Empresario de hidrocarburos
Hamlyn asegura disponer de información sobre la financiación del PNV tras ser detenido por Interpol
El empresario, procesado por un presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, amenaza con revelar datos sobre las cuentas de la formación nacionalista vasca
![[Img #31065]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/08_2026/2654_24.jpg)
El empresario Alejandro Hamlyn, considerado una de las principales figuras de la trama investigada por un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, asegura disponer de «información sobre la financiación» del Partido Nacionalista Vasco. La afirmación se produce después de que Hamlyn fuera detenido por Interpol en Abu Dabi y mientras continúa pendiente de las decisiones que puedan adoptar las autoridades de Emiratos Árabes Unidos sobre su situación y una posible entrega a España.
Según publica The Objective, el empresario ha deslizado que podría aportar datos comprometedores acerca de las cuentas del PNV. Se trata, por el momento, de una declaración del propio Hamlyn cuya veracidad no ha podido ser acreditada públicamente. No existe hasta ahora ninguna prueba conocida que permita afirmar que la formación nacionalista haya incurrido en financiación ilegal ni que haya recibido dinero procedente de las actividades investigadas. La relevancia de la advertencia reside, sin embargo, en las relaciones que durante años mantuvieron las empresas vinculadas al investigado con las instituciones vascas.
Hamlyn se encuentra procesado por fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos dentro de la denominada operación Drake, una investigación de la Audiencia Nacional sobre un presunto entramado dedicado a eludir el pago del IVA mediante la compraventa de combustibles. La causa afectó directamente a Hafesa Energía, grupo empresarial relacionado con Hamlyn que experimentó un rápido crecimiento hasta convertirse en uno de los operadores más destacados del sector.
La trayectoria de Hafesa estuvo rodeada de controversia por el tratamiento fiscal recibido en el País Vasco. La Hacienda vizcaína llegó a conceder a la compañía un aplazamiento para el pago de una deuda tributaria de alrededor de 225 millones de euros, una decisión que suscitó críticas y preguntas sobre las garantías exigidas a la empresa y los criterios utilizados para autorizar una operación de semejante magnitud. El asunto alcanzó también el terreno político por la responsabilidad del PNV al frente de las instituciones forales vizcaínas, aunque el partido ha negado siempre cualquier irregularidad.
La situación empresarial se derrumbó cuando la Audiencia Nacional abrió la operación Drake. La investigación trataba de determinar si la actividad de Hafesa y de otras sociedades había servido para construir una estructura destinada a defraudar el IVA correspondiente a la comercialización de hidrocarburos. Tras la actuación judicial, Hamlyn abandonó España y permaneció fuera del alcance de la Justicia hasta su reciente localización y detención en Abu Dabi.
La amenaza de revelar información sobre la financiación del PNV adquiere una dimensión añadida por la reunión que Hamlyn mantuvo en febrero de 2025 con Leire Díez, la exmilitante socialista que se presentó durante distintos encuentros como una persona con capacidad para actuar en nombre de dirigentes o intereses vinculados al PSOE. Aquella conversación formó parte de las maniobras encaminadas a obtener información contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, quien había participado en investigaciones relacionadas con el fraude de los hidrocarburos.
Durante aquellos contactos, Hamlyn habría ofrecido material que podía perjudicar a miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía a cambio de obtener ayuda en sus procedimientos judiciales. Las grabaciones conocidas posteriormente situaron al empresario en el centro de una operación que pretendía desacreditar a investigadores relacionados con causas sensibles para el entorno socialista. Díez ha negado actuar por encargo del PSOE, mientras que la dirección del partido también ha rechazado cualquier vinculación orgánica con aquellas gestiones.
La detención de Hamlyn puede abrir ahora un nuevo escenario. El empresario conoce el funcionamiento interno de Hafesa, las negociaciones mantenidas con las administraciones tributarias y las relaciones establecidas durante la expansión del grupo. Si la información que dice poseer existe realmente, deberá entregarla ante los tribunales, acompañada de documentos, movimientos bancarios, comunicaciones o testimonios capaces de acreditarla. Una simple insinuación, especialmente cuando procede de una persona procesada que trata de mejorar su situación judicial, no constituye una prueba.
La revelación publicada por The Objective coloca, no obstante, nuevamente bajo el foco las relaciones entre Hafesa y las instituciones controladas por el PNV. También obliga a esclarecer por qué una compañía que acabaría implicada en una de las mayores investigaciones sobre fraude de hidrocarburos recibió facilidades para aplazar una deuda tributaria extraordinariamente elevada y qué controles se aplicaron para proteger el dinero público.
El PNV no puede ser acusado de financiación ilegal a partir de la afirmación de Hamlyn, pero el empresario tampoco es un observador ajeno a los hechos. Fue el principal responsable de un grupo que mantuvo relaciones económicas y administrativas con organismos vascos y que recibió un trato fiscal cuya oportunidad continúa siendo objeto de controversia. Su anunciada información deberá ser examinada con todas las cautelas, pero también investigada hasta sus últimas consecuencias. Solo la aparición de pruebas concretas permitirá determinar si estamos ante una revelación de alcance político y judicial o ante la maniobra defensiva de un fugitivo detenido que intenta negociar desde una posición cada vez más comprometida.
