España oculta treinta años de expedientes ovni: el Ministerio de Defensa debe abrir sus archivos
El Ejército del Aire español reconoce que continúa recopilando avisos sobre ovnis y fenómenos extraños y que los expedientes permanecen confidenciales hasta su desclasificación. Después de treinta años de silencio documental, el secreto ha dejado de ser aceptable: Defensa debe inventariar, revisar y abrir públicamente esos archivos.
El archivo público español sobre objetos volantes no identificados termina en 1995. Sus cerca de ochenta expedientes y alrededor de 1.900 páginas pueden consultarse en la Biblioteca Virtual de Defensa. Allí aparecen declaraciones de pilotos, testimonios de ciudadanos, fotografías, croquis, informes militares y explicaciones de sucesos registrados desde 1962. Pero, al llegar a mediados de los años noventa, la documentación se interrumpe como si en los cielos españoles no hubiera vuelto a producirse una observación extraña, una traza de radar sin identificar o una comunicación digna de examen.
Ahora sabemos que no fue así.
Dos resoluciones oficiales del Ministerio de Defensa han confirmado que el Ejército del Aire y del Espacio continúa recopilando «las notificaciones de avistamientos de fenómenos extraños» producidos dentro del espacio aéreo de soberanía nacional. Defensa reconoce también que los expedientes correspondientes reciben tratamiento de confidenciales hasta su desclasificación, conforme a la Instrucción General 40-5. Es decir, el Estado no dejó de recibir información cuando terminó el antiguo proceso de apertura documental. Siguió recogiéndola, pero dejó de mostrarla.
Esta admisión obliga a formular una exigencia democrática elemental: el Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire y del Espacio, cuanto antes, deben identificar, revisar y desclasificar todos los expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados cuya difusión no suponga un riesgo real y actual para la seguridad nacional. No dentro de otros treinta años. Ahora.
No se está pidiendo al Ejército que revele las prestaciones de sus radares, la localización de sensores sensibles, los protocolos de respuesta ante una incursión enemiga o las capacidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas. La defensa nacional exige reserva y cualquier Estado responsable debe protegerla. Pero una cosa es preservar información militar verdaderamente delicada y otra muy distinta utilizar la palabra «confidencial» como una losa permanente colocada sobre conjuntos documentales completos, sin inventario público, sin calendario de revisión y sin que la sociedad sepa siquiera cuántos expedientes existen.
Defensa debe explicar qué ha ocurrido desde 1995. Debe decir cuántas notificaciones ha recibido, cuántas dieron lugar a una investigación formal, cuáles fueron resueltas y cuáles permanecen abiertas o sin explicación suficiente. Debe señalar la fecha del expediente más reciente, indicar qué organismos participaron en su análisis y aclarar quién posee la autoridad para decidir su desclasificación. Esta información puede proporcionarse sin publicar un solo dato técnicamente sensible. Lo que falta no es una exhibición irresponsable de secretos militares, sino un mínimo ejercicio de rendición de cuentas.
La opacidad resulta aún más difícil de justificar porque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha intervenido. En su resolución R CTBG 0867/2026, el organismo estimó la reclamación de un ciudadano y ordenó a Defensa que proporcionara información sobre los documentos, investigaciones e informes técnicos relacionados con fenómenos anómalos no identificados que conserva la Administración. La petición solicitaba conocer su situación administrativa, el grado y la autoridad responsable de su clasificación y la existencia de procedimientos para revisarlos o desclasificarlos.
El comportamiento del Ministerio no fue ejemplar. No respondió a la solicitud inicial y tampoco remitió al Consejo el expediente y las alegaciones que le fueron requeridos durante la tramitación. Este silencio no demuestra la existencia de naves extraterrestres, tecnologías imposibles ni programas clandestinos de recuperación de materiales. Conviene decirlo con toda claridad. Pero sí demuestra una resistencia administrativa a responder preguntas legítimas sobre documentos públicos y sobre el modo en que el Estado aplica el secreto.
Y eso, por sí mismo, ya es grave.
La clasificación no puede convertirse en una forma de desaparición o de censura documental. Tampoco puede funcionar como una decisión perpetua que nadie vuelve a examinar. La seguridad nacional no se protege ocultando indefinidamente un expediente sobre una luz observada hace veinte años cuando ya no subsiste ninguna razón operativa para mantenerlo cerrado. Se protege reservando los datos cuya revelación causaría un perjuicio concreto, demostrable y vigente. El resto debe abrirse, aunque sea suprimiendo coordenadas, características técnicas, identidades o detalles que permitan reconstruir capacidades militares.
