Investigación
Así es la trama corrupta que devora a la SEPI
Un chat en euskera, tres presidentes imputados y un «primo» con derecho a comisión: crónica de cómo el holding público del Ministerio de Hacienda pasó de rescatar empresas a no poder rescatarse a sí mismo
![[Img #30812]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2026/7954_screenshot-2026-07-06-at-08-11-29-sepi-buscar-con-google.png)
Hay escándalos que estallan y escándalos que se sedimentan. El caso SEPI pertenece a la segunda estirpe: no nació de un solo golpe de efecto, sino de una acumulación paciente de indicios, sumarios secretos, chats encriptados y testigos que, años después, recuerdan con nitidez conversaciones que en su día les parecieron simplemente extrañas. Hoy, esa sedimentación ha alcanzado un nuevo estrato. The Objective publica en exclusiva el testimonio de un intermediario inmobiliario que asegura que, en 2021, se le exigió una comisión del 3% destinada —según le dijeron literalmente por teléfono— a «un primo» de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como condición para avanzar en la compra del edificio de María de Molina 50, la llamada «joya de la corona» del patrimonio inmobiliario del ministerio.
Es la última pieza de un mosaico que lleva más de un año componiéndose ante los ojos de la opinión pública española y que tiene como escenario un organismo que la mayoría de los ciudadanos apenas sabría situar en el organigrama del Estado: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI. El holding público que depende del Ministerio de Hacienda, que participa o controla empresas estratégicas y que, durante la pandemia, administró un fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros. Precisamente ahí, en ese cruce entre dinero público de emergencia, patrimonio inmobiliario codiciado y poder político, es donde los investigadores creen haber encontrado el terreno fértil de una presunta trama de comisiones ligada al Gobierno scialista.
I. El origen: un fondo de emergencia bajo sospecha
Para entender el caso SEPI hay que regresar al verano de 2020, cuando el mundo aún contenía la respiración por la pandemia del Covid. El Gobierno de Pedro Sánchez creó entonces el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un instrumento excepcional gestionado por la SEPI para salvar compañías al borde del colapso por el parón del Covid. La letra de la norma era clara: solo podían acceder a las ayudas empresas estratégicas cuyos problemas derivaran exclusivamente de la pandemia. La práctica, según sostienen hoy varios juzgados, fue otra cosa.
De las 74 compañías que solicitaron auxilio, una treintena recibió préstamos del Estado por más de 3.000 millones de euros, y 44 quedaron excluidas —una lista de agraviados que hoy cobra un significado incómodo—. Cuatro de aquellos rescates concentran la atención judicial: Plus Ultra (53 millones), Duro Felguera (120 millones), Air Europa (475 millones, ya devueltos íntegramente) y Tubos Reunidos (unos 113-115 millones), a los que la UCO añade el escrutinio de la operación de Ávoris.
El primero de la lista fue, desde el principio, el más llamativo. Que la aerolínea inaugural en ser rescatada fuera una compañía con un solo avión, cuota de mercado marginal y vínculos financieros venezolanos encendió todas las alarmas ya en 2021. La causa fue archivada en enero de 2023 por un juzgado de Madrid, y durante un tiempo pareció que el asunto moriría ahí. No murió. Una petición de cooperación judicial de Francia y Suiza en 2024, relacionada con una red de blanqueo ligada a Venezuela, reabrió el expediente por otra puerta: la de la Audiencia Nacional.
Dentro de la propia SEPI, entretanto, el malestar era palpable. Según se ha reconstruido a partir de testimonios en el Senado y fuentes internas, los técnicos del holding emitieron inicialmente informes contrarios a los rescates de Plus Ultra y Duro Felguera. Aquellas objeciones fueron silenciadas y, posteriormente, los informes internos sencillamente dejaron de hacerse: las operaciones se apoyaron en asesorías externas contratadas de urgencia —más de 320.000 euros en contratos de emergencia, según fiscalizó el Tribunal de Cuentas— que trabajaban con la información que la propia SEPI les facilitaba. Los funcionarios, temerosos de acabar en los tribunales, se negaron a firmar. El tiempo les ha dado, si no la razón jurídica, sí la profética.
