Pedro Sánchez ha reclamado ante la ONU una alianza mundial para imponer límites a la inteligencia artificial. Ha elegido para defender su plan, como siempre hace para ocultar sus planes tiránicos más siniestros, una causa difícil de discutir: la protección de los niños frente al acoso, los abusos y otros daños del entorno digital. Pero precisamente porque esa causa es importante, conviene exigirle claridad. ¿Qué límites propone? ¿A quién se aplicarían? ¿Quién decidiría qué puede responder una IA? ¿Y qué impediría que una regulación concebida para proteger a los menores acabara condicionando las preguntas y las respuestas de todos los adultos?

Sánchez denuncia el poder de los «tecnoligarcas». Cree que tiene motivos para pedir cuentas a compañías capaces de influir en la vida de millones de personas. Lo que no tiene es un título especial para reclamar nuestra confianza cuando se ofrece a poner orden en esa misma esfera. El poder empresarial necesita vigilancia; el poder político, también. Una IA sometida sin garantías al criterio de un Gobierno podría convertirse en un instrumento extraordinario para favorecer unos relatos, relegar otros y hacer que determinadas preguntas reciban siempre una respuesta previamente domesticada.

La inteligencia artificial ya participa en tareas que antes dependían de un buscador, una biblioteca, un asesor o una conversación: ayuda a investigar, resume documentos, contrasta argumentos y permite explorar ideas controvertidas. Por eso, decidir sus límites no equivale simplemente a regular un producto de consumo. Afecta al acceso al conocimiento. Si un político puede determinar qué temas trata una IA, cómo los trata, qué fuentes considera aceptables o qué conclusiones debe evitar, su influencia llegará hasta el espacio íntimo en el que un ciudadano formula una pregunta. Y eso tiene un nombre: totalitarismo.

Ese peligro no depende del nombre del presidente. Sería muy grave con un sinvergüenza como Pedro Sánchez, pero seguiría siéndolo con cualquier otro gobernante, de cualquier partido. Las reglas que hoy parecen inocuas a quien comparte las ideas del Ejecutivo estarán mañana a disposición de su adversario. Esa es una razón suficiente para desconfiar de las propuestas que prometen una IA «responsable» sin explicar con precisión ante quién responderá, qué obligaciones concretas tendrá y qué libertades conservarán sus usuarios.

Proteger a los menores exige medidas exigentes contra el abuso sexual, el acoso, la explotación de sus datos y los productos diseñados sin atender a su edad. Ninguna de esas medidas requiere entregar a los gobiernos una facultad general para supervisar lo que los adultos preguntan, leen o escriben. La distancia entre ambas cosas debe quedar fijada en las normas, con decisiones públicas, control judicial y vías reales de impugnación. Las buenas intenciones proclamadas desde una tribuna internacional globalsocialista no sustituyen esas garantías.

También las empresas de IA deben dar explicaciones. Sus modelos pueden cometer errores, reproducir sesgos y aplicar criterios opacos para aceptar o rechazar solicitudes. Pero la solución no consiste en añadir a esa opacidad una capa de órdenes políticas. Sería una pésima victoria sobre los «tecnoligarcas» reemplazar el criterio privado de unos pocos directivos por el criterio igualmente discutible de unos pocos ministros. El ciudadano necesita poder cuestionar a ambos.

Sánchez ha escogido una palabra cómoda, «responsabilidad», y una imagen poderosa, la de nuestros hijos. Ahora le corresponde precisar qué quiere hacer en nombre de ellos. Mientras no lo haga, su propuesta merece la más severa desconfianza. Las manos generalmente sucias e indecentes de los políticos deben mantenerse lejos de las respuestas de la IA cuando lo que está en juego es la libertad de los ciudadanos para preguntar, investigar y pensar por sí mismos.