El investigador Guillermo Rocafort reúne reclamaciones de transparencia, documentos administrativos e informes internacionales para cuestionar las garantías del proceso electoral español. Su tesis de un «pucherazo híbrido» plantea acusaciones que deben distinguirse de las irregularidades y recomendaciones acreditadas.

El documento está fechado el 8 de septiembre de 2023 y responde a una queja presentada después de las elecciones generales del 23 de julio. El investigador Guillermo Rocafort Pérez había solicitado al Defensor del Pueblo que instara su anulación. Denunciaba la convocatoria en pleno verano, las condiciones de calor y, sobre todo, lo que consideraba un incumplimiento generalizado de las obligaciones del escrutinio definitivo. La respuesta no declaró fraudulentas aquellas elecciones, pero recordó una regla que atraviesa toda su investigación: los resultados provisionales difundidos durante la noche electoral nunca pueden sustituir el recuento oficial de las juntas electorales conforme a las actas de las mesas.

En esa distancia entre la cifra que aparece en una pantalla y el documento que acredita el resultado sitúa Rocafort el centro de su denuncia. Su trabajo, una recopilación de artículos, reclamaciones, respuestas administrativas e informes de observación electoral, sostiene que España presenta vulnerabilidades que afectan tanto al procesamiento de los dato electorales como a las condiciones en las que los ciudadanos deciden su voto. El autor denomina a esa combinación «pucherazo híbrido»: una presunta alteración de la competencia política mediante opacidad tecnológica, utilización de recursos públicos, desequilibrios informativos y decisiones sobre el censo.

La acusación es de gran alcance. Su documentación permite examinar conflictos reales sobre transparencia y garantías electorales, aunque no acredita por sí sola una operación coordinada para alterar el resultado nacional. Tampoco permite atribuir a los organismos internacionales citados una declaración de fraude en España que estos no han formulado. La fuerza informativa del dossier reside en identificar documentos, procedimientos y preguntas concretas que pueden contrastarse.

DOS RECUENTOS Y UNA DIFERENCIA DECISIVA

La investigación concentra buena parte de sus críticas en Indra y en su intervención tecnológica en la difusión de resultados provisionales. Sin embargo, el punto de partida exige distinguir funciones: en España, el recuento de las papeletas corresponde a las mesas electorales; los servicios tecnológicos permiten recoger, procesar y difundir los datos provisionales; y las juntas electorales realizan el escrutinio general con valor legal. Confundir esos niveles atribuiría al proveedor informático competencias que la legislación reserva a otros actores.

Los artículos 103 a 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regulan el escrutinio general, su carácter público, la apertura de la documentación electoral y la verificación del recuento y de la suma de los votos recogidos en las actas. Ese procedimiento no consiste normalmente en volver a contar todas las papeletas. Su garantía central es comprobar los resultados documentados por las mesas y corregir los errores materiales o aritméticos que correspondan.

Rocafort sostiene que numerosas juntas convierten ese trámite en una ratificación de los datos provisionales. Es una de las afirmaciones más graves de su trabajo y requeriría una comprobación individual de actas, sesiones e incidencias para establecer su extensión. La resolución de la Junta Electoral Central publicada en el BOE el 1 de septiembre de 2023 señala, por su parte, que los resultados oficiales se elaboraron conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las juntas provinciales y las de Ceuta y Melilla.

La carta del Defensor del Pueblo reproducida en el dossier aporta contexto a esta controversia. Cita el recordatorio de la Junta Electoral Central según el cual los resultados provisionales pueden utilizarse para cotejar los oficiales, pero nunca reemplazarlos. También aclara que la restricción estival de la legislación electoral andaluza se aplica a las elecciones autonómicas, no a las generales. La institución recoge las preocupaciones del reclamante y explica las vías de recurso, sin asumir su conclusión de que los comicios fueron fraudulentos.

LA CONFIDENCIALIDAD COMO FRONTERA

El terreno más concreto de la investigación aparece en las solicitudes de acceso a información. Rocafort pregunta por auditorías, simulacros, fallos de transmisión, planes de contingencia y compromisos de confidencialidad de los representantes de la Administración. Quiere conocer qué controles se aplicaron y qué información permitiría a un tercero examinar su funcionamiento.