II. La rama inmobiliaria: los edificios que todos querían
En paralelo a los rescates, la SEPI y el Ministerio de Hacienda custodiaban otro tesoro: ladrillo prime en el corazón de Madrid. Y en torno a ese ladrillo orbitaron, según las investigaciones, algunos de los nombres más reconocibles de la crisis política española.
El primer episodio es el del complejo Campos Velázquez, la sede de la propia SEPI: seis edificios en el número 134 de la calle Velázquez. Según la documentación aportada al Tribunal Supremo y los mensajes extraídos de los teléfonos del "cloaquero" Koldo García, en 2019 el empresario Víctor de Aldama presentó una oferta de 250 millones de euros por el complejo. Aldama declaró ante el Supremo que María Jesús Montero pidió a José Luis Ábalos que encontrara comprador, y que él pactó con el entonces ministro una comisión de cinco millones —una grabación realizada por Koldo García respaldaría ese acuerdo, según El Español—. Los mensajes de WhatsApp muestran a Patricia Úriz, entonces esposa de Koldo, registrando físicamente la oferta en la SEPI y borrando después los rastros documentales. Un documento revelado posteriormente cifraba en 50 millones de euros las comisiones ocultas pactadas por escrito con un fondo de Hong Kong si la venta se materializaba. La operación, según declaró el propio Aldama, se frustró por el interés de Begoña Gómez en los edificios. Montero, en la comisión de investigación del Senado, negó tajantemente conocer contacto alguno entre la SEPI y Aldama y puso en duda la existencia de la documentación.
El segundo episodio inmobiliario es el que ahora sale a la luz, y su protagonista no es un imputado sino un testigo que pide anonimato. Se trata de un profesional de la intermediación de grandes activos —hoteles, terrenos, edificios— al que en 2021 le llegó, a través de un compañero de negocio, la oportunidad de colocar el complejo de María de Molina 50: más de 37.000 metros cuadrados propiedad del Ministerio de Hacienda. El inmueble arrastraba un historial de frustraciones: en 2019 salió a subasta por 196 millones y quedó desierta; entre 2021 y 2022, en plena pandemia, hubo un segundo intento que también fracasó.
Fue en ese segundo intento cuando, según el relato del testigo a The Objective, se produjo la conversación clave. Con un fondo de inversión interesado y el pliego de características sobre la mesa, se organizó una llamada a tres bandas —las restricciones sanitarias impedían reunirse— para repartir los honorarios de intermediación, que en las enajenaciones de patrimonio público paga el comprador. Y ahí el representante del edificio cortó en seco: había una parte ajena que debía llevarse obligatoriamente un 3%. Al preguntar quién era el beneficiario, la respuesta que el testigo asegura haber escuchado fue que se trataba de un primo de María Jesús Montero. Sin margen de negociación, sin posibilidad de repartir al 1,5%, sin que aquella persona hubiera aportado cliente ni gestión alguna. Los intermediarios y su inversor abandonaron la operación antes incluso de redactar la carta de intenciones. «Quizás los primos éramos nosotros», resume hoy el testigo, con un sarcasmo que condensa el espíritu de toda esta historia.
El epílogo del edificio añade ironía al relato: en 2023, ya con una rebaja del 20% y un precio de salida de 156 millones, María de Molina 50 acabó vendiéndose por 204,7 millones a Barnaby Investment —controlada por el Grupo Lar— y BlackRock. Hoy se transforma en 153 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes. El pelotazo llegó; solo que sin comisiones conocidas por el camino.
III. «Hirurok»: la trama de los tres
Si los rescates y los edificios son los escenarios, el reparto protagonista del caso SEPI se selló en un chat de mensajería encriptada bautizado en euskera: Hirurok, «nosotros tres». Sus integrantes, según la UCO: Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como «la fontanera del PSOE»; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y Joseba Antxon Alonso, empresario administrador de Servinabar y socio vinculado a Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE.
