El Congreso de EEUU exige a la CIA y al FBI los archivos del “Roswell brasileño”
El caso Varginha, uno de los episodios ufológicos más controvertidos de América Latina, acaba de entrar de lleno en el terreno de la supervisión parlamentaria estadounidense. El congresista Eric Burlison ha pedido a la CIA y al FBI que entreguen al Congreso todos los registros disponibles sobre posibles vuelos, traslados de materiales, coordinación con autoridades brasileñas y participación de personal, contratistas o aeronaves de EEUU en los hechos ocurridos en Brasil en enero de 1996.
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El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso de enorme carga simbólica y política en torno al llamado caso Varginha, el episodio ocurrido en Brasil en enero de 1996 y considerado por los investigadores del fenómeno UAP como una especie de “Roswell brasileño”. El congresista republicano Eric Burlison, miembro de la Task Force on the Declassification of Federal Secrets, ha remitido sendas cartas al director de la CIA, John Ratcliffe, y al director del FBI, Kash Patel, reclamando una contabilidad completa de los documentos, registros de vuelo, comunicaciones intergubernamentales, informes de enlace, archivos de contratistas y posible documentación sobre traslado de materiales vinculada al incidente de Varginha/Campinas. La nota oficial de Burlison subraya que las cartas no piden a la CIA ni al FBI que validen ninguna versión concreta del caso, sino que determinen si existen registros oficiales y si la continuidad del secreto está legalmente justificada.
La parte más explosiva de la iniciativa afecta a la CIA. Burlison recuerda que una petición previa amparada en la ley de libertad de información —la referencia FOIA F-2023-00442— solicitó documentos sobre vuelos del Gobierno estadounidense a Brasil entre el 14 y el 28 de enero de 1996, posibles transferencias de materiales desde la custodia de las Fuerzas Armadas brasileñas a EEUU y coordinación entre la estación de la CIA en Brasilia y autoridades brasileñas. La respuesta de la Agencia, fechada el 10 de enero de 2025, no fue una negativa ordinaria: la CIA afirmó que no podía “confirmar ni negar” la existencia o inexistencia de esos registros, invocando las excepciones FOIA relativas a información clasificada y a fuentes y métodos de inteligencia. Es decir, una respuesta Glomar: el tipo de contestación que, sin entregar documentos, confirma que incluso admitir si existen o no existen sería materia sensible.
Burlison sostiene ahora que esa fórmula puede ser la posición de la CIA ante un solicitante privado, pero no basta ante el Congreso. En su carta, reclama una nueva búsqueda en todos los componentes de la Agencia, incluidos archivos de la Dirección de Operaciones, expedientes latinoamericanos, registros de estación, comunicaciones de enlace, documentos de transporte, cables, memorandos, correos, informes de situación, tráfico operacional y repositorios compartimentados o de acceso especial. También exige preservar todos los registros, cualquiera que sea su formato o nivel de clasificación, y entregar a su oficina, en un plazo de 30 días, los documentos disponibles o, en su defecto, una justificación detallada de cada restricción. La carta pide además saber si la CIA coordinó este asunto con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, los Archivos Nacionales, laboratorios nacionales, centros de investigación financiados por el Gobierno u otras entidades federales o contratadas.
La segunda carta, dirigida al FBI, va incluso más lejos en el terreno jurídico. Burlison no solo solicita una búsqueda documental, sino que pide al Buró que determine si procede abrir una evaluación investigativa o una pesquisa preliminar sobre posible participación de personal del Gobierno estadounidense, ciudadanos estadounidenses, contratistas federales o aeronaves registradas en EEUU en los hechos asociados al incidente de Varginha/Campinas. El congresista reclama que el FBI revise sus sistemas centrales, archivos antiguos, expedientes de agregaduría legal, registros de contrainteligencia, archivos de operaciones internacionales, laboratorio, asuntos jurídicos, comunicaciones con el Congreso y repositorios clasificados. También le exige que preserve correos, cables, FD-302, informes de investigación, comunicaciones de enlace, registros de vuelo, cadenas de custodia, notas de laboratorio y correspondencia interagencial.
