La política española ha entrado en una fase de máxima tensión institucional. La acumulación de procedimientos judiciales que afectan al PSOE, al antiguo núcleo de poder del Gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez ha abierto una pregunta que hasta hace poco parecía reservada al terreno de la especulación: ¿puede acabar el presidente del Gobierno imputado por alguno de los casos de corrupción que sacuden al socialismo? La respuesta exige prudencia. Jurídicamente, ese escenario sigue siendo difícil. Políticamente, sin embargo, la situación ha cambiado de escala. El problema de Sánchez ya no es sólo el desgaste, ni siquiera la pérdida de autoridad moral. El problema es que varios sumarios empiezan a dibujar un perímetro judicial cada vez más próximo a Moncloa y a Ferraz.

Conviene distinguir, de entrada, entre responsabilidad política y responsabilidad penal. La primera es evidente: los casos afectan a personas que han formado parte del círculo de confianza del presidente, de la estructura orgánica del PSOE o de su entorno familiar. La segunda requiere algo muy distinto: indicios concretos, verificables y atribuibles personalmente al jefe del Ejecutivo. En España no se imputa a un presidente por contaminación ambiental, por cercanía política o por deterioro del clima público. Para que el Tribunal Supremo decidiera abrir una causa contra Sánchez tendría que aparecer algo más sólido: una orden, una intervención directa, un conocimiento activo, una omisión penalmente relevante o un beneficio acreditado.

Ese es el primer gran dique jurídico. El presidente del Gobierno no sería investigado por un juzgado ordinario, sino por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Constitución establece que la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno debe exigirse, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Supremo. La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye también a esa Sala la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra el presidente del Gobierno. Es decir, cualquier salto procesal contra Sánchez tendría que superar un filtro institucional de enorme relevancia. No bastaría con la sospecha política ni con la presión mediática. Haría falta una base indiciaria suficiente.

El primer foco de riesgo procede del caso Ábalos-Koldo. La condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, antiguo secretario de Organización del PSOE y figura central del primer sanchismo, ha cambiado por completo la dimensión política del asunto. Ya no se trata de meras investigaciones abiertas, sino de hechos que el alto tribunal ha dado por probados en relación con mordidas, contrataciones irregulares y delitos graves. Desde el punto de vista de Sánchez, el daño político es indiscutible: Ábalos no era un cargo menor, sino uno de los hombres que ayudó a construir su regreso al poder y ocupó posiciones estratégicas tanto en el Gobierno como en el partido. Pero, desde el punto de vista penal, esa proximidad no basta. La responsabilidad criminal no asciende automáticamente por jerarquía, amistad o conveniencia política.

Más delicada puede resultar la derivada sobre los pagos en metálico y la posible financiación irregular. Esa línea de investigación toca el nervio central de cualquier partido: su caja, sus circuitos internos de gasto, sus reintegros y sus mecanismos de control. Si esa pieza terminara reducida a irregularidades administrativas, gastos deficientemente justificados o prácticas internas opacas, el daño sería severo, pero difícilmente colocaría al presidente en el banquillo. Si, por el contrario, aparecieran indicios de una caja paralela, de financiación irregular conocida por la dirección federal o de una estructura estable de ocultación, el escenario sería mucho más grave. En ese punto, el problema dejaría de ser únicamente Ábalos, Koldo o Aldama. Pasaría a ser el PSOE como organización de poder.

El segundo foco es Begoña Gómez. La situación procesal de la esposa del presidente ha adquirido una relevancia institucional inédita. Pero tampoco aquí puede confundirse el impacto político con la imputación automática del jefe del Ejecutivo. Que la esposa de Sánchez esté sometida a medidas cautelares y a una causa judicial supone un golpe muy serio para el relato público del presidente, especialmente porque lo introduce en una zona de vulnerabilidad personal y familiar. Ahora bien, para que el caso afectara penalmente a Sánchez tendría que acreditarse que intervino en favor de intereses privados, que utilizó su posición institucional, que presionó a organismos públicos o que permitió un uso ilícito de la Presidencia en beneficio de terceros. Sin ese puente probatorio, el caso golpea a su entorno, pero no lo convierte necesariamente en investigado.

El tercer foco, probablemente el más sensible desde el punto de vista institucional, es el caso Leire Díez y sus derivadas en la Guardia Civil. Si una investigación llegara a probar la existencia de maniobras para desacreditar, condicionar o neutralizar a unidades policiales que investigaban causas incómodas para el PSOE o para el Gobierno, el asunto tendría una gravedad superior a la de un caso ordinario de corrupción. Ahí ya no estaríamos sólo ante dinero, contratos o favores. Estaríamos ante la posible utilización de estructuras del Estado para interferir en investigaciones judiciales. No obstante, también en este punto el salto hasta Sánchez exige una prueba directa: órdenes, comunicaciones, conocimiento efectivo o una cadena de mando que llegue hasta Presidencia.

La conclusión razonable es incómoda para todos. A corto plazo, la imputación de Pedro Sánchez sigue siendo poco probable. No porque el entorno judicial sea irrelevante, sino porque el listón penal para investigar a un presidente del Gobierno es alto y no puede apoyarse en una simple acumulación de escándalos. A medio plazo, sin embargo, la hipótesis ya no puede descartarse como fantasía. Si las investigaciones abiertas producen nuevos informes de la UCO, declaraciones incriminatorias, documentación interna o conexiones directas con la dirección del partido o con Moncloa, el escenario podría cambiar con rapidez.

El punto de inflexión estaría en tres posibles vías: una financiación irregular del PSOE vinculada a su cúpula; una operación institucional dirigida a obstaculizar investigaciones policiales o judiciales; o una intervención directa del presidente en asuntos relacionados con su entorno familiar. Sin alguno de esos elementos, habrá desgaste político, crisis de credibilidad y quizá una legislatura cada vez más inviable, pero no necesariamente una imputación. Con alguno de ellos, la situación entraría en una fase completamente distinta.

El problema de Sánchez, por tanto, no es que hoy parezca inminente su imputación. El problema es que por primera vez el debate ha dejado de sonar imposible. El presidente sigue protegido por la exigencia de indicios directos y por el filtro del Supremo. Pero su posición política se ha debilitado de forma profunda: demasiados caminos judiciales conducen ya a personas, instituciones y estructuras que han formado parte esencial de su poder. Y en política, como en los tribunales, a veces el verdadero cambio no se produce cuando aparece la prueba definitiva, sino cuando una pregunta que antes parecía impensable empieza a formularse con naturalidad.