El empresario, procesado por un presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, amenaza con revelar datos sobre las cuentas de la formación nacionalista vasca
El empresario Alejandro Hamlyn, considerado una de las principales figuras de la trama investigada por un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, asegura disponer de «información sobre la financiación» del Partido Nacionalista Vasco. La afirmación se produce después de que Hamlyn fuera detenido por Interpol en Abu Dabi y mientras continúa pendiente de las decisiones que puedan adoptar las autoridades de Emiratos Árabes Unidos sobre su situación y una posible entrega a España.
Según publica The Objective, el empresario ha deslizado que podría aportar datos comprometedores acerca de las cuentas del PNV. Se trata, por el momento, de una declaración del propio Hamlyn cuya veracidad no ha podido ser acreditada públicamente. No existe hasta ahora ninguna prueba conocida que permita afirmar que la formación nacionalista haya incurrido en financiación ilegal ni que haya recibido dinero procedente de las actividades investigadas. La relevancia de la advertencia reside, sin embargo, en las relaciones que durante años mantuvieron las empresas vinculadas al investigado con las instituciones vascas.
Hamlyn se encuentra procesado por fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos dentro de la denominada operación Drake, una investigación de la Audiencia Nacional sobre un presunto entramado dedicado a eludir el pago del IVA mediante la compraventa de combustibles. La causa afectó directamente a Hafesa Energía, grupo empresarial relacionado con Hamlyn que experimentó un rápido crecimiento hasta convertirse en uno de los operadores más destacados del sector.
La trayectoria de Hafesa estuvo rodeada de controversia por el tratamiento fiscal recibido en el País Vasco. La Hacienda vizcaína llegó a conceder a la compañía un aplazamiento para el pago de una deuda tributaria de alrededor de 225 millones de euros, una decisión que suscitó críticas y preguntas sobre las garantías exigidas a la empresa y los criterios utilizados para autorizar una operación de semejante magnitud. El asunto alcanzó también el terreno político por la responsabilidad del PNV al frente de las instituciones forales vizcaínas, aunque el partido ha negado siempre cualquier irregularidad.
La situación empresarial se derrumbó cuando la Audiencia Nacional abrió la operación Drake. La investigación trataba de determinar si la actividad de Hafesa y de otras sociedades había servido para construir una estructura destinada a defraudar el IVA correspondiente a la comercialización de hidrocarburos. Tras la actuación judicial, Hamlyn abandonó España y permaneció fuera del alcance de la Justicia hasta su reciente localización y detención en Abu Dabi.
La amenaza de revelar información sobre la financiación del PNV adquiere una dimensión añadida por la reunión que Hamlyn mantuvo en febrero de 2025 con Leire Díez, la exmilitante socialista que se presentó durante distintos encuentros como una persona con capacidad para actuar en nombre de dirigentes o intereses vinculados al PSOE. Aquella conversación formó parte de las maniobras encaminadas a obtener información contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, quien había participado en investigaciones relacionadas con el fraude de los hidrocarburos.
Durante aquellos contactos, Hamlyn habría ofrecido material que podía perjudicar a miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía a cambio de obtener ayuda en sus procedimientos judiciales. Las grabaciones conocidas posteriormente situaron al empresario en el centro de una operación que pretendía desacreditar a investigadores relacionados con causas sensibles para el entorno socialista. Díez ha negado actuar por encargo del PSOE, mientras que la dirección del partido también ha rechazado cualquier vinculación orgánica con aquellas gestiones.
La detención de Hamlyn puede abrir ahora un nuevo escenario. El empresario conoce el funcionamiento interno de Hafesa, las negociaciones mantenidas con las administraciones tributarias y las relaciones establecidas durante la expansión del grupo. Si la información que dice poseer existe realmente, deberá entregarla ante los tribunales, acompañada de documentos, movimientos bancarios, comunicaciones o testimonios capaces de acreditarla. Una simple insinuación, especialmente cuando procede de una persona procesada que trata de mejorar su situación judicial, no constituye una prueba.
La revelación publicada por The Objective coloca, no obstante, nuevamente bajo el foco las relaciones entre Hafesa y las instituciones controladas por el PNV. También obliga a esclarecer por qué una compañía que acabaría implicada en una de las mayores investigaciones sobre fraude de hidrocarburos recibió facilidades para aplazar una deuda tributaria extraordinariamente elevada y qué controles se aplicaron para proteger el dinero público.
El PNV no puede ser acusado de financiación ilegal a partir de la afirmación de Hamlyn, pero el empresario tampoco es un observador ajeno a los hechos. Fue el principal responsable de un grupo que mantuvo relaciones económicas y administrativas con organismos vascos y que recibió un trato fiscal cuya oportunidad continúa siendo objeto de controversia. Su anunciada información deberá ser examinada con todas las cautelas, pero también investigada hasta sus últimas consecuencias. Solo la aparición de pruebas concretas permitirá determinar si estamos ante una revelación de alcance político y judicial o ante la maniobra defensiva de un fugitivo detenido que intenta negociar desde una posición cada vez más comprometida.
