Investigación sobre el socialista Santos Cerdán
La Guardia Civil destapa el «10% oculto» de la cárcel de Zubieta y rastrea pagos a Servinabar tras la adjudicación
El nuevo informe patrimonial sobre Santos Cerdán incorpora mensajes en los que Antxón Alonso afirma, antes de que la UTE obtuviera el contrato de 42,7 millones: «De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%». Los investigadores deducen que esa participación correspondería al administrador de Servinabar y al empresario Juan Sumelzo
![[Img #30857]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2026/5914_screenshot-2026-07-18-at-10-26-55-carcel-de-zubieta-buscar-con-google.png)
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Santos Cerdán ha alcanzado de lleno una de las mayores obras públicas ejecutadas en los últimos años en Guipúzcoa: la construcción del nuevo Centro Penitenciario Norte III de Zubieta, destinado a sustituir a la antigua cárcel de Martutene. El informe económico-patrimonial número 122/2026, fechado el pasado 14 de julio, reconstruye una sucesión de comunicaciones intervenidas que, según los investigadores, permitirían vincular a Servinabar con la adjudicación de la prisión incluso antes de que el contrato fuera formalmente concedido.
La obra fue adjudicada el 24 de febrero de 2021 por 42.766.283,59 euros, impuestos incluidos, a una unión temporal de empresas constituida por Acciona Construcción, Construcciones Murias y CYCASA Canteras y Construcciones. La participación oficial de las tres compañías quedó fijada en un 50% para Acciona, un 25% para Murias y otro 25% para CYCASA. Servinabar no figuraba formalmente como integrante de la UTE, denominada Centro Penitenciario Zubieta, ni aparecía entre las empresas adjudicatarias del contrato promovido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado.
Sin embargo, los dispositivos electrónicos intervenidos revelan que Antxón Alonso, administrador de Servinabar y socio de Santos Cerdán según la tesis de la UCO, seguía el proyecto desde mucho antes de su adjudicación. El 10 de octubre de 2018, más de dos años antes de que se convocara la licitación, Alonso remitió a Tomás Olarte Sanz una noticia que anunciaba la futura construcción de una nueva prisión en Guipúzcoa. Aquel primer intercambio demuestra, al menos, que el empresario navarro se encontraba pendiente del proyecto desde sus fases iniciales.
La licitación del Centro Penitenciario Norte III fue anunciada oficialmente el 13 de noviembre de 2020. Apenas cinco días después, el 18 de noviembre, Antxón Alonso envió al empresario Juan Sumelzo Jordán, presidente de Sumelzo S.A., una captura de pantalla sobre el concurso y le escribió una frase que ahora adquiere una especial relevancia para los investigadores: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos». La UCO interpreta este mensaje como un indicio de que Alonso conocía el interés de determinadas personas por participar en la obra y estaba interviniendo en las conversaciones previas a la formación del consorcio empresarial.
«Ellos son el 15% y nosotros el 10%»
El punto decisivo de la reconstrucción policial se produce durante el mes siguiente. El 4 de diciembre de 2020, Antxón Alonso recibió de CYCASA un correo electrónico titulado «Acuerdo previo Centro Penitenciario Norte III». El mensaje contenía un documento suscrito tres días antes por Acciona, Murias y CYCASA, en el que las tres constructoras expresaban su intención de concurrir conjuntamente a la licitación de la nueva cárcel de Zubieta.
Alonso, pese a no representar formalmente a ninguna de las tres compañías que iban a formar la UTE, tenía así acceso directo al acuerdo interno del consorcio. El 22 de diciembre comunicó a Juan Sumelzo cómo quedaría distribuida la participación: Acciona tendría el 50%, Murias el 25% y CYCASA el 25%. Inmediatamente después añadió una precisión que constituye uno de los principales hallazgos del informe: «De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%».
La UCO considera que la frase se refería al porcentaje oficialmente atribuido a CYCASA y deduce que, del 25% correspondiente a esa constructora, un 15% permanecería en manos de la propia compañía mientras que el 10% del conjunto de la UTE pertenecería realmente a Antxón Alonso y Juan Sumelzo. El informe no identifica ese porcentaje como una comisión cobrada ni lo cuantifica económicamente, pero sí lo presenta como una posible participación no reflejada en la composición pública del consorcio adjudicatario.