En una respuesta que reproduce el dossier, el Ministerio del Interior afirma que no constan incidentes técnicos en la transmisión de los datos de los representantes al centro de procesamiento durante la jornada del 23 de julio. Para otras cuestiones invoca la confidencialidad contractual y el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad. El Ministerio explica asimismo que las declaraciones de confidencialidad son recabadas y custodiadas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

La controversia tiene respaldo documental independiente. La resolución 2024-0521 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno examina una solicitud sobre sanciones y auditorías de Indra y cuestiona la suficiencia de la respuesta ministerial. Advierte que una cláusula de confidencialidad no impide contestar cuestiones ajenas al contrato y exige justificar la aplicación de las causas legales de inadmisión o de los límites al acceso. Es una objeción a la denegación de información; no constituye una constatación de manipulación electoral.

Rocafort relaciona ese conflicto con las interrupciones de la web de resultados en las elecciones de mayo de 2023. Reclama detalles sobre el tráfico recibido, las decisiones adoptadas y los protocolos de protección. Su argumento es que una incidencia que interrumpe la información pública debe poder explicarse y revisarse. La caída de una página, sin embargo, no demuestra por sí misma que se hayan alterado los datos de origen, las actas o el resultado oficial. Para establecer esa relación harían falta registros y discrepancias verificables.

EL CONTRATO Y LAS RELACIONES EMPRESARIALES

Otro capítulo reconstruye la licitación de servicios electorales para 2023. Según el análisis de Rocafort, el procedimiento tuvo un único licitador, una presentación inicial de documentación considerada insuficiente, una propuesta de declaración de concurso desierto y una reapertura del plazo tras consultar a la Abogacía del Estado. El autor interpreta la secuencia como un trato favorable a Indra y cuestiona la competencia efectiva en un servicio especialmente sensible.

El relato remite al expediente de contratación y plantea cuestiones comprobables sobre los plazos, los informes y las condiciones de presentación. Calificar jurídicamente la adjudicación como un amaño exigiría demostrar una infracción y sus responsables. La concentración de proveedores o una tramitación discutida son cuestiones relevantes para el control de la contratación, pero no prueban una alteración de votos.

El dossier incorpora también las relaciones accionariales y comerciales entre Indra y Prisa. A partir de documentación empresarial de 2024, Rocafort señala participaciones vinculadas a Amber Capital y operaciones de servicios entre ambas compañías. Su preocupación es la proximidad entre un proveedor de tecnología electoral y un grupo de comunicación con influencia en el debate político. La existencia de accionistas coincidentes y relaciones comerciales debe distinguirse, no obstante, de la afirmación de que ambas sociedades tienen un propietario único o forman una estructura dedicada a manipular elecciones.

La investigación amplía esa discusión hacia referencias a Minsait, al desarrollo de la plataforma de la cátedra de Begoña Gómez y a menciones de Indra en documentación sobre personas del entorno socialista. Rocafort utiliza esas conexiones para construir su interpretación de una proximidad entre empresa y poder político. Cada episodio requiere su propia comprobación: ni una colaboración tecnológica ni una mención en una investigación penal establecen automáticamente una conexión con fraude electoral.

LO QUE DICEN LOS OBSERVADORES

Los informes internacionales constituyen uno de los principales apoyos del dossier. Rocafort destaca recomendaciones de la OSCE sobre publicidad de las reuniones de las juntas, acceso de observadores, garantías del voto postal, publicación de resultados desglosados y prevención del uso electoral de los cargos públicos. Esas propuestas señalan ámbitos concretos en los que aumentar la transparencia y la capacidad de control.

La lectura completa del balance de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos sobre las elecciones de 2023 introduce un contraste esencial. Describe un entorno competitivo y pluralista, con respeto a las libertades fundamentales, una gestión eficaz y confianza de los actores en los órganos electorales. También identifica aspectos técnicos que merecen revisión. El equipo tuvo un mandato limitado y no ofreció una evaluación integral del proceso.

Además, la OSCE informó de avances en algunas recomendaciones anteriores: dos plenamente aplicadas, cinco mayoritariamente implementadas y tres atendidas parcialmente. Otras seguían pendientes. Por tanto, el balance recoge reformas insuficientes y progresos; no respalda una afirmación de incumplimiento absoluto ni clasifica a España como una autocracia electoral. Esa caracterización pertenece al análisis político de Rocafort.

