Ceuta, el caos que no termina
Miles de inmigrantes continúan en las calles, los servicios públicos trabajan bajo una presión extraordinaria, crece la inquietud entre los vecinos y España y Marruecos blindan la frontera ante el temor de que una nueva convocatoria para el 15 de agosto vuelva a desencadenar una avalancha
![[Img #30984]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/08_2026/5478_000000000000.jpg)
La tarde cae sobre la playa del Trampolín y la imagen cuesta encajarla con la idea de que Ceuta haya regresado a la normalidad. Hay hombres sucios tumbados sobre la arena, refugios levantados con plásticos y mantas, pequeños grupos que hablan mirando hacia el mar y largas colas cuando llega la comida. Cruz Roja, Save the Children, Fundación Cruz Blanca y otras organizaciones han convertido esta playa ceutí en uno de los grandes centros improvisados de asistencia de la crisis. El martes 11 de agosto, los voluntarios calculaban que unas 4.000 personas pasarían por allí para recibir comida y agua. Para algunos, aquella bolsa era la primera comida del día. Muchos duermen directamente en la playa.
Trece días después de la invasión de inmigrantes procedentes de Marruecos, Ceuta continúa atrapada en una emergencia que ha cambiado de aspecto, pero no ha desaparecido. Ya no existen las imágenes de decenas de miles de personas atravesando simultáneamente la frontera o nadando alrededor del espigón del Tarajal. La frontera física está ahora reforzada, las fuerzas de seguridad españolas han incrementado su presencia y Marruecos ha comenzado a desplegar al otro lado una barrera de policías, vehículos antidisturbios, alambradas y nuevas concertinas. Pero el caos de aquella jornada se ha trasladado al interior de la ciudad.
La magnitud de lo ocurrido resulta difícil incluso de expresar con cifras. El Ministerio del Interior elevó a 72.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis y aseguró el 4 de agosto que más de 70.000 habían abandonado ya la ciudad. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, miente, como siempre. Miles de invasores continúan en la ciudad, aunque existe un problema sorprendente: nadie parece saber con precisión cuántas personas permanecen hoy en Ceuta.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, habla de unas 10.000 personas todavía presentes y reconoce abiertamente que muchas de ellas no han sido identificadas. «Tenemos 10.000 personas que llegaron en un día y no sabemos quiénes son», ha advertido. Interior, sin embargo, había sostenido días antes que más de 70.000 de las 72.000 entradas contabilizadas habían regresado ya a Marruecos. Las cifras manejadas por una y otra administración no ofrecen, por tanto, una fotografía reconciliada de la población que permanece en territorio ceutí.
Y esta incertidumbre es, precisamente, una de las claves del problema.
«Cada día estamos peor»
Juan Vivas utilizó una expresión difícil de malinterpretar: «Cada día estamos peor». Tras reunirse con la ministra de Defensa, la inútil de Margarita Robles, el presidente ceutí describió la situación como «insostenible» y aseguró que la población se siente «preocupada, indignada y abandonada». Según Vivas, la vida ordinaria de la ciudad continúa alterada y el despliegue de seguridad sigue sin ser proporcional a lo sucedido. «No sabemos qué plan se va a aplicar para cumplir con el objetivo de que estas personas salgan de Ceuta», denunció.
Las palabras del presidente encuentran su reflejo en escenas cotidianas.
El Colegio San Daniel denunciaba hace unas horas que desconocidos habían penetrado en el recinto y utilizado su almacén de Educación Física como alojamiento improvisado. La dirección encontró colchonetas empleadas para dormir, restos de comida, ropa, cigarrillos, material revuelto, excrementos y orines. El propio colegio hizo públicas fotografías y reclamó vigilancia. Cinco días antes, una mujer residente en el Paseo de las Palmeras denunció que un ciudadano marroquí había entrado en su vivienda y llegado hasta su propio dormitorio, introduciéndose en la cama donde ella se encontraba. La Policía Nacional detuvo posteriormente al individuo. La justicia acordó después su expulsión de España.
Son episodios representativos del comportamiento de demasiados de los invasores conjunto de los recién llegados y su enorme repercusión social ayuda a comprender el miedo que existe en determinados barrios y la percepción de pérdida de control que transmiten muchos vecinos.
