El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha criticado al Gobierno nacionalsocialista de Imanol Pradales por exigir más a los vascos «en materia identitaria», mientras les ofrece «menos en servicios públicos». Además, ha asegurado que defenderá en el Parlamento y en los tribunales los derechos de los vascos a trabajar y acceder a la Administración pública ante las «severas exigencias» de euskera, en un contexto de «acercamiento» a EH Bildu, que «no se corresponden con la realidad lingüística» en Euskadi.

De Andrés, que ha comparecido en la sede de los populares en Bilbao para hacer un balance de los dos años de legislatura del Gobierno Vasco, ha dicho que Pradales «hace lo mismo» que anteriores Ejecutivos de Euskadi, pero «más a destiempo». Por ello, cree que el Lehendakari reincide en políticas del PNV que «ya se conocía que no estaban funcionando bien», y lo ha «agravado con más cargos públicos, más nombramientos a dedo y más arbitrariedad en la selección de su equipo, y esa no es la fórmula».

También cree el líder del PP vasco que el Gobierno de Pradales «exige aún más a la sociedad vasca y le ofrece menos» que los anteriores Ejecutivos. «En materia lingüística, estamos viendo la aproximación a Bildu», como con la propuesta de reforma de la Ley de Empleo Público, que podría ser aprobada el jueves en el pleno del Parlamento vasco, y que «exige más» euskera en las OPEs.

«Lo vemos en la Ley de Educación que se va aplicando y en la evaluación de la selectividad. Es decir, es un gobierno que exige más en esta materia identitaria cuando la sociedad vasca ya va demostrando que no es capaz de alcanzar las exigencias que se plantean desde el Gobierno Vasco», ha apuntado.

Por eso, precisamente, considera que existe «el grado más alto de eventualidad en el empleo público de toda España, con una tasa de alrededor el 40%, porque hay un empeño por parte del Gobierno vasco de hacer unas exigencias en materia lingüística que la sociedad vasca no es capaz de cubrir». «Ellos, ajenos a esta realidad, en vez de buscar un acomodo de la realidad lingüística de la sociedad en la administración, lo que se va a hacer es exigir todavía más», ha añadido.

Para el líder de los populares vascos, de esta forma, «se agravará un la situación de eventualidad, de la profesionalidad y las dificultades para conseguir un empleo». «Esto nos lleva, entre otras cosas, a que mucha gente desista de ello, o se marche a otros lugares», ha remarcado.

Javier de Andrés ha avisado de que la exigencia lingüística del Gobierno Vasco «muy superior a la que realmente la sociedad vasca puede ofrecer», genera «frustración y eventualidad en el empleo pública». «Se va a agrandar la brecha entre la realidad y las pretensiones que tiene el Gobierno Vasco», ha remarcado.

También ha culpado esta situación al PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco y cree que, pese a que el PNV puede sacar adelante en sede parlamentaria su reforma de la Ley de Empleo Público, no va a poder eludir los recursos y sentencias en los tribunales porque, además de que hay una cuestión de constitucionalidad planteada por el TSJPV por resolver, ha recordado que lo que está en cuestión son «los derechos de las personas».

«Los objetivos ideológicos de PNV y Bidu, con el apoyo frecuente del PSE-EE en sus pretenciones identitarias, no pueden dejar de lado los derechos de las personas, como el derecho al trabajo y a trabajar en la administración pública, y eso no se puede resolver con una Ley porque están por encima los derechos fundamentales», ha añadido.

Tal como ha recordado, tienen en la actualidad presentados recursos en los tribunales y continuarán haciéndolo si se vulneran «los derechos fundamentales de las personas». «Lo vamos a intentar defender en el Parlamento Vasco y allá donde podemos hacerlo», ha aseverado.

De Andrés también considera que el Gabinete de Imanol Pradales «exige más impuestos, en la línea de Pedro Sánchez de incrementar el coste fiscal al conjunto de ciudadanos, profesionales, autónomos, empresas, particulares o trabajadores».

A ello se suma, en su opinión, que la administración «lo controla absolutamente todo en todos los órdenes, y eso representa un castigo adicional para el ciudadano que tiene que responder a esas exigencias que se le plantean».

«Pero, a la vez que aumentan las exigencias en materia de impuestos, de regulación, vemos que los servicios al ciudadano cada vez son menos, son peores», ha indicado, para subrayar que en los dos últimos años se ha pasado «de tener una lista de 80.000 personas esperando vivienda a estar por encima de los 100.000».

En cuanto a Seguridad, ha destacado «el incremento de los delitos, de incautación de armas blancas o de la multirreincidencia». «Casi se da por asumido que la seguridad tiene que ir a peor, como que es algo natural esto sea así, y esto no tiene ningún sentido. Lo normal es que hubiera una seguridad cada vez mejor», ha manifestado.

El líder de los populares vascos ha insistido en «el deterioro de la sanidad» que se vive porque Osakidetza «tiene importantes lagunas», problemas con las vacunas o un crecimiento de listas de espera.

Asimismo, ha lamentado «la fuga de talento de muchísimos jóvenes, las dificultades para encontrar profesionales cualificados o la falta de inversión en empresas en Euskadi, especialmente la de inversión extranjera, que ya no observan el País Vasco como un lugar atractivo».

«Estamos viendo las circunstancias que tienen las empresas para poder disponer del suelo público, de no tener un sistema de electrificación que abastezca la demanda de las empresas y las nuevas instalaciones y, desde luego, hay un desastre en la política energética del Gobierno Vasco, al que sencillamente se le ha pasado ya el tren de las energías renovables», ha advertido.

Por ello, ha reiterado que el Gobierno de Pradales «exige más impuestos, exige más regulación, hay más exigencias lingüísticas y, sin embargo, ofrece menos en vivienda, en sanidad, en industria y en oportunidades de empleo». «En definitiva, ofrece peores servicios», ha resumido.