La Guardia Civil implica al PNV en la trama corrupta del PSOE, que se habría reunido con Ortúzar
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe que la presunta trama de corrupción investigada en el denominado caso Leire recurrió a sus contactos dentro del PNV para facilitar el rescate público de la empresa vasca Tubos Reunidos. Según los investigadores, la red también habría intervenido posteriormente para conseguir un aplazamiento en la devolución de las ayudas concedidas.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, recoge que el Gobierno aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros a favor de Tubos Reunidos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.
De acuerdo con la investigación, la supuesta trama estaba integrada, entre otros, por Leire Díez Castro, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Los tres se referían a sí mismos en sus comunicaciones como "Hirurok" ("nosotros tres", en euskera).
La UCO de la Guardia Civil afirma haber encontrado mensajes que reflejan contactos con destacados dirigentes del PNV, entre ellos el entonces presidente del partido, Andoni Ortuzar, y el exsenador Joseba Aurrekoetxea. Los investigadores sostienen que el objetivo de esas gestiones era desbloquear la operación de rescate cuando el expediente encontraba dificultades dentro del Gobierno. En concreto, el informe apunta a que existían reticencias por parte de responsables del Ministerio de Economía, lo que habría llevado a los implicados a buscar respaldo político a través de la dirección nacionalista.
La Guardia Civil documenta, además, una reunión celebrada el 28 de enero de 2025 entre miembros de la presunta trama, Ortuzar, Aurrekoetxea y el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, actualmente investigado en la causa.
Una supuesta comisión de casi 115.000 euros
Siempre según El Confidencial, la investigación sostiene que, como contraprestación por las gestiones realizadas, los integrantes de la red percibieron una presunta comisión ilegal de 114.950 euros.
Según el informe, el pago se habría canalizado a través de la sociedad zaragozana Mediaciones Martínez S.L., empresa que también aparece vinculada en otras investigaciones relacionadas con supuestos amaños de contratos públicos.
La influencia sobre la SEPI
La UCO sitúa el origen de la operación en septiembre de 2020, cuando Tubos Reunidos buscaba acceder al fondo extraordinario creado por el Gobierno para rescatar empresas afectadas por la pandemia.
Aunque Vicente Fernández había abandonado la presidencia de la SEPI un año antes, los investigadores consideran que mantenía una importante capacidad de influencia dentro del organismo público gracias a sus contactos con varios altos cargos.
Entre la documentación intervenida figura un mensaje enviado el 9 de julio de 2021, en el que Fernández comunicaba a Antxón Alonso que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había sido convocada en La Moncloa. En ese mensaje apuntaba que dicha reunión podía estar relacionada con las conversaciones mantenidas previamente por Alonso en Sabin Etxea, sede nacional del PNV.
El informe también señala que Fernández informó al presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, de que el rescate iba a ser aprobado varios días antes de que la decisión se hiciera pública oficialmente.
Para la Guardia Civil, este hecho evidenciaría que disponía de información privilegiada procedente del interior de la SEPI. El análisis de su teléfono móvil revela comunicaciones frecuentes con varios directivos del organismo.
La investigación no limita las presuntas actuaciones al rescate inicial. En 2024, Tubos Reunidos vendió un inmueble en Sestao por unos 15 millones de euros, una cantidad que debía destinarse a garantizar la devolución de las ayudas públicas. Sin embargo, según la UCO, la empresa volvió a recurrir a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso para conseguir autorización que le permitiera disponer de ese dinero.
Los investigadores sostienen que, para lograr ese objetivo, la trama volvió a utilizar su influencia sobre responsables públicos y habría percibido, al menos, 40.000 euros adicionales.
El informe añade que en estas gestiones también intervino Santos Cerdán, después de que representantes de Tubos Reunidos mantuvieran reuniones con él en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.
Una autorización en apenas una semana
El 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos solicitó oficialmente el aplazamiento de la devolución del rescate y autorización para utilizar los fondos obtenidos con la venta del inmueble de Sestao.
Según la UCO, apenas una semana después la petición ya había recibido el visto bueno de los distintos órganos competentes del FASEE. Finalmente, el 28 de marzo de 2025, la autorización definitiva fue firmada por delegación de la presidenta de la SEPI.