La propia historia del Expediente Ovni prueba que esa fórmula es posible. España pudo desclasificar informes elaborados durante la Guerra Fría sin provocar el derrumbe de su sistema defensivo. Publicó expedientes que contenían observaciones realizadas desde bases aéreas y testimonios recogidos por personal militar. La apertura permitió estudiar los casos, descartar explicaciones fantasiosas, identificar errores y conservar una parte singular de nuestra memoria institucional. No existe una razón convincente para sostener que lo que pudo hacerse con los documentos de 1962 a 1995 resulta imposible con los posteriores.
Además, el interés de estos archivos ya no puede reducirse a la vieja discusión sobre los platillos volantes. El espacio aéreo contemporáneo contiene drones, globos estratosféricos, satélites, plataformas de vigilancia, interferencias electrónicas y aparatos difíciles de identificar mediante los procedimientos tradicionales. Los incidentes no resueltos pueden representar fallos de percepción, fenómenos atmosféricos, errores instrumentales o tecnologías extranjeras. Precisamente por eso deben ser estudiados con rigor y sometidos, cuando desaparezcan las razones de seguridad, al examen de científicos, investigadores y periodistas.
Ocultarlos indiscriminadamente perjudica incluso al propio Ejército. La falta de información alimenta especulaciones, convierte cada silencio en una sospecha y permite que rumores sin fundamento ocupen el espacio abandonado por las instituciones. La transparencia responsable no debilita la autoridad militar; la refuerza. Un sistema capaz de explicar qué investiga, qué resuelve y qué debe mantener temporalmente reservado inspira más confianza que otro que se limita a invocar un secreto abstracto y generalizado sin ofrecer cifras, criterios ni plazos.
También resulta inquietante que el Ejército del Aire y del Espacio asegure no tener conocimiento de grupos de trabajo o iniciativas destinados a actualizar los protocolos relativos a estos fenómenos. La Instrucción General 40-5 pertenece a otra época. Desde entonces han cambiado las tecnologías, las amenazas, los sistemas de detección y hasta el vocabulario utilizado internacionalmente. Estados Unidos y otros países han creado organismos, procedimientos de notificación y mecanismos parlamentarios específicos. España parece continuar recopilando incidentes mediante un marco heredado del siglo pasado, sin que exista noticia pública de una modernización.
Defensa tiene la obligación de aclarar si la instrucción sigue plenamente vigente, si ha sido complementada por normas posteriores y qué procedimiento siguen actualmente los avisos transmitidos por pilotos, controladores o unidades militares. Debe explicar también si todos los casos son considerados confidenciales de manera automática o si se analiza individualmente la necesidad de clasificarlos. La aplicación rutinaria del secreto a cualquier notificación, con independencia de su contenido y relevancia, sería difícilmente compatible con una interpretación proporcionada del derecho de acceso a la información.
No basta con remitir al ciudadano a los archivos desclasificados hace décadas. Esa respuesta elude precisamente la cuestión planteada. Nadie pregunta ya qué ocurrió entre 1962 y 1995, porque esa documentación se conoce. La pregunta es qué sucedió después y por qué treinta años de posibles informes continúan ausentes de cualquier catálogo público.
El Ministerio debe publicar una relación completa de los expedientes posteriores a 1995, con las cautelas necesarias; establecer un programa periódico de revisión y desclasificación; entregar versiones expurgadas de aquellos documentos que contengan elementos sensibles, y explicar qué órgano decide mantenerlos cerrados. Debe cumplir íntegramente las resoluciones del Consejo de Transparencia y abandonar la práctica del silencio administrativo ante solicitudes legítimas. Y las Cortes Generales deberían exigir esa información si el Ejecutivo continúa negándose a proporcionarla.
Esta reivindicación no nace de la credulidad ufológica. No presupone que los archivos escondan visitantes de otros mundos ni que cada eco de radar represente una tecnología desconocida. Nace de un principio mucho más sólido: los documentos producidos por el Estado pertenecen a la memoria de la nación y no pueden permanecer ocultos indefinidamente por comodidad burocrática o por una interpretación expansiva del secreto.
El Ejército del Aire ha confirmado que la recopilación continuó. Ha admitido que los expedientes existen como categoría administrativa y que permanecen confidenciales hasta que alguien decide desclasificarlos. Ha llegado, por tanto, el momento de saber quién toma esa decisión, con qué criterios y cuándo piensa ejercerla.
El archivo público termina en 1995. La historia, evidentemente, no. Defensa debe abrir las carpetas que faltan y devolver a los españoles una documentación que solo puede seguir oculta cuando exista una razón verdadera, concreta y demostrable. Todo lo demás no es defensa nacional. Es oscuridad administrativa.