El 10 de diciembre de 2025, la investigación —que la Fiscalía Anticorrupción llevaba meses cultivando en secreto, sin judicializar— saltó por los aires de forma accidentada: Fernández detectó que le seguían poco antes de reunirse con Díez en Madrid, y la UCO precipitó las detenciones de los tres para evitar la destrucción de pruebas. Los registros se extendieron por Madrid, Sevilla, Zaragoza y Vizcaya.
Lo que los investigadores describen es una estructura paralela al propio ente público, operativa entre 2021 y 2023, dedicada a mediar en contratos, rescates y ventas de activos a cambio de comisiones, aprovechando —en palabras de los informes— sus relaciones y capacidad de influencia. La UCO cifra en al menos cinco las operaciones bajo sospecha, por un valor conjunto de 132,9 millones de euros: el rescate de Tubos Reunidos, un contrato de Mercasa adjudicado a Servinabar, obras en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, un contrato de Enusa y otras adjudicaciones. Las comisiones documentadas rondan los 750.000 euros, canalizadas principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez S.L., y habrían acabado, según los investigadores, en un piso en Marbella, una reforma en Elorrio, inversiones en Jaca y hasta un Škoda. La grandeza y la miseria de la corrupción española, condensadas en un mismo inventario.
Un documento resulta especialmente revelador de la ambición del grupo: una nota de 29 puntos que Fernández remitió por correo a Antxon Alonso el 6 de julio de 2021 —hace hoy exactamente cinco años— en la que se repasaban objetivos de negocio que incluían la venta de edificios de Correos, activos de Enusa, Mercasa, Tubos Reunidos y Forestalia. Un plan de trabajo, con reparto de roles y vocación de permanencia, sobre el perímetro entero del sector público empresarial. El juez Santiago Pedraz, que asumió la causa en la Audiencia Nacional tras las detenciones, sostiene además que Cerdán y Díez mantenían una relación previa y que el propio exdirigente socialista habría formado parte del grupo y participado de sus beneficios. Y en diciembre de 2025, Fernández llegó a confesar que tenía el encargo del Gobierno de «liquidar la SEPI».
IV. 2026: el año en que la causa escaló hasta La Moncloa (la de antes)
Lo que comenzó como una pieza sobre tres detenidos se ha convertido, en apenas siete meses, en una macrocausa con vocación de centenar de imputados, en palabras de fuentes de la investigación. Dos hitos marcan la escalada.
El primero llegó el 19 de mayo de 2026, cuando el juez José Luis Calama levantó el secreto del caso Plus Ultra y citó como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero: el primer expresidente del Gobierno imputado en una causa de corrupción en la historia democrática española. El auto, de 85 páginas, lo sitúa como núcleo decisorio de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que habría operado con sociedades instrumentales, documentación simulada y canales opacos —incluida una sociedad off-shore en Dubái creada, según el instructor, para cobrar el 1% del rescate de la aerolínea—. Calama calcula que el expresidente y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros, parte de ellos a través de la empresa de sus hijas. Zapatero ha desmentido de forma tajante cualquier intervención en el rescate, y voces jurídicas han señalado que algunas conclusiones del auto no van acompañadas de prueba directa de que la influencia atribuida determinara la decisión de la SEPI.
El segundo hito se produjo el 29 de junio de 2026: el juez Pedraz, a instancias de Anticorrupción, imputó a otras 25 personas en el caso Leire, entre ellas nada menos que Belén Gualda, la presidenta en ejercicio de la SEPI, por el rescate de Tubos Reunidos y por haber autorizado en 2025 que la siderúrgica dispusiera de casi diez millones procedentes de la venta de un inmueble en lugar de consignarlos. Con ella quedaron bajo investigación altos directivos del holding, el expresidente de Enusa, el fundador de Forestalia y hasta responsables de tribunales administrativos de contratación. El resultado es una fotografía institucional demoledora: los tres últimos presidentes de la SEPI —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos nombrados durante la etapa de Montero al frente de Hacienda, están hoy imputados. Los delitos que sobrevuelan la causa: organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y uso de información privilegiada. Algunas fuentes elevan ya el perímetro de las irregularidades investigadas a 760 millones de euros, una cifra que, de confirmarse, superaría el desvío del caso de los ERE socialistas andaluces.