Meses después, Tubos Reunidos acabó entrando en concurso de acreedores, sin haber reintegrado los 112,8 millones de euros correspondientes al rescate público.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe que la presunta trama de corrupción investigada en el denominado caso Leire recurrió a sus contactos dentro del PNV para facilitar el rescate público de la empresa vasca Tubos Reunidos. Según los investigadores, la red también habría intervenido posteriormente para conseguir un aplazamiento en la devolución de las ayudas concedidas.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, recoge que el Gobierno aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros a favor de Tubos Reunidos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.
De acuerdo con la investigación, la supuesta trama estaba integrada, entre otros, por Leire Díez Castro, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Los tres se referían a sí mismos en sus comunicaciones como "Hirurok" ("nosotros tres", en euskera).
La UCO de la Guardia Civil afirma haber encontrado mensajes que reflejan contactos con destacados dirigentes del PNV, entre ellos el entonces presidente del partido, Andoni Ortuzar, y el exsenador Joseba Aurrekoetxea. Los investigadores sostienen que el objetivo de esas gestiones era desbloquear la operación de rescate cuando el expediente encontraba dificultades dentro del Gobierno. En concreto, el informe apunta a que existían reticencias por parte de responsables del Ministerio de Economía, lo que habría llevado a los implicados a buscar respaldo político a través de la dirección nacionalista.
La Guardia Civil documenta, además, una reunión celebrada el 28 de enero de 2025 entre miembros de la presunta trama, Ortuzar, Aurrekoetxea y el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, actualmente investigado en la causa.
Una supuesta comisión de casi 115.000 euros
Siempre según El Confidencial, la investigación sostiene que, como contraprestación por las gestiones realizadas, los integrantes de la red percibieron una presunta comisión ilegal de 114.950 euros.
Según el informe, el pago se habría canalizado a través de la sociedad zaragozana Mediaciones Martínez S.L., empresa que también aparece vinculada en otras investigaciones relacionadas con supuestos amaños de contratos públicos.
La influencia sobre la SEPI
La UCO sitúa el origen de la operación en septiembre de 2020, cuando Tubos Reunidos buscaba acceder al fondo extraordinario creado por el Gobierno para rescatar empresas afectadas por la pandemia.
Aunque Vicente Fernández había abandonado la presidencia de la SEPI un año antes, los investigadores consideran que mantenía una importante capacidad de influencia dentro del organismo público gracias a sus contactos con varios altos cargos.
Entre la documentación intervenida figura un mensaje enviado el 9 de julio de 2021, en el que Fernández comunicaba a Antxón Alonso que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había sido convocada en La Moncloa. En ese mensaje apuntaba que dicha reunión podía estar relacionada con las conversaciones mantenidas previamente por Alonso en Sabin Etxea, sede nacional del PNV.
El informe también señala que Fernández informó al presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, de que el rescate iba a ser aprobado varios días antes de que la decisión se hiciera pública oficialmente.
Para la Guardia Civil, este hecho evidenciaría que disponía de información privilegiada procedente del interior de la SEPI. El análisis de su teléfono móvil revela comunicaciones frecuentes con varios directivos del organismo.
La investigación no limita las presuntas actuaciones al rescate inicial. En 2024, Tubos Reunidos vendió un inmueble en Sestao por unos 15 millones de euros, una cantidad que debía destinarse a garantizar la devolución de las ayudas públicas. Sin embargo, según la UCO, la empresa volvió a recurrir a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso para conseguir autorización que le permitiera disponer de ese dinero.
Los investigadores sostienen que, para lograr ese objetivo, la trama volvió a utilizar su influencia sobre responsables públicos y habría percibido, al menos, 40.000 euros adicionales.
El informe añade que en estas gestiones también intervino Santos Cerdán, después de que representantes de Tubos Reunidos mantuvieran reuniones con él en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.
Una autorización en apenas una semana
El 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos solicitó oficialmente el aplazamiento de la devolución del rescate y autorización para utilizar los fondos obtenidos con la venta del inmueble de Sestao.
Según la UCO, apenas una semana después la petición ya había recibido el visto bueno de los distintos órganos competentes del FASEE. Finalmente, el 28 de marzo de 2025, la autorización definitiva fue firmada por delegación de la presidenta de la SEPI.
Meses después, Tubos Reunidos acabó entrando en concurso de acreedores, sin haber reintegrado los 112,8 millones de euros correspondientes al rescate público.
