Hay un momento en la vida de las naciones en el que la discusión sobre los impuestos deja de ser una cuestión contable. Ya no importa únicamente cuánto recauda el Estado, qué porcentaje del PIB representa el gasto público o si una determinada figura tributaria sube dos puntos o baja tres. La verdadera pregunta pasa a ser otra, mucho más profunda: ¿para quién existe el Estado? ¿Existe la Administración para proteger la libertad, la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos o son los ciudadanos quienes han terminado existiendo para alimentar una Administración cada vez más grande, más cara y más difícil de controlar?

El artículo que hoy publicamos en estas páginas plantea esta cuestión con una crudeza deliberada. Puede discutirse alguna cifra, matizarse alguna afirmación o discreparse incluso de algunas de sus conclusiones. Eso forma parte del debate democrático. Pero sería mucho más difícil negar el problema de fondo: España ha construido durante las últimas décadas una arquitectura institucional extraordinariamente costosa cuya expansión parece haberse convertido en un objetivo en sí mismo. Ministerios, consejerías, diputaciones, organismos, observatorios, empresas públicas, asesores, fundaciones, subvenciones, estructuras duplicadas y administraciones superpuestas se reproducen mientras el ciudadano contempla con desconcierto cómo aquello que debería justificar semejante esfuerzo fiscal —la calidad de los servicios públicos, la eficacia administrativa, la seguridad jurídica o la creación de oportunidades— no siempre mejora en la misma proporción.

Conviene establecer una diferencia fundamental. Defender un Estado limitado, eficiente y sometido a control no significa cuestionar la sanidad pública, la educación, las pensiones, las infraestructuras o la asistencia a quienes verdaderamente la necesitan. Precisamente por respeto a esas funciones esenciales debería resultar intolerable el despilfarro. Cada euro destinado a una estructura innecesaria es un euro que no llega a un hospital, a una carretera, a una escuela, a un policía o a reducir la carga que soporta una familia. El gasto público nunca es gratuito. Antes de convertirse en una partida presupuestaria ha sido salario, beneficio empresarial, ahorro o inversión de algún ciudadano.

Durante demasiado tiempo se ha extendido en España una concepción casi mágica del dinero público. Se habla de ayudas, subvenciones, bonificaciones o programas como si sus recursos surgieran espontáneamente de los despachos ministeriales. No es así. El Estado no produce dinero: lo recauda, lo toma prestado o lo crea indirectamente mediante mecanismos monetarios cuyas consecuencias también terminan pagando los ciudadanos. Toda política pública tiene un coste y todo gasto exige algún día un pagador. La cuestión moral y política consiste precisamente en determinar si ese sacrificio está justificado.

El problema se agrava cuando alrededor del presupuesto público comienza a desarrollarse una constelación de intereses cuya supervivencia depende precisamente de que el gasto nunca disminuya. Entonces aparece una perversión conocida en numerosas democracias: quienes administran los recursos tienen incentivos para ampliar continuamente su capacidad de intervención, mientras quienes reciben esos recursos tienen incentivos para defender que continúen fluyendo. Poco a poco, la excepción se convierte en estructura, el programa provisional se transforma en permanente y el organismo creado para resolver un problema sobrevive durante décadas incluso después de que aquel problema haya desaparecido.

España necesita plantearse seriamente hasta qué punto ese fenómeno se ha instalado entre nosotros. Y debe hacerlo sin convertir la discusión en una batalla simplista entre izquierda y derecha. Porque uno de los aspectos más inquietantes de nuestra historia reciente es precisamente la extraordinaria capacidad del sistema para sobrevivir a cualquier alternancia política. Cambian los ministros, cambian los presidentes y cambian los discursos, pero rara vez disminuye la maquinaria. El partido que ayer denunciaba un organismo termina nombrando mañana a sus responsables. El que criticaba el gasto del adversario descubre al llegar al poder nuevas razones para conservarlo. La Administración posee una extraordinaria facilidad para crecer y una resistencia casi biológica a adelgazar.

Por eso la discusión relevante ya no debería ser únicamente quién gobierna, sino qué límites imponemos a quien gobierna. Un sistema verdaderamente liberal y democrático no descansa en la esperanza de que los gobernantes sean virtuosos. Descansa precisamente en lo contrario: en la certeza de que cualquier poder necesita límites, vigilancia, transparencia y contrapesos. Esa fue una de las grandes intuiciones sobre las que se construyó la democracia constitucional occidental. El poder político debe estar limitado porque administra recursos que no son suyos y porque maneja instrumentos capaces de condicionar profundamente la vida de los ciudadanos.

Existe además otra cuestión que durante años apenas se ha querido discutir: la relación entre el poder político y quienes deberían fiscalizarlo. Cuando administraciones públicas destinan importantes cantidades de dinero a publicidad institucional, subvenciones, convenios, patrocinios o ayudas a medios de comunicación, aparece inevitablemente un conflicto que debería preocupar a cualquier periodista, independientemente de su ideología. No hace falta imaginar conspiraciones. Basta comprender los incentivos. Un medio económicamente dependiente del poder tendrá siempre más dificultades para ejercer con absoluta libertad su función de vigilancia sobre ese mismo poder.

