Expedientes internos de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos a los que ha tenido acceso este periódico revelan casi una década de sobrevuelos inexplicados de ovnis sobre centrales nuclares. 

Era de noche cuando el objeto apareció sobre la central nuclear de Pilgrim, en Plymouth, Massachusetts. Corría el 29 de septiembre de 2015. La policía local llegó al lugar y comprobó que aquello volaba mucho más alto de lo que había parecido a simple vista —a miles de pies— y resultaba indiscernible a esa distancia. Avisaron a la Administración Federal de Aviación, sin resultado. La Policía Estatal de Massachusetts envió un helicóptero. Tampoco pudo identificarlo. Alguien aventuró que quizá se tratara de un globo meteorológico, pero nadie lo dio por seguro. En los reportes internos, sencillamente, empezaron a llamarlo "un ovni". Lo que ocurrió después no fue una investigación, sino un intercambio de correos entre abogados y funcionarios de la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC, por sus siglas en inglés) tratando de averiguar si el episodio ameritaba siquiera un informe. "Por lo último que supe, el licenciatario no estaba seguro de si el sobrevuelo fue un pájaro, un avión, un dron o Supermán", escribió un funcionario regional. Otro, con más memoria institucional que ironía, respondió: "Eso mismo decía la fuerza aérea en los años 50". La conclusión oficial fue que el hecho no representaba una amenaza —por la distancia— ni indicios de vigilancia o actividad sospechosa, así que no se generó ningún reporte formal. "Esto debería cerrar el episodio", escribió la funcionaria que hizo el seguimiento. El expediente se archivó sin más.

No se cerró. Casi ocho años después, ese mismo vacío —la ausencia de un protocolo para tratar lo que no se puede identificar— volvería a aparecer en la propia NRC, esta vez bajo la mirada del Congreso de Estados Unidos.

La ley que la NRC no estaba lista para cumplir
 

En 2022, el Congreso norteamericano creó dentro del Pentágono la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, en inglés), heredera institucional del escándalo desatado por los vídeos de encuentros de pilotos de la Marina con objetos no identificados. La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2023 no se limitó a crear la oficina: obligó a una decena de agencias federales a alimentarla con datos. Entre ellas, en un párrafo que pocos anticiparon, quedó la NRC.

El texto, calcado en las diapositivas internas que la propia agencia preparó para explicárselo a su plana mayor, no deja margen de interpretación: "In consultation with the Chairman of the Nuclear Regulatory Commission, the number of reported incidents, and descriptions thereof, of unidentified anomalous phenomena or drones of unknown origin associated with nuclear power generating stations, nuclear fuel storage sites, or other sites or facilities regulated by the Nuclear Regulatory Commission" — en consulta con el presidente de la NRC, el número de incidentes reportados, y sus descripciones, de fenómenos anómalos no identificados o drones de origen desconocido asociados a centrales nucleares, sitios de almacenamiento de combustible nuclear u otras instalaciones reguladas por la agencia.

La orden llegó en mayo de 2023: la AARO pidió formalmente a la NRC los datos de sobrevuelos de ovnis y drones para su informe al Congreso. La NRC respondió el 5 de junio. Pero detrás de ese cumplimiento aparente había un problema de fondo, y quien lo puso por escrito con mayor crudeza fue Daryl Johnson, especialista sénior de seguridad de la División de Operaciones de Seguridad de la agencia.

En una presentación interna de agosto de 2023 la que ha podido acceder La Tribuna —tan corporativa en su diseño como demoledora en su contenido, con fondos de constelaciones digitales y tipografía de consultora— Johnson resumió el diagnóstico en una sola diapositiva, subrayada para que nadie la pasara por alto: "We have no idea if UAPs are flying over the aerospace of nuclear power plants or Category I fuel cycle facilities" — "no tenemos idea de si hay fenómenos anómalos no identificados volando sobre el espacio aéreo de las centrales nucleares o las instalaciones de combustible nuclear de categoría I".
No era una hipérbole retórica. Era, literalmente, la situación operativa de la agencia que regula el material nuclear de Estados Unidos. La guía existente para informar de sobrevuelos —actualizada en 2021— cubría aeronaves identificadas y sistemas aéreos no tripulados (drones). No mencionaba, en ningún punto, ovnis. No existía una categoría en la base de datos de incidentes de seguridad (SID) para distinguir un dron de algo que no lo fuera. El resultado, admitido en la propia diapositiva: cualquier objeto que no pareciera un avión de ala fija o rotativa se asumía, por defecto, como un dron. Si un guardia de seguridad en una planta nuclear veía algo sin propulsión aparente, sin ruido, con maniobras de vuelo imposibles para una aeronave convencional —los rasgos que la propia NRC usaba para definir un ovni—, no había ninguna instrucción sobre qué hacer con esa información, ni ninguna casilla donde reportarla como tal.

