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Pedro Chacón
Miércoles, 08 de Julio de 2026 Tiempo de lectura:

El escándalo que se avecina en relación con el Palacete de París y el PNV

Como los lectores de La Tribuna del País Vasco saben ya por mis artículos precedentes al respecto de este tema, la concesión por parte del Gobierno de España al PNV del palacete de París de la Avenida Marceau nº 11, que hasta entonces era sede del Instituto Cervantes, constituye un escándalo de primera magnitud dentro de la serie de corrupciones que jalonan la actividad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

 

En este caso, quien queda implicado de manera directa es el PNV, que recibió un bien que no le pertenecía, pero por el que venía pleiteando desde el comienzo de la Transición, con una solicitud denegada en 2001 y recurrida entonces, ante la que el contencioso administrativo del Tribunal Supremo dictaminó en su contra en 2003. En la negociación para investir a Pedro Sánchez en la moción de censura de 2018 entró de nuevo la condición de obtener el palacete y para ello introdujeron una disposición adicional novena en la ley de memoria democrática de 2022, con la que allanarse el camino legal, en la cual se aceptaba la reclamación no solo para bienes radicados el extranjero sino para aquellos que estuvieran a nombre de testaferros o empresas interpuestas.

 

Una vez modificada la ley, volvieron a la carga con la petición oficial en 2023, ante la Dirección General de Patrimonio del Estado, dentro del Ministerio de Hacienda. Pero de nuevo volvieron a chocarse contra la pared de las evidencias: no contaban con demostración fidedigna de que la propiedad fuera suya. Por lo cual decidieron acogerse a una vía colateral, como fue la del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por ese personaje un tanto sospechoso que es el ministro Angel Víctor Torres, quien, a través de su Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y con el asesoramiento de dos profesores de la Universidad del País Vasco, Óscar Álvarez Gila y Xabier Hualde Amunarriz, pero sobre todo del primero, hicieron un pestiño de informe plagado de erratas y de invenciones y ocultamientos de documentación, con el que justificaron la concesión del palacete al PNV.

 

El resultado no es solo que el PNV se llevó un palacete en el centro de París tasado en más de 15 millones de euros (que es la tasación oficial, ya que luego el precio de venta al público será muy superior) sino que también compensaron a dicho partido (tal como consta en el punto número 2 del decreto) por dos edificios para refugiados en Francia que también decían que eran suyos, cuando tenemos demostrado en un artículo publicado en La Tribuna del País Vasco titulado “Los otros dos edificios en Francia además del palacete”, que no fue así.

 

Pues bien, ahora hemos sabido que la compensación anunciada por esos dos edificios ha significado que el Estado español, a través de una Orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de 21 de enero de 2025, le ha pagado al PNV la cantidad total de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (3.788.004,85€), de los que DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS, CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.177.463,93 €) se corresponden con la valoración del inmueble “Hôtel du Mont Renaud”, y UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS, CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.610.540,92€) corresponden a la valoración del inmueble “Ferme de I'Hotel de Dieu”. El Hôtel Mont Renaud estaba sito (porque ya no existe) en la localidad de Noyon, al norte de París en dirección a Bélgica, y la Ferme de l’Hotel de Dieu está sito en Compans, comuna cercana al aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa.

 

Es decir, estamos ante unas cantidades que triplican la tasación de las joyas del expresidente Rodríguez Zapatero, con todo el escándalo que ha supuesto eso y la intervención del Estado en dicho tema a través de la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional. ¿Qué habría que hacer en este caso?

 

Cuando sabemos fehacientemente que esos dos edificios no solo no fueron comprados por el PNV, sino por el Gobierno Vasco con dinero de la Segunda República, sino que además uno de ellos, el de Compans, entró en una compensación por las cantidades recibidas por el Gobierno Vasco de parte del SERE, el servicio de refugiados republicano dirigido por el presidente Negrín, y por la que el edificio pasó a depender directamente del Gobierno de la Segunda República.

 

Además, hubo una primera valoración de esos edificios, hecha por la tasación del Gobierno de España en julio de 2023, que los ponderaba por la mitad de lo que finalmente se le ha pagado al PNV.

 

Pronto iremos sabiendo más detalles de toda esta escabrosa historia que viene imbricándose con las muchas corruptelas de las que ha sido protagonista el Gobierno de Pedro Sánchez, con la particularidad en este caso de la implicación directa del PNV, que se ha corrompido de igual manera por aceptar, con fines políticos pero también crematísticos, recibir en propiedad –o mediante compensación económica en este caso– una serie de bienes que no son suyos, por mucho que haya venido peleando por ellos desde el comienzo mismo de la Transición.

 

Tanto el palacete de París como los dos edificios de refugiados en Francia fueron comprados por la sociedad Finances et Entreprises que, como demostraremos documentalmente en un libro de próxima aparición, fue la tapadera con la que el Gobierno vasco en el exilio camufló las actividades de su Delegación de Hacienda en París.

 

Sobre todas estas cuestiones en La Tribuna del País Vasco hicimos, con motivo de la aprobación del Decreto de 23 de diciembre de 2024, una serie de artículos de denuncia. Pronto tendremos ocasión de demostrar fehacientemente todo lo que dijimos entonces y de poder así denunciar públicamente el escándalo en el que el PNV ha participado de modo protagonista, por su complicidad política con el Gobierno corrupto y delincuente de Pedro Sánchez, y de la que ha obtenido un beneficio económico del que tendrá que responder ante la justicia.

 
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