Algo parecido sucede cuando organizaciones sociales, empresariales, culturales o sindicales acostumbran su supervivencia a la subvención. Una sociedad civil financiada principalmente por el Estado corre el riesgo de dejar de ser sociedad civil para convertirse en una extensión de la Administración. Y una democracia sin una sociedad civil independiente termina empobreciéndose, porque desaparecen precisamente aquellos espacios capaces de enfrentarse al poder sin necesitar antes su autorización económica.

La gran víctima de este proceso es con frecuencia la clase media. Es decir, quienes trabajan, quienes emprenden, quienes ahorran, quienes compran una vivienda, quienes sostienen una pequeña empresa o quienes intentan construir un patrimonio después de décadas de esfuerzo. Son ciudadanos suficientemente prósperos para contribuir constantemente al sistema, pero no suficientemente poderosos para influir en él. Pagan impuestos cuando cobran, cuando compran, cuando venden, cuando ahorran, cuando heredan, cuando consumen combustible, cuando utilizan electricidad y cuando poseen aquello que previamente adquirieron con rentas que ya habían tributado.

Un país puede soportar durante mucho tiempo una presión creciente sobre sus ciudadanos productivos, pero no indefinidamente. Porque la prosperidad no se decreta en un boletín oficial. Surge de millones de decisiones individuales: estudiar, invertir, contratar, investigar, trabajar más horas, arriesgar capital, fundar una empresa o ahorrar para el futuro. Cuando una sociedad penaliza sistemáticamente esas conductas, termina obteniendo menos de todas ellas. Y cuando después intenta compensar esa menor creación de riqueza mediante más impuestos, más regulación y más deuda, comienza un círculo peligroso cuya consecuencia última es el estancamiento.

La solución tampoco consiste en levantar una motosierra indiscriminada contra todo lo público. Consiste precisamente en hacer algo mucho más difícil: distinguir lo necesario de lo superfluo. Auditar cada organismo, justificar cada subvención, eliminar duplicidades, evaluar resultados, reducir burocracia, simplificar impuestos y obligar a cada Administración a explicar con claridad qué obtiene el ciudadano a cambio del dinero que entrega. En cualquier empresa privada, una estructura que consume recursos sin acreditar resultados termina siendo revisada. No existe ninguna razón democrática para que el sector público deba quedar exento de esa misma exigencia.

También necesitamos recuperar una idea prácticamente desaparecida del vocabulario político español: la responsabilidad fiscal. Endeudarse significa trasladar gasto presente hacia contribuyentes futuros. Es extraordinariamente fácil inaugurar políticas cuyos beneficios disfruta la generación que vota y cuyas facturas pagarán quienes todavía no pueden hacerlo. Precisamente por eso la deuda necesita límites y vigilancia. Un Gobierno responsable debería comportarse respecto al dinero público con más prudencia que un ciudadano respecto al suyo, no con menos.

Pero ninguna reforma administrativa será suficiente si no cambia antes nuestra cultura política. Durante décadas se ha acostumbrado a los españoles a preguntar al Estado qué puede concederles antes de preguntarse cuánto cuesta, quién lo paga o si corresponde realmente al poder público proporcionarlo. La competición electoral se convierte así con demasiada frecuencia en una subasta: nuevas ayudas, nuevos derechos económicos, nuevas subvenciones y nuevos organismos. Raramente aparece la otra mitad de la ecuación. Porque decir quién pagará la factura suele resultar bastante menos popular que anunciar quién recibirá el beneficio.

España necesita invertir esa lógica. El ciudadano no es un súbdito fiscal ni una fuente inagotable de recursos. El empresario no es sospechoso por obtener beneficios. El ahorro no es una anomalía que deba encontrarse siempre una nueva forma de gravar. La propiedad no es una concesión administrativa. Y el dinero público, precisamente porque pertenece a todos, debería administrarse con una austeridad todavía mayor que el dinero privado.

No se trata de destruir el Estado. Se trata de salvarlo de su propia hipertrofia.

Porque cuando un Estado pretende hacerlo todo termina haciendo peor aquello que realmente importa. Cuando intenta protegernos de cada riesgo, regular cada comportamiento, subvencionar cada actividad y organizar cada parcela de la vida social, acaba olvidando sus obligaciones esenciales: garantizar la seguridad, proteger la propiedad, asegurar que la ley sea igual para todos, proporcionar servicios públicos eficaces y crear un marco estable en el que los ciudadanos puedan desarrollar libremente sus proyectos.

Ese debería ser el verdadero debate político de los próximos años. No qué partido puede administrar mejor una maquinaria cada vez más grande, sino qué tamaño debe tener esa maquinaria, qué funciones debe desempeñar y qué límites estamos dispuestos a imponerle.

El rotundo artículo que publicamos hoy utiliza una palabra deliberadamente provocadora para describir la relación que se ha establecido entre el aparato político y la sociedad productiva: «saqueo». La expresión incomodará a muchos. Tal vez deba hacerlo. Porque las sociedades libres también necesitan palabras incómodas que obliguen a formular preguntas incómodas.

Y hay una que España lleva demasiado tiempo evitando preguntarse lo siguiente: ¿Cuánto Estado necesitamos para servir a los ciudadanos y cuánto Estado estamos manteniendo únicamente para que el propio Estado pueda seguir creciendo?

Responder a esa pregunta quizá sea una de las discusiones políticas más importantes que este país tiene pendientes.