La conversación no terminó ahí. En el mismo intercambio, Alonso escribió a Sumelzo: «Y en la de Adif de 80 mm vamos también con un 10%», una referencia aparentemente relacionada con otra licitación de aproximadamente 80 millones de euros. Este segundo comentario refuerza para los investigadores la hipótesis de que no se trataba de una expresión casual, sino de una fórmula empleada para describir la participación que Alonso y su interlocutor esperaban obtener en diferentes contratos públicos.
Los ingresos comenzaron el año de la adjudicación
La UTE formada por Acciona, Murias y CYCASA obtuvo finalmente el contrato de la cárcel de Zubieta el 24 de febrero de 2021. La UCO destaca que fue precisamente durante ese mismo año cuando comenzaron a aparecer en las cuentas de Servinabar transferencias procedentes de CYCASA, la constructora cuyo porcentaje había sido objeto de las conversaciones entre Alonso y Sumelzo.
La documentación bancaria incorporada al informe refleja que CYCASA ingresó en Servinabar 30.248,79 euros durante 2021, otros 131.078,09 euros en 2022 y 20.165,86 euros en 2023. En total, las transferencias alcanzaron los 181.492,74 euros. La Guardia Civil incorpora estos movimientos al conjunto de ingresos relacionados con Acciona porque, según explica, ha podido determinar que CYCASA participaba junto a la multinacional en el proyecto penitenciario de Zubieta.
El informe no afirma expresamente que esos 181.492 euros constituyeran el pago del supuesto 10% ni sostiene que procedieran exclusivamente de la ejecución de la cárcel. Lo que establece es una conexión temporal y empresarial: Servinabar no figuraba en la UTE, pero su administrador conocía anticipadamente los acuerdos internos del consorcio, hablaba de un 10% reservado para «nosotros» y, una vez adjudicada la obra, la sociedad comenzó a recibir dinero de una de las empresas beneficiarias del contrato. La propia UCO señala que la relación concreta entre CYCASA, Acciona y Servinabar será abordada con mayor detalle en futuros informes que todavía se encuentran en elaboración.
Una sociedad financiada por el entorno de Acciona
El episodio de Zubieta se integra en una investigación mucho más amplia sobre la financiación de Servinabar y los beneficios que, según la Guardia Civil, habrían recibido Santos Cerdán y algunos miembros de su familia. La UCO sostiene que Cerdán adquirió en 2016 el 45% de la sociedad mediante la compra de 1.300 participaciones y afirma haber detectado una «recurrente sincronía» entre su interés por determinadas licitaciones, la posterior adjudicación de estas a Acciona y la subcontratación de Servinabar en los mismos proyectos.
Entre 2015 y 2025, las cuentas de Servinabar recibieron 8.646.615,85 euros. Tras ampliar el análisis bancario, los agentes atribuyen 7.518.299,91 euros, el 87,04% del total, a Acciona o a proyectos vinculados con la constructora. Dentro de esa cifra se encuentran las transferencias efectuadas por CYCASA tras la adjudicación de la prisión de Zubieta. La UCO considera que esta dependencia financiera permitiría explicar el origen de los fondos con los que Servinabar habría pagado tarjetas, vehículos, retribuciones a familiares y otros beneficios relacionados con Cerdán y su entorno.
Las recapitulaciones del documento elevan a al menos 323.178,41 euros el valor de los bienes y servicios presuntamente disfrutados por Santos Cerdán y su familia entre 2015 y 2024. Los investigadores mencionan también la tentativa de Servinabar de comprar para el matrimonio Cerdán una vivienda en Madrid por 985.000 euros, una operación que no llegó a completarse porque la parte vendedora se retiró. Para la Guardia Civil, estos hechos demostrarían que el antiguo secretario de Organización del PSOE tenía «plena disposición» sobre los fondos de la mercantil.
La cárcel de Zubieta aparece así como una nueva pieza dentro del circuito que investiga la UCO: una gran adjudicación pública, información interna en manos de personas ajenas formalmente a la UTE, conversaciones sobre un porcentaje reservado y posteriores flujos de dinero hacia la sociedad que los agentes vinculan patrimonialmente con Santos Cerdán. El informe recalca, en todo caso, que todos sus razonamientos deben entenderse en términos de presunción y que sus conclusiones quedan sometidas a la valoración del órgano judicial encargado del procedimiento.