La Confederación Española de Policía ha reconocido esa inquietud. Su representante en Andalucía Occidental y Ceuta, Eduardo García, ha asegurado que algunos ciudadanos han reducido incluso sus salidas habituales y reclamó mayores refuerzos. La CEP considera insuficientes los aproximadamente 225 agentes de las UIP desplazados desde Madrid y Sevilla, a los que se han ido sumando nuevos efectivos.
La tensión es especialmente visible alrededor de algunos lugares utilizados para atender o concentrar a los inmigrantes. Los vecinos de O'Donnell han convocado una protesta contra la posibilidad de utilizar el antiguo Hospital Militar como centro de internamiento o acogida.
El miedo se mezcla además con los rumores. Durante las últimas horas han circulado mensajes afirmando que Ceuta podría ser confinada o que se adoptarían restricciones extraordinarias de movimiento. La Delegación del Gobierno ha tenido que salir públicamente a negar esas informaciones y solicitar a los ciudadanos que no compartan cadenas o capturas de pantalla de procedencia desconocida. El caos ya no consiste únicamente en miles de personas atravesando una frontera. Consiste también en una ciudad en la que, ante la falta de información oficial veraz, el rumor adquiere velocidad de incendio.
Una playa convertida en campamento
Ningún lugar resume mejor la situación que el Trampolín. La playa se ha convertido en alojamiento improvisado para miles de personas. Se levantan refugios precarios, se reparte comida bajo vigilancia policial y organizaciones humanitarias, bien financiadas con nuestros impuestos, atienden cada día a los invasores. Allí conviven marroquíes con sudaneses, yemeníes, sirios, palestinos, senegaleses, somalíes y mauritanos, según las nacionalidades recogidas sobre el terreno por la prensa local.
Allí se ha producido otra de las escenas que alimentan la sensación de desorden. Un grupo numeroso de inmigrantes subsaharianos comenzó una pelea que terminó desplazándose hasta la carretera. Uno de los participantes sufrió una herida aparentemente causada por un arma blanca. Policía Nacional y Policía Local acudieron al lugar cuando la reyerta ya se estaba disolviendo. La información disponible apunta a que se trató de una disputa interna entre miembros del propio grupo.
También se han producido delitos graves entre los propios inmigrantes. Los juzgados ceutíes investigan tres agresiones sexuales presuntamente cometidas por inmigrantes marroquíes llegados durante la avalancha invasora. Las tres víctimas son mujeres que también habían llegado a Ceuta durante aquellos acontecimientos. El caso más grave afecta a una menor y ha supuesto el ingreso en prisión del acusado.
La emergencia tiene, por tanto, dos caras que se superponen: la preocupación de los ciudadanos que ven alterado su espacio cotidiano y el caos generado por miles de invasores que duermen en playas, calles o instalaciones improvisadas sin saber cuál será su destino.
La sanidad bajo presión
El sistema sanitario constituye otro termómetro de la crisis.
Entre las nueve de la mañana del martes 11 y la misma hora del miércoles 12 de agosto, los servicios de INGESA realizaron 313 asistencias relacionadas con el dispositivo extraordinario, 202 en Atención Primaria y 111 en atención hospitalaria. Se efectuaron además 57 traslados en ambulancia y esta mañana permanecían ingresados 35 pacientes relacionados con el operativo.
INGESA sostiene que el hospital conserva margen asistencial: este miércoles presentaba una ocupación del 63,13% y mantenía 66 camas disponibles. El organismo asegura que continúa garantizada también la atención habitual a los residentes de Ceuta. Pero los profesionales ofrecen una visión bastante más preocupada. SATSE reclama un plan sanitario extraordinario y refuerzos permanentes, mientras el Colegio de Médicos ha pedido a la ministra Mónica García que se desplace personalmente hasta la ciudad. La ministra niega que exista un «colapso sanitario» y asegura que visitará Ceuta en las próximas semanas. La discrepancia vuelve a repetirse: desde el Gobierno socialista se habla de capacidad de respuesta; desde numerosos sectores de la ciudad se habla de agotamiento.
El problema de los menores
Y todavía queda uno de los asuntos más delicados: los niños. Las últimas cifras difundidas sitúan en 1.527 los menores identificados en Ceuta. Marruecos ha solicitado formalmente su regreso y ha pedido a España que elimine los obstáculos administrativos y judiciales que retrasan la reunificación con sus familias.
