Lo verdaderamente escandaloso de las detenciones practicadas por la Policía Nacional tras las agresiones sufridas por varios seguidores de la selección española en Bilbao no es que un cuerpo policial haya investigado los hechos y arrestado a dos presuntos responsables. Lo escandaloso es que el Gobierno vasco (PNV-PSOE) parezca más preocupado por discutir qué uniforme vestían los agentes que efectuaron las detenciones que por explicar por qué la Ertzaintza, presente durante los disturbios, no detuvo a ninguno de los violentos.

Los hechos conocidos son suficientemente graves. Familias con niños pequeños fueron insultadas, escupidas, perseguidas y amenazadas por el simple hecho de exhibir una bandera española o celebrar la victoria de la selección nacional. Un aficionado fue derribado y recibió puñetazos y patadas mientras se encontraba en el suelo. Otros ciudadanos tuvieron que refugiarse en los portales de sus viviendas. Se lanzaron botellas de cristal y se profirieron expresiones como «iros a vuestro país», dirigidas, paradójicamente, contra españoles que se encontraban en una ciudad española.

No estamos ante una controversia deportiva, una discusión entre aficionados ni unos simples desórdenes callejeros. Estamos ante actos de violencia política e intimidación identitaria. Las víctimas fueron seleccionadas por lo que representaban, por las camisetas que vestían, por las banderas que portaban o por su voluntad de celebrar públicamente un triunfo de España. Si los insultos y las agresiones se hubieran dirigido contra cualquier otra comunidad nacional, cultural o religiosa, las instituciones vascas habrían convocado concentraciones, emitido comunicados solemnes y denunciado inmediatamente un ataque de odio. Cuando las víctimas son ciudadanos identificados con España, sin embargo, las cautelas, los silencios y las discusiones competenciales aparecen con sorprendente rapidez. También en la Fiscalía.

La Ertzaintza identificó durante aquella jornada a 23 personas, investigó a una de ellas por amenazas con arma blanca y propuso sancionar a otras cuatro. Pero no detuvo a nadie. Días después, una víctima acudió a la Policía Nacional, presentó una denuncia y el cuerpo estatal puso en marcha una investigación que terminó con el arresto de dos presuntos agresores. Es entonces cuando el consejero vasco de Seguridad, el inútil de Bingen Zupiria, decide comparecer públicamente, no para celebrar que los hechos estén siendo esclarecidos ni para mostrar su solidaridad con el ciudadano golpeado, sino para «denunciar» que la Policía Nacional habría actuado por encima de sus funciones.

Una vez más, la imagen institucional, en manos de nacionalistas y socialistas, no puede ser más desafortunada y vergonzosa. El Gobierno vasco transmite la impresión de que considera más grave una posible extralimitación competencial que una paliza propinada por motivos ideológicos. Parece ofenderle más que la Policía Nacional haya detenido a los sospechosos que el hecho de que esos sospechosos permanecieran sin detener después de unos incidentes ocurridos ante la presencia de la policía autonómica.

Naturalmente, las competencias policiales deben respetarse. El Estatuto y los acuerdos posteriores distribuyen las funciones entre la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si el Gobierno vasco considera que se ha producido una invasión competencial, dispone de mecanismos administrativos, jurídicos y políticos para plantear la correspondiente controversia. Pero una discusión institucional nunca debería utilizarse para desacreditar una investigación iniciada a partir de la denuncia de una víctima, y mucho menos antes de explicar por qué el cuerpo policial dependiente del propio Gobierno vasco no había realizado las detenciones.

La primera obligación del responsable de Seguridad tendría que haber sido informar de las actuaciones desarrolladas por la Ertzaintza, aclarar por qué no se arrestó a los presuntos agresores y garantizar que las víctimas recibirían protección y justicia. Solo después, y con la debida prudencia, podría haberse abordado cualquier discrepancia sobre la intervención de la Policía Nacional. Zupiria, tan fanático, ignorante e integrista como políticamente inservible, ha invertido las prioridades: ha colocado en primer plano la reivindicación competencial y ha relegado a un segundo término la violencia sufrida por los ciudadanos. N ada que, por otro lado, no haya hecho el nacionalismo vasco anteriormente.

Esta reacción no puede separarse del clima político e ideológico existente en el País Vasco. Durante décadas, el nacionalismo ha tratado la presencia pública de los símbolos españoles como una provocación, mientras normalizaba manifestaciones, homenajes y actos proetarras protagonizados un día tras otro por los sectores más obtusos y radicalizados. Esa asimetría ha terminado creando espacios públicos de extensa impunidad en los que algunos ciudadanos sienten que pueden exhibir cualquier bandera salvo la de su propio país, y en los que vestir una camiseta de la selección española puede convertirse en una conducta de riesgo.

El Gobierno vasco, si tuviera un mínimo de vergüenza,  debería preguntarse qué mensaje envía cuando protesta por las detenciones de quienes presuntamente golpearon a un aficionado español, pero no manifiesta, ni de lejos, la misma contundencia frente a los autores de la agresión. Aunque esa no sea su intención declarada (que sí lo es), el resultado político es devastador: los violentos pueden interpretar que la principal preocupación de las autoridades no es su comportamiento, sino impedir que un cuerpo policial estatal investigue sus actos.

También las víctimas, una vez más, reciben un mensaje inquietante. Un ciudadano que acude a una comisaría para denunciar una paliza tiene derecho a esperar que las instituciones colaboren para identificar a sus agresores. No debería contemplar cómo su caso se transforma en una disputa entre administraciones ni cómo el consejero de Seguridad cuestiona públicamente la actuación del cuerpo que ha recogido su denuncia. Las competencias existen para organizar eficazmente la protección de los ciudadanos, no para abandonarlos en un laberinto burocrático ni para convertirlos en instrumentos de una batalla política.

Si la Ertzaintza hubiera detenido a los presuntos autores de las agresiones, difícilmente habría surgido esta polémica. Si el Gobierno vasco hubiese mostrado desde el primer momento la misma firmeza frente a los violentos que ahora exhibe frente a la Policía Nacional, tampoco estaríamos hablando de un conflicto institucional. La controversia nace de una doble dejación: primero, no actuar con la contundencia necesaria ante unos hechos graves; después, reprochar a otro cuerpo que haya hecho lo que las víctimas esperaban de la policía autonómica.

El Gobierno vasco tiene derecho a defender las competencias de la Ertzaintza, pero no a utilizar esa defensa como cortina de humo frente a su propia inacción. Mucho menos puede presentar como un problema la detención de personas acusadas de apalear a un ciudadano, perseguir a familias e intentar impedir por la fuerza una celebración deportiva. La autoridad institucional no se demuestra protegiendo parcelas administrativas, sino protegiendo a las personas.

Lo sucedido en Bilbao exige una investigación completa, la depuración de todas las responsabilidades y una condena política inequívoca de la violencia proetarra. También exige que el consejero de Seguridad rectifique el orden de sus prioridades. Antes de denunciar a quienes detienen a los presuntos agresores, debería explicar por qué sus propios agentes no lo hicieron. Antes de defender competencias, debería defender a las víctimas. Y antes de indignarse por la presencia de la Policía Nacional, debería indignarse porque, en determinadas calles de Bilbao, todavía haya ciudadanos que pueden ser agredidos por celebrar que son españoles.