El nuevo informe patrimonial sobre Santos Cerdán incorpora mensajes en los que Antxón Alonso afirma, antes de que la UTE obtuviera el contrato de 42,7 millones: «De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%». Los investigadores deducen que esa participación correspondería al administrador de Servinabar y al empresario Juan Sumelzo
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Santos Cerdán ha alcanzado de lleno una de las mayores obras públicas ejecutadas en los últimos años en Guipúzcoa: la construcción del nuevo Centro Penitenciario Norte III de Zubieta, destinado a sustituir a la antigua cárcel de Martutene. El informe económico-patrimonial número 122/2026, fechado el pasado 14 de julio, reconstruye una sucesión de comunicaciones intervenidas que, según los investigadores, permitirían vincular a Servinabar con la adjudicación de la prisión incluso antes de que el contrato fuera formalmente concedido.
La obra fue adjudicada el 24 de febrero de 2021 por 42.766.283,59 euros, impuestos incluidos, a una unión temporal de empresas constituida por Acciona Construcción, Construcciones Murias y CYCASA Canteras y Construcciones. La participación oficial de las tres compañías quedó fijada en un 50% para Acciona, un 25% para Murias y otro 25% para CYCASA. Servinabar no figuraba formalmente como integrante de la UTE, denominada Centro Penitenciario Zubieta, ni aparecía entre las empresas adjudicatarias del contrato promovido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado.
Sin embargo, los dispositivos electrónicos intervenidos revelan que Antxón Alonso, administrador de Servinabar y socio de Santos Cerdán según la tesis de la UCO, seguía el proyecto desde mucho antes de su adjudicación. El 10 de octubre de 2018, más de dos años antes de que se convocara la licitación, Alonso remitió a Tomás Olarte Sanz una noticia que anunciaba la futura construcción de una nueva prisión en Guipúzcoa. Aquel primer intercambio demuestra, al menos, que el empresario navarro se encontraba pendiente del proyecto desde sus fases iniciales.
La licitación del Centro Penitenciario Norte III fue anunciada oficialmente el 13 de noviembre de 2020. Apenas cinco días después, el 18 de noviembre, Antxón Alonso envió al empresario Juan Sumelzo Jordán, presidente de Sumelzo S.A., una captura de pantalla sobre el concurso y le escribió una frase que ahora adquiere una especial relevancia para los investigadores: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos». La UCO interpreta este mensaje como un indicio de que Alonso conocía el interés de determinadas personas por participar en la obra y estaba interviniendo en las conversaciones previas a la formación del consorcio empresarial.
«Ellos son el 15% y nosotros el 10%»
El punto decisivo de la reconstrucción policial se produce durante el mes siguiente. El 4 de diciembre de 2020, Antxón Alonso recibió de CYCASA un correo electrónico titulado «Acuerdo previo Centro Penitenciario Norte III». El mensaje contenía un documento suscrito tres días antes por Acciona, Murias y CYCASA, en el que las tres constructoras expresaban su intención de concurrir conjuntamente a la licitación de la nueva cárcel de Zubieta.
Alonso, pese a no representar formalmente a ninguna de las tres compañías que iban a formar la UTE, tenía así acceso directo al acuerdo interno del consorcio. El 22 de diciembre comunicó a Juan Sumelzo cómo quedaría distribuida la participación: Acciona tendría el 50%, Murias el 25% y CYCASA el 25%. Inmediatamente después añadió una precisión que constituye uno de los principales hallazgos del informe: «De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%».
La UCO considera que la frase se refería al porcentaje oficialmente atribuido a CYCASA y deduce que, del 25% correspondiente a esa constructora, un 15% permanecería en manos de la propia compañía mientras que el 10% del conjunto de la UTE pertenecería realmente a Antxón Alonso y Juan Sumelzo. El informe no identifica ese porcentaje como una comisión cobrada ni lo cuantifica económicamente, pero sí lo presenta como una posible participación no reflejada en la composición pública del consorcio adjudicatario.