Pero la devolución de un menor no puede realizarse como la de un adulto. La legislación exige estudiar individualmente cada caso y determinar si la repatriación responde realmente al interés superior del niño. El Gobierno español mantiene que cualquier retorno será analizado uno por uno. Reuters recoge también que Marruecos ha reiterado su disposición a recibirlos y que Madrid estudia esas repatriaciones individualizadas. Mientras los procedimientos avanzan, Ceuta tiene que alimentarlos, alojarlos, identificarlos y protegerlos. La dimensión administrativa de aquel 30 de julio continúa desarrollándose trece días después.
El 15 de agosto
Pero existe una fecha que domina todas las conversaciones: 15 de agosto.
En las redes sociales circulan desde hace días nuevas convocatorias dirigidas a repetir una entrada masiva en Ceuta. Nadie puede determinar cuántas personas responderán a esos llamamientos ni siquiera si se producirá realmente un intento significativo. Pero después de lo sucedido el 30 de julio, las autoridades españolas y marroquíes no están dispuestas a considerar esas llamadas como simple ruido digital. Marruecos ha instalado nuevas concertinas y varias líneas de alambradas en las inmediaciones del espigón del Tarajal. También ha desplegado vehículos antidisturbios y fuerzas terrestres y marítimas, extendiendo la presunta vigilancia hacia otros puntos del perímetro fronterizo. El Ministerio del Interior marroquí ha confirmado que ha elevado la vigilancia en las fronteras de Ceuta y Melilla ante las convocatorias del día 15 y advirtió de que perseguirá tanto a organizadores como a participantes.
La paradoja resulta inevitable: Marruecos exhibe ahora una capacidad de control fronterizo que muchos ceutíes consideran que estuvo ausente durante las horas decisivas del 30 de julio.
España tampoco quiere correr riesgos. Defensa ha adoptado medidas preventivas con los militares destinados en Ceuta y los dispositivos policiales permanecen reforzados. Fernando Grande-Marlaska, otro inútil, regresará este jueves 13 de agosto a la ciudad para reunirse con el delegado del Gobierno y con los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil y analizar personalmente la situación antes de la fecha señalada.
Y Marruecos vuelve a hablar de soberanía
En ese ambiente ha aparecido además un elemento político especialmente incómodo.
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto a reivindicar públicamente las pretensiones de Rabat sobre Ceuta y Melilla y ha asegurado que Marruecos plantea la cuestión en sus conversaciones con España. El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha respondido tajantemente que la integridad territorial española «no ha sido ni será discutida con nadie». Margarita Robles eligió precisamente Ceuta para contestar: «Ceuta y Melilla no son solo españolas; son españolísimas y no se tocan». La ministra añadió que cualquier agresión contra ambas ciudades constituye una agresión contra España y afirmó que lo sucedido el 30 de julio «no puede volver a ocurrir». Pero no ha explicado qué va a hacer su Gobierno para que esto "no vuelva a ocurrir". La crisis migratoria ha recuperado así una dimensión geopolítica que nunca estuvo completamente ausente.
Una ciudad esperando
Ceuta espera ahora.
Espera que salgan quienes todavía permanecen irregularmente en la ciudad. Espera que se resuelva la situación de los menores. Espera más policías. Espera decisiones administrativas. Espera que las playas vuelvan a ser playas, los colegios vuelvan a ser colegios y los hospitales dejen de trabajar bajo dispositivos extraordinarios.
Pero, sobre todo, espera al 15 de agosto.
El contraste resulta casi surrealista. A un lado de la frontera, Marruecos coloca concertinas, antidisturbios y controles. Al otro, España refuerza policías y militares. En medio, una pequeña ciudad contempla todavía las consecuencias de la mayor entrada irregular registrada en su territorio, mientras miles de invasores duermen en la arena y los voluntarios reparten bolsas de comida.
Y nadie parece capaz todavía de responder a la pregunta más elemental: cuántos invasores quedan exactamente y cuándo podrá Ceuta volver a ser la ciudad que era el 29 de julio. Por eso quizá la frase que mejor resume estos días no procede de Madrid, ni de Rabat, ni de Bruselas. La pronunció este miércoles Juan Vivas, mirando una ciudad que oficialmente debía estar recuperando la normalidad: «Cada día estamos peor».