El documento dirigido al FBI abre una hipótesis particularmente delicada: si existieron materiales, restos biológicos, muestras forenses, fotografías, vídeos, datos de sensores o artefactos técnicos vinculados al caso, Burlison quiere saber si fueron recibidos, analizados, almacenados, transportados o custodiados por empleados federales, contratistas, centros de investigación, laboratorios nacionales, instituciones académicas o entidades privadas estadounidenses. La carta menciona incluso la posibilidad de que determinados registros hubieran sido destruidos, sacados de los sistemas oficiales, mal indexados, transferidos a contratistas, ocultados dentro de archivos de programas no relacionados o retenidos bajo una guía de clasificación inadecuada. En ese escenario, Burlison apunta a posibles implicaciones legales relacionadas con ocultación, obstrucción, destrucción de registros, manejo no autorizado de información clasificada, transferencia indebida de propiedad gubernamental o problemas de importación, exportación y custodia de material técnico o biológico.
El contexto político hace que la iniciativa tenga mayor alcance que una simple pregunta parlamentaria. Burlison vincula su ofensiva documental con los compromisos públicos de transparencia sobre fenómenos anómalos no identificados y con la labor de desclasificación de secretos federales. Su oficina sostiene que el interés público en el caso es considerable, pero que el interés del Congreso es más preciso: saber si existen registros federales, si alguna persona o entidad estadounidense participó en los hechos, si los documentos fueron preservados correctamente y si la clasificación se está utilizando para proteger verdaderos intereses de seguridad nacional o para blindar indefinidamente información histórica.
El caso Varginha permanece rodeado de testimonios, acusaciones, silencios oficiales y versiones contradictorias desde hace casi tres décadas. Lo relevante ahora no es que el Congreso estadounidense dé por probada ninguna de las afirmaciones más extraordinarias sobre el episodio, sino que uno de sus miembros ha obligado a situar la discusión en un terreno mucho más concreto: registros de vuelo, comunicaciones oficiales, posibles traslados, cadenas de custodia, contratistas, archivos clasificados y responsabilidad institucional. La pregunta ya no es solo qué ocurrió en Brasil en enero de 1996. La pregunta que Burlison ha puesto sobre la mesa es otra: qué sabe Washington, desde cuándo lo sabe y por qué, si existen esos documentos, siguen fuera del alcance del escrutinio público y parlamentario.
El caso Varginha, uno de los episodios ufológicos más controvertidos de América Latina, acaba de entrar de lleno en el terreno de la supervisión parlamentaria estadounidense. El congresista Eric Burlison ha pedido a la CIA y al FBI que entreguen al Congreso todos los registros disponibles sobre posibles vuelos, traslados de materiales, coordinación con autoridades brasileñas y participación de personal, contratistas o aeronaves de EEUU en los hechos ocurridos en Brasil en enero de 1996.
El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso de enorme carga simbólica y política en torno al llamado caso Varginha, el episodio ocurrido en Brasil en enero de 1996 y considerado por los investigadores del fenómeno UAP como una especie de “Roswell brasileño”. El congresista republicano Eric Burlison, miembro de la Task Force on the Declassification of Federal Secrets, ha remitido sendas cartas al director de la CIA, John Ratcliffe, y al director del FBI, Kash Patel, reclamando una contabilidad completa de los documentos, registros de vuelo, comunicaciones intergubernamentales, informes de enlace, archivos de contratistas y posible documentación sobre traslado de materiales vinculada al incidente de Varginha/Campinas. La nota oficial de Burlison subraya que las cartas no piden a la CIA ni al FBI que validen ninguna versión concreta del caso, sino que determinen si existen registros oficiales y si la continuidad del secreto está legalmente justificada.
La parte más explosiva de la iniciativa afecta a la CIA. Burlison recuerda que una petición previa amparada en la ley de libertad de información —la referencia FOIA F-2023-00442— solicitó documentos sobre vuelos del Gobierno estadounidense a Brasil entre el 14 y el 28 de enero de 1996, posibles transferencias de materiales desde la custodia de las Fuerzas Armadas brasileñas a EEUU y coordinación entre la estación de la CIA en Brasilia y autoridades brasileñas. La respuesta de la Agencia, fechada el 10 de enero de 2025, no fue una negativa ordinaria: la CIA afirmó que no podía “confirmar ni negar” la existencia o inexistencia de esos registros, invocando las excepciones FOIA relativas a información clasificada y a fuentes y métodos de inteligencia. Es decir, una respuesta Glomar: el tipo de contestación que, sin entregar documentos, confirma que incluso admitir si existen o no existen sería materia sensible.