V. Los contrapesos del relato
Todo gran caso de corrupción necesita, para ser contado con honestidad, sus matices. Y este los tiene. El Tribunal de Cuentas avaló en 2024 las ayudas concedidas por el FASEE y concluyó que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa; la Comisión Europea validó en 2020 el marco regulatorio del fondo, y el Tribunal de Justicia de la UE respaldó en 2024 su régimen de ayudas. Air Europa ha devuelto íntegramente sus 475 millones y Ávoris amortiza el suyo con regularidad. Montero ha negado cualquier conocimiento de las gestiones de Aldama, y ninguna resolución judicial la señala a día de hoy como investigada. El testimonio del «primo», por su parte, es por ahora eso: el relato de un testigo anónimo, verosímil en su detalle, pero pendiente de contraste judicial, que ni siquiera acredita que ese familiar exista o que la exministra supiera nada. La presunción de inocencia ampara a todos los citados.
Pero la fuerza del caso SEPI no reside en una prueba única, sino en la convergencia: técnicos que se negaron a firmar, informes que dejaron de hacerse, un chat llamado «nosotros tres», ofertas registradas por la esposa de un asesor ministerial, un expresidente con sociedad en Dubái, tres presidentes consecutivos de un holding público imputados y, ahora, un intermediario que recuerda un 3% innegociable con nombre de parentesco. Cada elemento admite explicación aislada. Juntos, dibujan la pregunta que la instrucción —aún «en fase muy incipiente», según fuentes del caso— deberá responder: si el instrumento con el que España quiso salvar su economía en la hora más oscura fue, al mismo tiempo, la caja de resonancia de una red de comisiones tejida en los pasillos del poder y cercana al PSOE.
La respuesta tardará. Los sedimentos, ya se sabe, se leen con calma. Pero cada nueva capa —y la de hoy no será la última— estrecha el margen entre la sospecha y la certeza.
Un chat en euskera, tres presidentes imputados y un «primo» con derecho a comisión: crónica de cómo el holding público del Ministerio de Hacienda pasó de rescatar empresas a no poder rescatarse a sí mismo
Hay escándalos que estallan y escándalos que se sedimentan. El caso SEPI pertenece a la segunda estirpe: no nació de un solo golpe de efecto, sino de una acumulación paciente de indicios, sumarios secretos, chats encriptados y testigos que, años después, recuerdan con nitidez conversaciones que en su día les parecieron simplemente extrañas. Hoy, esa sedimentación ha alcanzado un nuevo estrato. The Objective publica en exclusiva el testimonio de un intermediario inmobiliario que asegura que, en 2021, se le exigió una comisión del 3% destinada —según le dijeron literalmente por teléfono— a «un primo» de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como condición para avanzar en la compra del edificio de María de Molina 50, la llamada «joya de la corona» del patrimonio inmobiliario del ministerio.
Es la última pieza de un mosaico que lleva más de un año componiéndose ante los ojos de la opinión pública española y que tiene como escenario un organismo que la mayoría de los ciudadanos apenas sabría situar en el organigrama del Estado: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI. El holding público que depende del Ministerio de Hacienda, que participa o controla empresas estratégicas y que, durante la pandemia, administró un fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros. Precisamente ahí, en ese cruce entre dinero público de emergencia, patrimonio inmobiliario codiciado y poder político, es donde los investigadores creen haber encontrado el terreno fértil de una presunta trama de comisiones ligada al Gobierno scialista.
I. El origen: un fondo de emergencia bajo sospecha
Para entender el caso SEPI hay que regresar al verano de 2020, cuando el mundo aún contenía la respiración por la pandemia del Covid. El Gobierno de Pedro Sánchez creó entonces el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un instrumento excepcional gestionado por la SEPI para salvar compañías al borde del colapso por el parón del Covid. La letra de la norma era clara: solo podían acceder a las ayudas empresas estratégicas cuyos problemas derivaran exclusivamente de la pandemia. La práctica, según sostienen hoy varios juzgados, fue otra cosa.