Miles de inmigrantes continúan en las calles, los servicios públicos trabajan bajo una presión extraordinaria, crece la inquietud entre los vecinos y España y Marruecos blindan la frontera ante el temor de que una nueva convocatoria para el 15 de agosto vuelva a desencadenar una avalancha
La tarde cae sobre la playa del Trampolín y la imagen cuesta encajarla con la idea de que Ceuta haya regresado a la normalidad. Hay hombres sucios tumbados sobre la arena, refugios levantados con plásticos y mantas, pequeños grupos que hablan mirando hacia el mar y largas colas cuando llega la comida. Cruz Roja, Save the Children, Fundación Cruz Blanca y otras organizaciones han convertido esta playa ceutí en uno de los grandes centros improvisados de asistencia de la crisis. El martes 11 de agosto, los voluntarios calculaban que unas 4.000 personas pasarían por allí para recibir comida y agua. Para algunos, aquella bolsa era la primera comida del día. Muchos duermen directamente en la playa.
Trece días después de la invasión de inmigrantes procedentes de Marruecos, Ceuta continúa atrapada en una emergencia que ha cambiado de aspecto, pero no ha desaparecido. Ya no existen las imágenes de decenas de miles de personas atravesando simultáneamente la frontera o nadando alrededor del espigón del Tarajal. La frontera física está ahora reforzada, las fuerzas de seguridad españolas han incrementado su presencia y Marruecos ha comenzado a desplegar al otro lado una barrera de policías, vehículos antidisturbios, alambradas y nuevas concertinas. Pero el caos de aquella jornada se ha trasladado al interior de la ciudad.
La magnitud de lo ocurrido resulta difícil incluso de expresar con cifras. El Ministerio del Interior elevó a 72.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis y aseguró el 4 de agosto que más de 70.000 habían abandonado ya la ciudad. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, miente, como siempre. Miles de invasores continúan en la ciudad, aunque existe un problema sorprendente: nadie parece saber con precisión cuántas personas permanecen hoy en Ceuta.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, habla de unas 10.000 personas todavía presentes y reconoce abiertamente que muchas de ellas no han sido identificadas. «Tenemos 10.000 personas que llegaron en un día y no sabemos quiénes son», ha advertido. Interior, sin embargo, había sostenido días antes que más de 70.000 de las 72.000 entradas contabilizadas habían regresado ya a Marruecos. Las cifras manejadas por una y otra administración no ofrecen, por tanto, una fotografía reconciliada de la población que permanece en territorio ceutí.
Y esta incertidumbre es, precisamente, una de las claves del problema.
«Cada día estamos peor»
Juan Vivas utilizó una expresión difícil de malinterpretar: «Cada día estamos peor». Tras reunirse con la ministra de Defensa, la inútil de Margarita Robles, el presidente ceutí describió la situación como «insostenible» y aseguró que la población se siente «preocupada, indignada y abandonada». Según Vivas, la vida ordinaria de la ciudad continúa alterada y el despliegue de seguridad sigue sin ser proporcional a lo sucedido. «No sabemos qué plan se va a aplicar para cumplir con el objetivo de que estas personas salgan de Ceuta», denunció.
Las palabras del presidente encuentran su reflejo en escenas cotidianas.
El Colegio San Daniel denunciaba hace unas horas que desconocidos habían penetrado en el recinto y utilizado su almacén de Educación Física como alojamiento improvisado. La dirección encontró colchonetas empleadas para dormir, restos de comida, ropa, cigarrillos, material revuelto, excrementos y orines. El propio colegio hizo públicas fotografías y reclamó vigilancia. Cinco días antes, una mujer residente en el Paseo de las Palmeras denunció que un ciudadano marroquí había entrado en su vivienda y llegado hasta su propio dormitorio, introduciéndose en la cama donde ella se encontraba. La Policía Nacional detuvo posteriormente al individuo. La justicia acordó después su expulsión de España.
Son episodios representativos del comportamiento de demasiados de los invasores conjunto de los recién llegados y su enorme repercusión social ayuda a comprender el miedo que existe en determinados barrios y la percepción de pérdida de control que transmiten muchos vecinos.
