser superadas.

La cuestión de fondo trasciende incluso a IKEA. Tiene que ver con la creciente tendencia de grandes corporaciones, organismos internacionales y élites culturales a presentar sus preferencias ideológicas como si fueran verdades indiscutibles. Quien discrepa ya no mantiene una opinión diferente; simplemente arrastra un prejuicio que debe ser corregido.

Pero una sociedad libre funciona precisamente de manera opuesta. En una sociedad libre existen debates legítimos sobre la familia, la educación, la identidad y la cultura. Ninguna empresa posee la autoridad moral necesaria para clausurar esas discusiones mediante campañas publicitarias cuidadosamente diseñadas.

Quizá el éxito de iniciativas como la promovida por HazteOír responda a algo más profundo que una simple controversia publicitaria. Tal vez refleje el agotamiento de millones de personas que observan cómo instituciones, medios de comunicación, universidades, organismos públicos y ahora también empresas privadas parecen coincidir siempre en la misma,. vergonzosa e indignante, dirección ideológica.

Cuando eso ocurre, la reacción resulta inevitable. No porque la sociedad rechace la diversidad, sino porque empieza a percibir que la auténtica diversidad amenazada es la diversidad de pensamiento.

La familia tradicional no necesita campañas de marketing para sobrevivir. Ha resistido guerras, crisis económicas, revoluciones y transformaciones sociales durante siglos. Lo que sí merece ser defendido es el derecho de quienes creen en ella a no ser retratados como portadores de prejuicios simplemente por mantener convicciones que hasta hace apenas unas décadas eran compartidas por la inmensa mayoría de la población.

Una democracia madura debería ser capaz de convivir con esas diferencias sin convertirlas en motivo de estigmatización. Y una empresa inteligente quizá descubriría que vender buenos muebles suele generar menos polémica que intentar rediseñar las convicciones más profundas de sus clientes.