Johnson no se limitó a diagnosticar el problema: propuso resolverlo. Y ahí es donde el expediente deja de ser un informe técnico y se convierte en el retrato de una institución empujando el tema hacia abajo en la pila de prioridades.

El 16 de agosto de 2023, antes incluso de que la petición formal llegara al escalón directivo, un colega de Johnson —Phil Brochman, el analista que había redactado la nueva Regla de Armas Mejoradas (EWR) de la agencia— planteó por correo si el asunto debía incorporarse a las diapositivas de una reunión pública ya programada sobre esa misma regla. La respuesta de Greg Bowman, uno de los responsables de la división, fue tajante: "Let's stand down from doing any work on this for the time being. I'm concerned about it serving as a distractor from the public meeting and RG updates. […] I'm not supportive of us adding anything to the slides for the public meeting next week at this point" — "bajemos el ritmo con esto por ahora. Me preocupa que sirva de distracción respecto a la reunión pública y las actualizaciones de la guía regulatoria. No apoyo que añadamos nada a las diapositivas de la reunión pública de la próxima semana".

Meses después, en noviembre de 2023, Johnson repasaría ese episodio en un correo a su superior directo, Jesse Rollins, jefe interino de la Oficina de Supervisión y Apoyo de Seguridad: había informado del asunto a otros dos directivos en septiembre y, en sus palabras, "se mostraron bastante pasivos respecto a hacer algo". La lista de medidas que Johnson había propuesto y que, según su propio relato, no prosperaron incluía una advertencia de seguridad formal explicando a las plantas nucleares en qué se diferencia un ovni de un dron, una nueva categoría de reporte en el sistema interno de la agencia y una encuesta sobre las capacidades de sensores de las plantas para detectar este tipo de sobrevuelos.

El patrón se repite en un memorando que Johnson escribió el 4 de diciembre de 2023, en preparación para una reunión individual con Rollins, bajo el título "Ovnis Sumario". Ahí describe a la dirección de su división como "desestimados, sin compromiso" en una reunión previa sobre el tema, y enumera media docena de propuestas —desde una advertencia de seguridad hasta una evaluación de amenazas cinéticas y no cinéticas por parte de la unidad de inteligencia de la agencia— que, según su recuento, no habían recibido respaldo.

Ese mismo documento de diciembre de 2023 contiene el párrafo más inquietante de los expedientes consultados por este periódico, agrupado bajo el epígrafe interno "Be Risk Smart" —el marco de gestión de riesgos reputacionales de la propia NRC—. Johnson enumera ahí los escenarios que, a su juicio, la agencia no está preparada para afrontar:

- Que el Congreso "sepa" ya que ha habido sobrevuelos de ovnis en instalaciones licenciadas por la NRC —a través de filtraciones de otras agencias como el Departamento de Energía, NORAD o la FAA— y decida hacerlo público, "lo cual podría avergonzar a la agencia o a sus funcionarios políticos, como el presidente u otros comisionados".

- Que el requisito de reporte anual a la AARO sea escrutado por el Congreso sin que la NRC pueda ofrecer datos precisos, porque nunca informó a sus licenciatarios del problema ni estableció un mecanismo de recolección. Y que, si "algo malo" llegara a ocurrir involucrando un ovni —contra una instalación nuclear o en cualquier otro lugar—, la agencia se vería obligada a improvisar toda su respuesta, desde la comunicación hasta la recolección de datos, "bajo circunstancias extremadamente estresantes y sensibles al tiempo".

Es, en esencia, un funcionario de seguridad advirtiendo por escrito a sus superiores de que la falta de preparación institucional ante lo desconocido no es solo un problema técnico: es una bomba de tiempo reputacional. Y lo hace invocando, sin ambages, el mismo vocabulario que usaría un gestor de crisis: riesgo de imagen, exposición ante el Congreso, vulnerabilidad ante solicitudes de transparencia.