De las 74 compañías que solicitaron auxilio, una treintena recibió préstamos del Estado por más de 3.000 millones de euros, y 44 quedaron excluidas —una lista de agraviados que hoy cobra un significado incómodo—. Cuatro de aquellos rescates concentran la atención judicial: Plus Ultra (53 millones), Duro Felguera (120 millones), Air Europa (475 millones, ya devueltos íntegramente) y Tubos Reunidos (unos 113-115 millones), a los que la UCO añade el escrutinio de la operación de Ávoris.
El primero de la lista fue, desde el principio, el más llamativo. Que la aerolínea inaugural en ser rescatada fuera una compañía con un solo avión, cuota de mercado marginal y vínculos financieros venezolanos encendió todas las alarmas ya en 2021. La causa fue archivada en enero de 2023 por un juzgado de Madrid, y durante un tiempo pareció que el asunto moriría ahí. No murió. Una petición de cooperación judicial de Francia y Suiza en 2024, relacionada con una red de blanqueo ligada a Venezuela, reabrió el expediente por otra puerta: la de la Audiencia Nacional.
Dentro de la propia SEPI, entretanto, el malestar era palpable. Según se ha reconstruido a partir de testimonios en el Senado y fuentes internas, los técnicos del holding emitieron inicialmente informes contrarios a los rescates de Plus Ultra y Duro Felguera. Aquellas objeciones fueron silenciadas y, posteriormente, los informes internos sencillamente dejaron de hacerse: las operaciones se apoyaron en asesorías externas contratadas de urgencia —más de 320.000 euros en contratos de emergencia, según fiscalizó el Tribunal de Cuentas— que trabajaban con la información que la propia SEPI les facilitaba. Los funcionarios, temerosos de acabar en los tribunales, se negaron a firmar. El tiempo les ha dado, si no la razón jurídica, sí la profética.
II. La rama inmobiliaria: los edificios que todos querían
En paralelo a los rescates, la SEPI y el Ministerio de Hacienda custodiaban otro tesoro: ladrillo prime en el corazón de Madrid. Y en torno a ese ladrillo orbitaron, según las investigaciones, algunos de los nombres más reconocibles de la crisis política española.
El primer episodio es el del complejo Campos Velázquez, la sede de la propia SEPI: seis edificios en el número 134 de la calle Velázquez. Según la documentación aportada al Tribunal Supremo y los mensajes extraídos de los teléfonos del "cloaquero" Koldo García, en 2019 el empresario Víctor de Aldama presentó una oferta de 250 millones de euros por el complejo. Aldama declaró ante el Supremo que María Jesús Montero pidió a José Luis Ábalos que encontrara comprador, y que él pactó con el entonces ministro una comisión de cinco millones —una grabación realizada por Koldo García respaldaría ese acuerdo, según El Español—. Los mensajes de WhatsApp muestran a Patricia Úriz, entonces esposa de Koldo, registrando físicamente la oferta en la SEPI y borrando después los rastros documentales. Un documento revelado posteriormente cifraba en 50 millones de euros las comisiones ocultas pactadas por escrito con un fondo de Hong Kong si la venta se materializaba. La operación, según declaró el propio Aldama, se frustró por el interés de Begoña Gómez en los edificios. Montero, en la comisión de investigación del Senado, negó tajantemente conocer contacto alguno entre la SEPI y Aldama y puso en duda la existencia de la documentación.
El segundo episodio inmobiliario es el que ahora sale a la luz, y su protagonista no es un imputado sino un testigo que pide anonimato. Se trata de un profesional de la intermediación de grandes activos —hoteles, terrenos, edificios— al que en 2021 le llegó, a través de un compañero de negocio, la oportunidad de colocar el complejo de María de Molina 50: más de 37.000 metros cuadrados propiedad del Ministerio de Hacienda. El inmueble arrastraba un historial de frustraciones: en 2019 salió a subasta por 196 millones y quedó desierta; entre 2021 y 2022, en plena pandemia, hubo un segundo intento que también fracasó.