El Ejército del Aire español reconoce que continúa recopilando avisos sobre ovnis y fenómenos extraños y que los expedientes permanecen confidenciales hasta su desclasificación. Después de treinta años de silencio documental, el secreto ha dejado de ser aceptable: Defensa debe inventariar, revisar y abrir públicamente esos archivos.
El archivo público español sobre objetos volantes no identificados termina en 1995. Sus cerca de ochenta expedientes y alrededor de 1.900 páginas pueden consultarse en la Biblioteca Virtual de Defensa. Allí aparecen declaraciones de pilotos, testimonios de ciudadanos, fotografías, croquis, informes militares y explicaciones de sucesos registrados desde 1962. Pero, al llegar a mediados de los años noventa, la documentación se interrumpe como si en los cielos españoles no hubiera vuelto a producirse una observación extraña, una traza de radar sin identificar o una comunicación digna de examen.
Ahora sabemos que no fue así.
Dos resoluciones oficiales del Ministerio de Defensa han confirmado que el Ejército del Aire y del Espacio continúa recopilando «las notificaciones de avistamientos de fenómenos extraños» producidos dentro del espacio aéreo de soberanía nacional. Defensa reconoce también que los expedientes correspondientes reciben tratamiento de confidenciales hasta su desclasificación, conforme a la Instrucción General 40-5. Es decir, el Estado no dejó de recibir información cuando terminó el antiguo proceso de apertura documental. Siguió recogiéndola, pero dejó de mostrarla.
Esta admisión obliga a formular una exigencia democrática elemental: el Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire y del Espacio, cuanto antes, deben identificar, revisar y desclasificar todos los expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados cuya difusión no suponga un riesgo real y actual para la seguridad nacional. No dentro de otros treinta años. Ahora.
No se está pidiendo al Ejército que revele las prestaciones de sus radares, la localización de sensores sensibles, los protocolos de respuesta ante una incursión enemiga o las capacidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas. La defensa nacional exige reserva y cualquier Estado responsable debe protegerla. Pero una cosa es preservar información militar verdaderamente delicada y otra muy distinta utilizar la palabra «confidencial» como una losa permanente colocada sobre conjuntos documentales completos, sin inventario público, sin calendario de revisión y sin que la sociedad sepa siquiera cuántos expedientes existen.
Defensa debe explicar qué ha ocurrido desde 1995. Debe decir cuántas notificaciones ha recibido, cuántas dieron lugar a una investigación formal, cuáles fueron resueltas y cuáles permanecen abiertas o sin explicación suficiente. Debe señalar la fecha del expediente más reciente, indicar qué organismos participaron en su análisis y aclarar quién posee la autoridad para decidir su desclasificación. Esta información puede proporcionarse sin publicar un solo dato técnicamente sensible. Lo que falta no es una exhibición irresponsable de secretos militares, sino un mínimo ejercicio de rendición de cuentas.
La opacidad resulta aún más difícil de justificar porque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha intervenido. En su resolución R CTBG 0867/2026, el organismo estimó la reclamación de un ciudadano y ordenó a Defensa que proporcionara información sobre los documentos, investigaciones e informes técnicos relacionados con fenómenos anómalos no identificados que conserva la Administración. La petición solicitaba conocer su situación administrativa, el grado y la autoridad responsable de su clasificación y la existencia de procedimientos para revisarlos o desclasificarlos.
El comportamiento del Ministerio no fue ejemplar. No respondió a la solicitud inicial y tampoco remitió al Consejo el expediente y las alegaciones que le fueron requeridos durante la tramitación. Este silencio no demuestra la existencia de naves extraterrestres, tecnologías imposibles ni programas clandestinos de recuperación de materiales. Conviene decirlo con toda claridad. Pero sí demuestra una resistencia administrativa a responder preguntas legítimas sobre documentos públicos y sobre el modo en que el Estado aplica el secreto.
Y eso, por sí mismo, ya es grave.
La clasificación no puede convertirse en una forma de desaparición o de censura documental. Tampoco puede funcionar como una decisión perpetua que nadie vuelve a examinar. La seguridad nacional no se protege ocultando indefinidamente un expediente sobre una luz observada hace veinte años cuando ya no subsiste ninguna razón operativa para mantenerlo cerrado. Se protege reservando los datos cuya revelación causaría un perjuicio concreto, demostrable y vigente. El resto debe abrirse, aunque sea suprimiendo coordenadas, características técnicas, identidades o detalles que permitan reconstruir capacidades militares.