La conversación no terminó ahí. En el mismo intercambio, Alonso escribió a Sumelzo: «Y en la de Adif de 80 mm vamos también con un 10%», una referencia aparentemente relacionada con otra licitación de aproximadamente 80 millones de euros. Este segundo comentario refuerza para los investigadores la hipótesis de que no se trataba de una expresión casual, sino de una fórmula empleada para describir la participación que Alonso y su interlocutor esperaban obtener en diferentes contratos públicos.
Los ingresos comenzaron el año de la adjudicación
La UTE formada por Acciona, Murias y CYCASA obtuvo finalmente el contrato de la cárcel de Zubieta el 24 de febrero de 2021. La UCO destaca que fue precisamente durante ese mismo año cuando comenzaron a aparecer en las cuentas de Servinabar transferencias procedentes de CYCASA, la constructora cuyo porcentaje había sido objeto de las conversaciones entre Alonso y Sumelzo.
La documentación bancaria incorporada al informe refleja que CYCASA ingresó en Servinabar 30.248,79 euros durante 2021, otros 131.078,09 euros en 2022 y 20.165,86 euros en 2023. En total, las transferencias alcanzaron los 181.492,74 euros. La Guardia Civil incorpora estos movimientos al conjunto de ingresos relacionados con Acciona porque, según explica, ha podido determinar que CYCASA participaba junto a la multinacional en el proyecto penitenciario de Zubieta.
El informe no afirma expresamente que esos 181.492 euros constituyeran el pago del supuesto 10% ni sostiene que procedieran exclusivamente de la ejecución de la cárcel. Lo que establece es una conexión temporal y empresarial: Servinabar no figuraba en la UTE, pero su administrador conocía anticipadamente los acuerdos internos del consorcio, hablaba de un 10% reservado para «nosotros» y, una vez adjudicada la obra, la sociedad comenzó a recibir dinero de una de las empresas beneficiarias del contrato. La propia UCO señala que la relación concreta entre CYCASA, Acciona y Servinabar será abordada con mayor detalle en futuros informes que todavía se encuentran en elaboración.
Una sociedad financiada por el entorno de Acciona
El episodio de Zubieta se integra en una investigación mucho más amplia sobre la financiación de Servinabar y los beneficios que, según la Guardia Civil, habrían recibido Santos Cerdán y algunos miembros de su familia. La UCO sostiene que Cerdán adquirió en 2016 el 45% de la sociedad mediante la compra de 1.300 participaciones y afirma haber detectado una «recurrente sincronía» entre su interés por determinadas licitaciones, la posterior adjudicación de estas a Acciona y la subcontratación de Servinabar en los mismos proyectos.
Entre 2015 y 2025, las cuentas de Servinabar recibieron 8.646.615,85 euros. Tras ampliar el análisis bancario, los agentes atribuyen 7.518.299,91 euros, el 87,04% del total, a Acciona o a proyectos vinculados con la constructora. Dentro de esa cifra se encuentran las transferencias efectuadas por CYCASA tras la adjudicación de la prisión de Zubieta. La UCO considera que esta dependencia financiera permitiría explicar el origen de los fondos con los que Servinabar habría pagado tarjetas, vehículos, retribuciones a familiares y otros beneficios relacionados con Cerdán y su entorno.
Las recapitulaciones del documento elevan a al menos 323.178,41 euros el valor de los bienes y servicios presuntamente disfrutados por Santos Cerdán y su familia entre 2015 y 2024. Los investigadores mencionan también la tentativa de Servinabar de comprar para el matrimonio Cerdán una vivienda en Madrid por 985.000 euros, una operación que no llegó a completarse porque la parte vendedora se retiró. Para la Guardia Civil, estos hechos demostrarían que el antiguo secretario de Organización del PSOE tenía «plena disposición» sobre los fondos de la mercantil.
La cárcel de Zubieta aparece así como una nueva pieza dentro del circuito que investiga la UCO: una gran adjudicación pública, información interna en manos de personas ajenas formalmente a la UTE, conversaciones sobre un porcentaje reservado y posteriores flujos de dinero hacia la sociedad que los agentes vinculan patrimonialmente con Santos Cerdán. El informe recalca, en todo caso, que todos sus razonamientos deben entenderse en términos de presunción y que sus conclusiones quedan sometidas a la valoración del órgano judicial encargado del procedimiento.