La Confederación Española de Policía ha reconocido esa inquietud. Su representante en Andalucía Occidental y Ceuta, Eduardo García, ha asegurado que algunos ciudadanos han reducido incluso sus salidas habituales y reclamó mayores refuerzos. La CEP considera insuficientes los aproximadamente 225 agentes de las UIP desplazados desde Madrid y Sevilla, a los que se han ido sumando nuevos efectivos.
La tensión es especialmente visible alrededor de algunos lugares utilizados para atender o concentrar a los inmigrantes. Los vecinos de O'Donnell han convocado una protesta contra la posibilidad de utilizar el antiguo Hospital Militar como centro de internamiento o acogida.
El miedo se mezcla además con los rumores. Durante las últimas horas han circulado mensajes afirmando que Ceuta podría ser confinada o que se adoptarían restricciones extraordinarias de movimiento. La Delegación del Gobierno ha tenido que salir públicamente a negar esas informaciones y solicitar a los ciudadanos que no compartan cadenas o capturas de pantalla de procedencia desconocida. El caos ya no consiste únicamente en miles de personas atravesando una frontera. Consiste también en una ciudad en la que, ante la falta de información oficial veraz, el rumor adquiere velocidad de incendio.
Una playa convertida en campamento
Ningún lugar resume mejor la situación que el Trampolín. La playa se ha convertido en alojamiento improvisado para miles de personas. Se levantan refugios precarios, se reparte comida bajo vigilancia policial y organizaciones humanitarias, bien financiadas con nuestros impuestos, atienden cada día a los invasores. Allí conviven marroquíes con sudaneses, yemeníes, sirios, palestinos, senegaleses, somalíes y mauritanos, según las nacionalidades recogidas sobre el terreno por la prensa local.
Allí se ha producido otra de las escenas que alimentan la sensación de desorden. Un grupo numeroso de inmigrantes subsaharianos comenzó una pelea que terminó desplazándose hasta la carretera. Uno de los participantes sufrió una herida aparentemente causada por un arma blanca. Policía Nacional y Policía Local acudieron al lugar cuando la reyerta ya se estaba disolviendo. La información disponible apunta a que se trató de una disputa interna entre miembros del propio grupo.
También se han producido delitos graves entre los propios inmigrantes. Los juzgados ceutíes investigan tres agresiones sexuales presuntamente cometidas por inmigrantes marroquíes llegados durante la avalancha invasora. Las tres víctimas son mujeres que también habían llegado a Ceuta durante aquellos acontecimientos. El caso más grave afecta a una menor y ha supuesto el ingreso en prisión del acusado.
La emergencia tiene, por tanto, dos caras que se superponen: la preocupación de los ciudadanos que ven alterado su espacio cotidiano y el caos generado por miles de invasores que duermen en playas, calles o instalaciones improvisadas sin saber cuál será su destino.
La sanidad bajo presión
El sistema sanitario constituye otro termómetro de la crisis.
Entre las nueve de la mañana del martes 11 y la misma hora del miércoles 12 de agosto, los servicios de INGESA realizaron 313 asistencias relacionadas con el dispositivo extraordinario, 202 en Atención Primaria y 111 en atención hospitalaria. Se efectuaron además 57 traslados en ambulancia y esta mañana permanecían ingresados 35 pacientes relacionados con el operativo.
INGESA sostiene que el hospital conserva margen asistencial: este miércoles presentaba una ocupación del 63,13% y mantenía 66 camas disponibles. El organismo asegura que continúa garantizada también la atención habitual a los residentes de Ceuta. Pero los profesionales ofrecen una visión bastante más preocupada. SATSE reclama un plan sanitario extraordinario y refuerzos permanentes, mientras el Colegio de Médicos ha pedido a la ministra Mónica García que se desplace personalmente hasta la ciudad. La ministra niega que exista un «colapso sanitario» y asegura que visitará Ceuta en las próximas semanas. La discrepancia vuelve a repetirse: desde el Gobierno socialista se habla de capacidad de respuesta; desde numerosos sectores de la ciudad se habla de agotamiento.
El problema de los menores
Y todavía queda uno de los asuntos más delicados: los niños. Las últimas cifras difundidas sitúan en 1.527 los menores identificados en Ceuta. Marruecos ha solicitado formalmente su regreso y ha pedido a España que elimine los obstáculos administrativos y judiciales que retrasan la reunificación con sus familias.