Porque ese es otro hilo que atraviesa todo el expediente: el número creciente de solicitudes de acceso a la información pública sobre el tema. La propia presentación de Johnson lo señala como uno de los motivos para actuar —la ausencia de una categoría separada para los ovnis obliga al personal a reanalizar manualmente los registros de drones cada vez que llega una solicitud, para determinar si en realidad describen algo que no lo era.

Otro expediente documenta el desconcierto legal que generó la nueva norma. En septiembre de 2023, Phil Brochman preguntó por escrito si las instalaciones dedicadas al enriquecimiento de material nuclear especial o a la fabricación de combustible —reguladas bajo la sección 73.67 del reglamento— quedaban cubiertas por el lenguaje de la NDAA, que habla genéricamente de "otros sitios o instalaciones reguladas por la Comisión Reguladora Nuclear". La respuesta de Johnson fue, básicamente, un encogimiento de hombros institucional: "supongo que sí está cubierto". Semanas antes, Brochman había planteado una duda todavía más incómoda: si la Comisión podía, mediante una futura norma, excluir por decreto a ciertos tipos de licenciatarios de la obligación de reportar ovnis —una posibilidad que, de materializarse, reduciría el alcance real de la ley aprobada por el Congreso.

Incluso el propio lenguaje regulatorio existente generó ambigüedad. La regla vigente sobre actividad sospechosa exige reportar actividad aérea "tripulada o no tripulada" ("manned" or "unmanned") cerca de una instalación. Brochman, en un giro casi filosófico para un documento reglamentario, planteó que si "tripulada" significa operada por humanos, entonces "no tripulada" podría interpretarse como que incluye tanto los drones como cualquier aeronave operada por algo que no sea humano —lo que, a su juicio, quizá bastaba para cubrir legalmente los ovnis sin necesidad de reescribir la norma. Fue, en la práctica, la explicación que permitió a la agencia cerrar el asunto sin tocar su marco regulatorio central, la Regla de Armas Mejoradas.

Los expedientes documentan un desenlace parcial: en agosto de 2023 la dirección de la división —según consta en el propio resumen ejecutivo de Johnson— dio finalmente su visto bueno para pedir a la AARO su guía de reporte para agencias gubernamentales y militares, desarrollar una guía específica para las plantas nucleares y emitir una nueva advertencia de seguridad que incluyera los UAP. El calendario interno fijaba la próxima solicitud de datos de la AARO para el 1 de mayo de 2024, con respuesta de la NRC prevista para el 1 de junio de ese año.

Lo que no queda documentado en este conjunto de archivos es si esas medidas efectivamente se implementaron, cuántos sobrevuelos no identificados —distintos de los de drones convencionales, que la propia agencia cifra en entre 12 y 25 reportes anuales— se han registrado desde entonces, ni qué contuvo finalmente el informe que la NRC entregó al Pentágono. Tampoco hay, en los documentos repasados por este periódico, ninguna evaluación técnica seria de qué pudo sobrevolar Pilgrim aquella noche de 2015, ni de si los objetos que preocupan a la propia agencia representan una amenaza real o son, como sugieren la mayoría de los casos documentados públicamente sobre ovnis, fenómenos explicables con más información.

Lo que sí queda es un patrón: una agencia federal con responsabilidad directa sobre el material nuclear del país, obligada por ley a rastrear lo que no puede explicar, admitiendo por escrito que no tiene ni la capacidad ni, durante buena parte de este proceso, la voluntad institucional de sus mandos para hacerlo. Y un funcionario de seguridad, dentro del propio sistema, insistiendo durante meses —casi en solitario— en que ese vacío es, él mismo, un riesgo.
 

Nota sobre las fuentes: este reportaje se basa en correos electrónicos internos, un memorando ejecutivo, un resumen de política y una presentación en PowerPoint, todos ellos documentos oficiales de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos a los que ha accedido este periódico. Varios de los correos fueron divulgados con redacciones aplicadas por la propia NRC, que tachó nombres y datos de contacto invocando excepciones de privacidad personal e identidad de personal de inteligencia; esas partes no han podido ser verificadas de forma independiente y no se reproducen aquí. Todas las citas textuales en inglés corresponden a las palabras originales de los documentos, traducidas para este reportaje.