La propia historia del Expediente Ovni prueba que esa fórmula es posible. España pudo desclasificar informes elaborados durante la Guerra Fría sin provocar el derrumbe de su sistema defensivo. Publicó expedientes que contenían observaciones realizadas desde bases aéreas y testimonios recogidos por personal militar. La apertura permitió estudiar los casos, descartar explicaciones fantasiosas, identificar errores y conservar una parte singular de nuestra memoria institucional. No existe una razón convincente para sostener que lo que pudo hacerse con los documentos de 1962 a 1995 resulta imposible con los posteriores.
Además, el interés de estos archivos ya no puede reducirse a la vieja discusión sobre los platillos volantes. El espacio aéreo contemporáneo contiene drones, globos estratosféricos, satélites, plataformas de vigilancia, interferencias electrónicas y aparatos difíciles de identificar mediante los procedimientos tradicionales. Los incidentes no resueltos pueden representar fallos de percepción, fenómenos atmosféricos, errores instrumentales o tecnologías extranjeras. Precisamente por eso deben ser estudiados con rigor y sometidos, cuando desaparezcan las razones de seguridad, al examen de científicos, investigadores y periodistas.
Ocultarlos indiscriminadamente perjudica incluso al propio Ejército. La falta de información alimenta especulaciones, convierte cada silencio en una sospecha y permite que rumores sin fundamento ocupen el espacio abandonado por las instituciones. La transparencia responsable no debilita la autoridad militar; la refuerza. Un sistema capaz de explicar qué investiga, qué resuelve y qué debe mantener temporalmente reservado inspira más confianza que otro que se limita a invocar un secreto abstracto y generalizado sin ofrecer cifras, criterios ni plazos.
También resulta inquietante que el Ejército del Aire y del Espacio asegure no tener conocimiento de grupos de trabajo o iniciativas destinados a actualizar los protocolos relativos a estos fenómenos. La Instrucción General 40-5 pertenece a otra época. Desde entonces han cambiado las tecnologías, las amenazas, los sistemas de detección y hasta el vocabulario utilizado internacionalmente. Estados Unidos y otros países han creado organismos, procedimientos de notificación y mecanismos parlamentarios específicos. España parece continuar recopilando incidentes mediante un marco heredado del siglo pasado, sin que exista noticia pública de una modernización.
Defensa tiene la obligación de aclarar si la instrucción sigue plenamente vigente, si ha sido complementada por normas posteriores y qué procedimiento siguen actualmente los avisos transmitidos por pilotos, controladores o unidades militares. Debe explicar también si todos los casos son considerados confidenciales de manera automática o si se analiza individualmente la necesidad de clasificarlos. La aplicación rutinaria del secreto a cualquier notificación, con independencia de su contenido y relevancia, sería difícilmente compatible con una interpretación proporcionada del derecho de acceso a la información.
No basta con remitir al ciudadano a los archivos desclasificados hace décadas. Esa respuesta elude precisamente la cuestión planteada. Nadie pregunta ya qué ocurrió entre 1962 y 1995, porque esa documentación se conoce. La pregunta es qué sucedió después y por qué treinta años de posibles informes continúan ausentes de cualquier catálogo público.
El Ministerio debe publicar una relación completa de los expedientes posteriores a 1995, con las cautelas necesarias; establecer un programa periódico de revisión y desclasificación; entregar versiones expurgadas de aquellos documentos que contengan elementos sensibles, y explicar qué órgano decide mantenerlos cerrados. Debe cumplir íntegramente las resoluciones del Consejo de Transparencia y abandonar la práctica del silencio administrativo ante solicitudes legítimas. Y las Cortes Generales deberían exigir esa información si el Ejecutivo continúa negándose a proporcionarla.
Esta reivindicación no nace de la credulidad ufológica. No presupone que los archivos escondan visitantes de otros mundos ni que cada eco de radar represente una tecnología desconocida. Nace de un principio mucho más sólido: los documentos producidos por el Estado pertenecen a la memoria de la nación y no pueden permanecer ocultos indefinidamente por comodidad burocrática o por una interpretación expansiva del secreto.
El Ejército del Aire ha confirmado que la recopilación continuó. Ha admitido que los expedientes existen como categoría administrativa y que permanecen confidenciales hasta que alguien decide desclasificarlos. Ha llegado, por tanto, el momento de saber quién toma esa decisión, con qué criterios y cuándo piensa ejercerla.
El archivo público termina en 1995. La historia, evidentemente, no. Defensa debe abrir las carpetas que faltan y devolver a los españoles una documentación que solo puede seguir oculta cuando exista una razón verdadera, concreta y demostrable. Todo lo demás no es defensa nacional. Es oscuridad administrativa.