Burlison sostiene ahora que esa fórmula puede ser la posición de la CIA ante un solicitante privado, pero no basta ante el Congreso. En su carta, reclama una nueva búsqueda en todos los componentes de la Agencia, incluidos archivos de la Dirección de Operaciones, expedientes latinoamericanos, registros de estación, comunicaciones de enlace, documentos de transporte, cables, memorandos, correos, informes de situación, tráfico operacional y repositorios compartimentados o de acceso especial. También exige preservar todos los registros, cualquiera que sea su formato o nivel de clasificación, y entregar a su oficina, en un plazo de 30 días, los documentos disponibles o, en su defecto, una justificación detallada de cada restricción. La carta pide además saber si la CIA coordinó este asunto con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, los Archivos Nacionales, laboratorios nacionales, centros de investigación financiados por el Gobierno u otras entidades federales o contratadas.
La segunda carta, dirigida al FBI, va incluso más lejos en el terreno jurídico. Burlison no solo solicita una búsqueda documental, sino que pide al Buró que determine si procede abrir una evaluación investigativa o una pesquisa preliminar sobre posible participación de personal del Gobierno estadounidense, ciudadanos estadounidenses, contratistas federales o aeronaves registradas en EEUU en los hechos asociados al incidente de Varginha/Campinas. El congresista reclama que el FBI revise sus sistemas centrales, archivos antiguos, expedientes de agregaduría legal, registros de contrainteligencia, archivos de operaciones internacionales, laboratorio, asuntos jurídicos, comunicaciones con el Congreso y repositorios clasificados. También le exige que preserve correos, cables, FD-302, informes de investigación, comunicaciones de enlace, registros de vuelo, cadenas de custodia, notas de laboratorio y correspondencia interagencial.
El documento dirigido al FBI abre una hipótesis particularmente delicada: si existieron materiales, restos biológicos, muestras forenses, fotografías, vídeos, datos de sensores o artefactos técnicos vinculados al caso, Burlison quiere saber si fueron recibidos, analizados, almacenados, transportados o custodiados por empleados federales, contratistas, centros de investigación, laboratorios nacionales, instituciones académicas o entidades privadas estadounidenses. La carta menciona incluso la posibilidad de que determinados registros hubieran sido destruidos, sacados de los sistemas oficiales, mal indexados, transferidos a contratistas, ocultados dentro de archivos de programas no relacionados o retenidos bajo una guía de clasificación inadecuada. En ese escenario, Burlison apunta a posibles implicaciones legales relacionadas con ocultación, obstrucción, destrucción de registros, manejo no autorizado de información clasificada, transferencia indebida de propiedad gubernamental o problemas de importación, exportación y custodia de material técnico o biológico.
El contexto político hace que la iniciativa tenga mayor alcance que una simple pregunta parlamentaria. Burlison vincula su ofensiva documental con los compromisos públicos de transparencia sobre fenómenos anómalos no identificados y con la labor de desclasificación de secretos federales. Su oficina sostiene que el interés público en el caso es considerable, pero que el interés del Congreso es más preciso: saber si existen registros federales, si alguna persona o entidad estadounidense participó en los hechos, si los documentos fueron preservados correctamente y si la clasificación se está utilizando para proteger verdaderos intereses de seguridad nacional o para blindar indefinidamente información histórica.
El caso Varginha permanece rodeado de testimonios, acusaciones, silencios oficiales y versiones contradictorias desde hace casi tres décadas. Lo relevante ahora no es que el Congreso estadounidense dé por probada ninguna de las afirmaciones más extraordinarias sobre el episodio, sino que uno de sus miembros ha obligado a situar la discusión en un terreno mucho más concreto: registros de vuelo, comunicaciones oficiales, posibles traslados, cadenas de custodia, contratistas, archivos clasificados y responsabilidad institucional. La pregunta ya no es solo qué ocurrió en Brasil en enero de 1996. La pregunta que Burlison ha puesto sobre la mesa es otra: qué sabe Washington, desde cuándo lo sabe y por qué, si existen esos documentos, siguen fuera del alcance del escrutinio público y parlamentario.
