Informe policial
Así sitúa la Guardia Civil al PNV en una de las operaciones clave de la trama de Leire Díez: la ayuda de 112,8 millones a Tubos Reunidos
![[Img #30748]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2026/6032_captura-de-pantalla-2026-06-25-080132.jpg)
La investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolla sobre la denominada trama de Leire Díez ha abierto una nueva derivada política que afecta al Partido Nacionalista Vasco. El atestado remitido a la Fiscalía Anticorrupción sitúa a dirigentes y personas vinculadas al entorno del PNV en una de las operaciones que los investigadores consideran más relevantes dentro de la actividad del grupo investigado: la concesión de una ayuda pública de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos.
La referencia aparece incorporada al informe elaborado por la UCO dentro del análisis de las distintas operaciones atribuidas al grupo formado, según los investigadores, por el empresario Antxón Alonso Egurrola, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la exdirectiva pública Leire Díez Castro. El documento sostiene que este núcleo habría actuado de manera coordinada para aprovechar la influencia que algunos de sus integrantes conservaban sobre diferentes administraciones públicas con el objetivo de favorecer intereses empresariales privados mediante contratos, adjudicaciones e intermediaciones.
El propio informe precisa que todas sus conclusiones se formulan sobre la base de indicios y "en términos de presunción", extremo que la Guardia Civil subraya expresamente al comienzo del atestado.
Una operación considerada estratégica
Entre las distintas actuaciones investigadas figura una que destaca especialmente por su volumen económico. Se trata del rescate financiero aprobado para Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros.
La UCO de la Guardia Civil sostiene que el denominado grupo "Hirurok" —integrado, según el informe, por Antxón Alonso, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez— habría desarrollado diversas gestiones encaminadas a favorecer la obtención de dicha ayuda pública.
El atestado afirma literalmente:
"Los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del Grupo HIRUROK se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de MEDIACIONES MARTÍNEZ."
Para los investigadores, esa cantidad constituiría la contraprestación económica derivada de las labores de intermediación desarrolladas alrededor del expediente.
La referencia expresa al PNV
Es precisamente en este apartado donde aparece la conexión política que afecta al nacionalismo vasco. La Guardia Civil sostiene que, dentro de las actuaciones desarrolladas para favorecer la concesión de la ayuda, el grupo habría contado con la participación de un miembro del Partido Nacionalista Vasco.
El informe recoge:
"Las acciones desarrolladas HIRUROK habrían consistido, según las propias palabras de los investigadores, en la mediación e intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco..."
No se trata de una referencia genérica. Los investigadores identifican además a una persona concreta cuya intervención consideran relevante dentro del expediente.
Francisco Irusta, citado por la Guardia Civil
El informe añade que, en lo relativo a la contratación y concesión de la ayuda a Tubos Reunidos, habría participado Francisco Irusta Rodríguez, quien en aquellas fechas presidía el Consejo de Administración de la compañía.
La UCO señala:
"...por la actividad desarrollada en el marco del 'Rescate', habría participado Francisco IRAZUSTA RODRÍGUEZ, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad."
La Guardia Civil incorpora esta referencia dentro de la reconstrucción de las relaciones mantenidas por los integrantes del grupo investigado y de las distintas gestiones que, según sostiene, se desarrollaron alrededor de la ayuda pública.
El grupo que describe la UCO
La operación de Tubos Reunidos constituye únicamente una de las distintas actuaciones examinadas por los investigadores.
A lo largo de las 258 páginas del informe, la Guardia Civil describe un grupo que habría operado desde comienzos de 2021 utilizando canales de comunicación cifrados, reuniones periódicas y un reparto de funciones entre sus integrantes.
Los investigadores denominan a este núcleo "Hirurok" ("nosotros tres" en euskera) y sostienen que actuaba de forma coordinada para influir en procedimientos administrativos relacionados con empresas públicas, organismos dependientes de la SEPI y diferentes sociedades participadas por el Estado.
El atestado afirma igualmente que los tres integrantes compartían intereses económicos comunes y que utilizaban la sociedad Mediaciones Martínez como vehículo para canalizar los ingresos derivados de esas actuaciones.
Un patrón repetido
El rescate de Tubos Reunidos aparece junto a otras operaciones analizadas por la Guardia Civil relacionadas con Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y diversas sociedades del grupo Forestalia.
Según la UCO, el patrón sería similar en todas ellas: utilización de relaciones personales y políticas para favorecer determinados expedientes públicos y posterior percepción de cantidades económicas mediante sociedades mercantiles controladas por Antxón Alonso.
Los investigadores sostienen que el objetivo común consistía en aprovechar la capacidad de influencia de antiguos responsables públicos sobre organismos de la Administración para obtener beneficios económicos privados.
Qué implica realmente el informe
El contenido del atestado no supone una condena ni una declaración judicial de responsabilidad para ninguna de las personas o entidades citadas.
Tampoco atribuye responsabilidad penal institucional al Partido Nacionalista Vasco.
Lo que hace la Guardia Civil es incorporar, dentro de su reconstrucción de los hechos, la existencia de gestiones e intermediaciones que, según los investigadores, se habrían producido con algún miembro del PNV en relación con la ayuda concedida a Tubos Reunidos.
Será la autoridad judicial la que determine, una vez practicadas las diligencias correspondientes, si esos indicios poseen relevancia penal suficiente para dar lugar a nuevas imputaciones o a la apertura de nuevas líneas de investigación.
Lo que sí deja claro el informe es que el expediente de los 112,8 millones concedidos a Tubos Reunidos ocupa un lugar destacado dentro de una investigación que ya ha trascendido ampliamente el ámbito del denominado "caso Leire Díez" para proyectarse sobre las relaciones entre empresarios, antiguos altos cargos del Estado y responsables políticos con capacidad de influencia en decisiones de enorme impacto económico.
La investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolla sobre la denominada trama de Leire Díez ha abierto una nueva derivada política que afecta al Partido Nacionalista Vasco. El atestado remitido a la Fiscalía Anticorrupción sitúa a dirigentes y personas vinculadas al entorno del PNV en una de las operaciones que los investigadores consideran más relevantes dentro de la actividad del grupo investigado: la concesión de una ayuda pública de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos.
La referencia aparece incorporada al informe elaborado por la UCO dentro del análisis de las distintas operaciones atribuidas al grupo formado, según los investigadores, por el empresario Antxón Alonso Egurrola, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la exdirectiva pública Leire Díez Castro. El documento sostiene que este núcleo habría actuado de manera coordinada para aprovechar la influencia que algunos de sus integrantes conservaban sobre diferentes administraciones públicas con el objetivo de favorecer intereses empresariales privados mediante contratos, adjudicaciones e intermediaciones.
El propio informe precisa que todas sus conclusiones se formulan sobre la base de indicios y "en términos de presunción", extremo que la Guardia Civil subraya expresamente al comienzo del atestado.
Una operación considerada estratégica
Entre las distintas actuaciones investigadas figura una que destaca especialmente por su volumen económico. Se trata del rescate financiero aprobado para Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros.
La UCO de la Guardia Civil sostiene que el denominado grupo "Hirurok" —integrado, según el informe, por Antxón Alonso, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez— habría desarrollado diversas gestiones encaminadas a favorecer la obtención de dicha ayuda pública.
El atestado afirma literalmente:
"Los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del Grupo HIRUROK se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de MEDIACIONES MARTÍNEZ."
Para los investigadores, esa cantidad constituiría la contraprestación económica derivada de las labores de intermediación desarrolladas alrededor del expediente.
La referencia expresa al PNV
Es precisamente en este apartado donde aparece la conexión política que afecta al nacionalismo vasco. La Guardia Civil sostiene que, dentro de las actuaciones desarrolladas para favorecer la concesión de la ayuda, el grupo habría contado con la participación de un miembro del Partido Nacionalista Vasco.
El informe recoge:
"Las acciones desarrolladas HIRUROK habrían consistido, según las propias palabras de los investigadores, en la mediación e intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco..."
No se trata de una referencia genérica. Los investigadores identifican además a una persona concreta cuya intervención consideran relevante dentro del expediente.
Francisco Irusta, citado por la Guardia Civil
El informe añade que, en lo relativo a la contratación y concesión de la ayuda a Tubos Reunidos, habría participado Francisco Irusta Rodríguez, quien en aquellas fechas presidía el Consejo de Administración de la compañía.
La UCO señala:
"...por la actividad desarrollada en el marco del 'Rescate', habría participado Francisco IRAZUSTA RODRÍGUEZ, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad."
La Guardia Civil incorpora esta referencia dentro de la reconstrucción de las relaciones mantenidas por los integrantes del grupo investigado y de las distintas gestiones que, según sostiene, se desarrollaron alrededor de la ayuda pública.
El grupo que describe la UCO
La operación de Tubos Reunidos constituye únicamente una de las distintas actuaciones examinadas por los investigadores.
A lo largo de las 258 páginas del informe, la Guardia Civil describe un grupo que habría operado desde comienzos de 2021 utilizando canales de comunicación cifrados, reuniones periódicas y un reparto de funciones entre sus integrantes.
Los investigadores denominan a este núcleo "Hirurok" ("nosotros tres" en euskera) y sostienen que actuaba de forma coordinada para influir en procedimientos administrativos relacionados con empresas públicas, organismos dependientes de la SEPI y diferentes sociedades participadas por el Estado.
El atestado afirma igualmente que los tres integrantes compartían intereses económicos comunes y que utilizaban la sociedad Mediaciones Martínez como vehículo para canalizar los ingresos derivados de esas actuaciones.
Un patrón repetido
El rescate de Tubos Reunidos aparece junto a otras operaciones analizadas por la Guardia Civil relacionadas con Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y diversas sociedades del grupo Forestalia.
Según la UCO, el patrón sería similar en todas ellas: utilización de relaciones personales y políticas para favorecer determinados expedientes públicos y posterior percepción de cantidades económicas mediante sociedades mercantiles controladas por Antxón Alonso.
Los investigadores sostienen que el objetivo común consistía en aprovechar la capacidad de influencia de antiguos responsables públicos sobre organismos de la Administración para obtener beneficios económicos privados.
Qué implica realmente el informe
El contenido del atestado no supone una condena ni una declaración judicial de responsabilidad para ninguna de las personas o entidades citadas.
Tampoco atribuye responsabilidad penal institucional al Partido Nacionalista Vasco.
Lo que hace la Guardia Civil es incorporar, dentro de su reconstrucción de los hechos, la existencia de gestiones e intermediaciones que, según los investigadores, se habrían producido con algún miembro del PNV en relación con la ayuda concedida a Tubos Reunidos.
Será la autoridad judicial la que determine, una vez practicadas las diligencias correspondientes, si esos indicios poseen relevancia penal suficiente para dar lugar a nuevas imputaciones o a la apertura de nuevas líneas de investigación.
Lo que sí deja claro el informe es que el expediente de los 112,8 millones concedidos a Tubos Reunidos ocupa un lugar destacado dentro de una investigación que ya ha trascendido ampliamente el ámbito del denominado "caso Leire Díez" para proyectarse sobre las relaciones entre empresarios, antiguos altos cargos del Estado y responsables políticos con capacidad de influencia en decisiones de enorme impacto económico.