Fue en ese segundo intento cuando, según el relato del testigo a The Objective, se produjo la conversación clave. Con un fondo de inversión interesado y el pliego de características sobre la mesa, se organizó una llamada a tres bandas —las restricciones sanitarias impedían reunirse— para repartir los honorarios de intermediación, que en las enajenaciones de patrimonio público paga el comprador. Y ahí el representante del edificio cortó en seco: había una parte ajena que debía llevarse obligatoriamente un 3%. Al preguntar quién era el beneficiario, la respuesta que el testigo asegura haber escuchado fue que se trataba de un primo de María Jesús Montero. Sin margen de negociación, sin posibilidad de repartir al 1,5%, sin que aquella persona hubiera aportado cliente ni gestión alguna. Los intermediarios y su inversor abandonaron la operación antes incluso de redactar la carta de intenciones. «Quizás los primos éramos nosotros», resume hoy el testigo, con un sarcasmo que condensa el espíritu de toda esta historia.
El epílogo del edificio añade ironía al relato: en 2023, ya con una rebaja del 20% y un precio de salida de 156 millones, María de Molina 50 acabó vendiéndose por 204,7 millones a Barnaby Investment —controlada por el Grupo Lar— y BlackRock. Hoy se transforma en 153 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes. El pelotazo llegó; solo que sin comisiones conocidas por el camino.
III. «Hirurok»: la trama de los tres
Si los rescates y los edificios son los escenarios, el reparto protagonista del caso SEPI se selló en un chat de mensajería encriptada bautizado en euskera: Hirurok, «nosotros tres». Sus integrantes, según la UCO: Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como «la fontanera del PSOE»; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y Joseba Antxon Alonso, empresario administrador de Servinabar y socio vinculado a Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE.
El 10 de diciembre de 2025, la investigación —que la Fiscalía Anticorrupción llevaba meses cultivando en secreto, sin judicializar— saltó por los aires de forma accidentada: Fernández detectó que le seguían poco antes de reunirse con Díez en Madrid, y la UCO precipitó las detenciones de los tres para evitar la destrucción de pruebas. Los registros se extendieron por Madrid, Sevilla, Zaragoza y Vizcaya.
Lo que los investigadores describen es una estructura paralela al propio ente público, operativa entre 2021 y 2023, dedicada a mediar en contratos, rescates y ventas de activos a cambio de comisiones, aprovechando —en palabras de los informes— sus relaciones y capacidad de influencia. La UCO cifra en al menos cinco las operaciones bajo sospecha, por un valor conjunto de 132,9 millones de euros: el rescate de Tubos Reunidos, un contrato de Mercasa adjudicado a Servinabar, obras en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, un contrato de Enusa y otras adjudicaciones. Las comisiones documentadas rondan los 750.000 euros, canalizadas principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez S.L., y habrían acabado, según los investigadores, en un piso en Marbella, una reforma en Elorrio, inversiones en Jaca y hasta un Škoda. La grandeza y la miseria de la corrupción española, condensadas en un mismo inventario.
Un documento resulta especialmente revelador de la ambición del grupo: una nota de 29 puntos que Fernández remitió por correo a Antxon Alonso el 6 de julio de 2021 —hace hoy exactamente cinco años— en la que se repasaban objetivos de negocio que incluían la venta de edificios de Correos, activos de Enusa, Mercasa, Tubos Reunidos y Forestalia. Un plan de trabajo, con reparto de roles y vocación de permanencia, sobre el perímetro entero del sector público empresarial. El juez Santiago Pedraz, que asumió la causa en la Audiencia Nacional tras las detenciones, sostiene además que Cerdán y Díez mantenían una relación previa y que el propio exdirigente socialista habría formado parte del grupo y participado de sus beneficios. Y en diciembre de 2025, Fernández llegó a confesar que tenía el encargo del Gobierno de «liquidar la SEPI».