Pero la devolución de un menor no puede realizarse como la de un adulto. La legislación exige estudiar individualmente cada caso y determinar si la repatriación responde realmente al interés superior del niño. El Gobierno español mantiene que cualquier retorno será analizado uno por uno. Reuters recoge también que Marruecos ha reiterado su disposición a recibirlos y que Madrid estudia esas repatriaciones individualizadas. Mientras los procedimientos avanzan, Ceuta tiene que alimentarlos, alojarlos, identificarlos y protegerlos. La dimensión administrativa de aquel 30 de julio continúa desarrollándose trece días después.
El 15 de agosto
Pero existe una fecha que domina todas las conversaciones: 15 de agosto.
En las redes sociales circulan desde hace días nuevas convocatorias dirigidas a repetir una entrada masiva en Ceuta. Nadie puede determinar cuántas personas responderán a esos llamamientos ni siquiera si se producirá realmente un intento significativo. Pero después de lo sucedido el 30 de julio, las autoridades españolas y marroquíes no están dispuestas a considerar esas llamadas como simple ruido digital. Marruecos ha instalado nuevas concertinas y varias líneas de alambradas en las inmediaciones del espigón del Tarajal. También ha desplegado vehículos antidisturbios y fuerzas terrestres y marítimas, extendiendo la presunta vigilancia hacia otros puntos del perímetro fronterizo. El Ministerio del Interior marroquí ha confirmado que ha elevado la vigilancia en las fronteras de Ceuta y Melilla ante las convocatorias del día 15 y advirtió de que perseguirá tanto a organizadores como a participantes.
La paradoja resulta inevitable: Marruecos exhibe ahora una capacidad de control fronterizo que muchos ceutíes consideran que estuvo ausente durante las horas decisivas del 30 de julio.
España tampoco quiere correr riesgos. Defensa ha adoptado medidas preventivas con los militares destinados en Ceuta y los dispositivos policiales permanecen reforzados. Fernando Grande-Marlaska, otro inútil, regresará este jueves 13 de agosto a la ciudad para reunirse con el delegado del Gobierno y con los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil y analizar personalmente la situación antes de la fecha señalada.
Y Marruecos vuelve a hablar de soberanía
En ese ambiente ha aparecido además un elemento político especialmente incómodo.
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto a reivindicar públicamente las pretensiones de Rabat sobre Ceuta y Melilla y ha asegurado que Marruecos plantea la cuestión en sus conversaciones con España. El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha respondido tajantemente que la integridad territorial española «no ha sido ni será discutida con nadie». Margarita Robles eligió precisamente Ceuta para contestar: «Ceuta y Melilla no son solo españolas; son españolísimas y no se tocan». La ministra añadió que cualquier agresión contra ambas ciudades constituye una agresión contra España y afirmó que lo sucedido el 30 de julio «no puede volver a ocurrir». Pero no ha explicado qué va a hacer su Gobierno para que esto "no vuelva a ocurrir". La crisis migratoria ha recuperado así una dimensión geopolítica que nunca estuvo completamente ausente.
Una ciudad esperando
Ceuta espera ahora.
Espera que salgan quienes todavía permanecen irregularmente en la ciudad. Espera que se resuelva la situación de los menores. Espera más policías. Espera decisiones administrativas. Espera que las playas vuelvan a ser playas, los colegios vuelvan a ser colegios y los hospitales dejen de trabajar bajo dispositivos extraordinarios.
Pero, sobre todo, espera al 15 de agosto.
El contraste resulta casi surrealista. A un lado de la frontera, Marruecos coloca concertinas, antidisturbios y controles. Al otro, España refuerza policías y militares. En medio, una pequeña ciudad contempla todavía las consecuencias de la mayor entrada irregular registrada en su territorio, mientras miles de invasores duermen en la arena y los voluntarios reparten bolsas de comida.
Y nadie parece capaz todavía de responder a la pregunta más elemental: cuántos invasores quedan exactamente y cuándo podrá Ceuta volver a ser la ciudad que era el 29 de julio. Por eso quizá la frase que mejor resume estos días no procede de Madrid, ni de Rabat, ni de Bruselas. La pronunció este miércoles Juan Vivas, mirando una ciudad que oficialmente debía estar recuperando la normalidad: «Cada día estamos peor».