IV. 2026: el año en que la causa escaló hasta La Moncloa (la de antes)
Lo que comenzó como una pieza sobre tres detenidos se ha convertido, en apenas siete meses, en una macrocausa con vocación de centenar de imputados, en palabras de fuentes de la investigación. Dos hitos marcan la escalada.
El primero llegó el 19 de mayo de 2026, cuando el juez José Luis Calama levantó el secreto del caso Plus Ultra y citó como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero: el primer expresidente del Gobierno imputado en una causa de corrupción en la historia democrática española. El auto, de 85 páginas, lo sitúa como núcleo decisorio de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que habría operado con sociedades instrumentales, documentación simulada y canales opacos —incluida una sociedad off-shore en Dubái creada, según el instructor, para cobrar el 1% del rescate de la aerolínea—. Calama calcula que el expresidente y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros, parte de ellos a través de la empresa de sus hijas. Zapatero ha desmentido de forma tajante cualquier intervención en el rescate, y voces jurídicas han señalado que algunas conclusiones del auto no van acompañadas de prueba directa de que la influencia atribuida determinara la decisión de la SEPI.
El segundo hito se produjo el 29 de junio de 2026: el juez Pedraz, a instancias de Anticorrupción, imputó a otras 25 personas en el caso Leire, entre ellas nada menos que Belén Gualda, la presidenta en ejercicio de la SEPI, por el rescate de Tubos Reunidos y por haber autorizado en 2025 que la siderúrgica dispusiera de casi diez millones procedentes de la venta de un inmueble en lugar de consignarlos. Con ella quedaron bajo investigación altos directivos del holding, el expresidente de Enusa, el fundador de Forestalia y hasta responsables de tribunales administrativos de contratación. El resultado es una fotografía institucional demoledora: los tres últimos presidentes de la SEPI —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos nombrados durante la etapa de Montero al frente de Hacienda, están hoy imputados. Los delitos que sobrevuelan la causa: organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y uso de información privilegiada. Algunas fuentes elevan ya el perímetro de las irregularidades investigadas a 760 millones de euros, una cifra que, de confirmarse, superaría el desvío del caso de los ERE socialistas andaluces.
V. Los contrapesos del relato
Todo gran caso de corrupción necesita, para ser contado con honestidad, sus matices. Y este los tiene. El Tribunal de Cuentas avaló en 2024 las ayudas concedidas por el FASEE y concluyó que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa; la Comisión Europea validó en 2020 el marco regulatorio del fondo, y el Tribunal de Justicia de la UE respaldó en 2024 su régimen de ayudas. Air Europa ha devuelto íntegramente sus 475 millones y Ávoris amortiza el suyo con regularidad. Montero ha negado cualquier conocimiento de las gestiones de Aldama, y ninguna resolución judicial la señala a día de hoy como investigada. El testimonio del «primo», por su parte, es por ahora eso: el relato de un testigo anónimo, verosímil en su detalle, pero pendiente de contraste judicial, que ni siquiera acredita que ese familiar exista o que la exministra supiera nada. La presunción de inocencia ampara a todos los citados.
Pero la fuerza del caso SEPI no reside en una prueba única, sino en la convergencia: técnicos que se negaron a firmar, informes que dejaron de hacerse, un chat llamado «nosotros tres», ofertas registradas por la esposa de un asesor ministerial, un expresidente con sociedad en Dubái, tres presidentes consecutivos de un holding público imputados y, ahora, un intermediario que recuerda un 3% innegociable con nombre de parentesco. Cada elemento admite explicación aislada. Juntos, dibujan la pregunta que la instrucción —aún «en fase muy incipiente», según fuentes del caso— deberá responder: si el instrumento con el que España quiso salvar su economía en la hora más oscura fue, al mismo tiempo, la caja de resonancia de una red de comisiones tejida en los pasillos del poder y cercana al PSOE.
La respuesta tardará. Los sedimentos, ya se sabe, se leen con calma. Pero cada nueva capa —y la de hoy no será la última— estrecha el margen entre la sospecha y la certeza.