LAS ADVERTENCIAS DEL EXTERIOR

Para explicar sus sospechas, el investigador reúne antecedentes de Angola, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Londres. Los utiliza para señalar riesgos asociados a sistemas informáticos poco transparentes, dificultades de observación y auditorías sin independencia suficiente. Las experiencias tienen valor comparativo, aunque las funciones de una empresa, las normas y las garantías disponibles difieren entre países y convocatorias.

En República Dominicana, la misión de la OEA sobre los comicios de 2016 documentó problemas de equipos, conectividad, personal técnico y procedimientos de conteo. Recomendó una reforma estructural del marco legal y señaló que la incorporación de tecnología debe acompañarse de preparación y consenso. El informe acredita deficiencias de aquella elección. La afirmación de Rocafort de que la OEA rechazaría unas elecciones españolas es una extrapolación del autor, no un pronunciamiento de la organización.

El informe del Centro Carter sobre Colombia en 2022 ofrece una advertencia particularmente concreta. Señala que una auditoría de ciberseguridad fue realizada por SIA, perteneciente a Indra, comprometiendo su independencia. También recoge carencias en documentación de auditoría y desacuerdos sobre el acceso de los partidos. Pero el mismo informe afirma que la divulgación de los resultados presidenciales cumplió su objetivo, que no hubo cuestionamientos a su integridad y que su trazabilidad estuvo garantizada. Ambas conclusiones forman parte de la fuente.

En Angola, Rocafort cita estudios sobre falta de transparencia y oposición a la contratación de Indra. En Venezuela y Londres reúne críticas a sistemas automatizados y restricciones de acceso. Estos antecedentes justifican examinar contratos, auditorías y controles concretos. No permiten trasladar automáticamente a España una acusación de fraude ni atribuir a un proveedor la responsabilidad por todos los problemas institucionales de los países donde opera.

EL CENSO, EL CORREO Y EL DEBATE PÚBLICO

La segunda gran vertiente del dossier se ocupa del censo exterior y de la adquisición de nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática. Rocafort cuestiona el alcance de la instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente, y relata sus solicitudes de expedientes, informes y comunicaciones consulares. Su hipótesis es que la ampliación de beneficiarios habría perseguido incorporar electores favorables al PSOE.

La instrucción está publicada en el BOE y permite examinar sus criterios jurídicos. Pero demostrar un propósito de captación partidista y un efecto electoral determinado exigiría más que acreditar nuevas nacionalidades: harían falta datos sobre incorporación al censo, participación e indicios que sostuvieran esa finalidad. El dossier no ofrece una medición que permita establecer cuántos votos habría obtenido una candidatura por esa vía. Tampoco puede suponerse una preferencia política uniforme entre los nuevos ciudadanos.

El voto por correo ocupa otro lugar destacado. El autor conecta los riesgos de suplantación y compra de sufragios con los controles de identificación y con episodios locales como los denunciados en Melilla. Su propuesta es mucho más restrictiva que el criterio de la Comisión de Venecia: el Código de Buenas Prácticas no establece una prohibición general del voto postal, sino que condiciona su admisibilidad a la seguridad y fiabilidad del servicio. El debate pertinente exige determinar qué controles funcionan, cuáles necesitan refuerzo y qué irregularidades concretas se han probado.

El concepto de «pucherazo híbrido» se extiende finalmente a los medios y a los verificadores. Rocafort cuestiona la independencia de RTVE, las relaciones entre financiación y agenda informativa y la selección de contenidos de Newtral, Maldita.es y Factchequeado. Recoge observaciones críticas que atribuye a evaluaciones de Newtral y desarrolla una denuncia de la moderación de contenidos y de los proyectos europeos contra la desinformación. Su tesis es que esos mecanismos pueden favorecer unas opciones políticas y limitar la circulación de otras.

Esta vertiente plantea una discusión sobre pluralismo, neutralidad y libertad de expresión, pero requiere pruebas específicas para sostener una intervención electoral concertada. Un desequilibrio en las verificaciones debe estudiarse atendiendo a los criterios de selección y a la exactitud de cada trabajo. La financiación pública o privada, por sí sola, no demuestra que exista una orden para beneficiar a un partido. El dossier agrupa bajo un mismo concepto fenómenos que deben analizarse por separado para determinar su responsabilidad y alcance.

DE LA SOSPECHA AL CONTROL COMPROBABLE

El trabajo de Rocafort también contiene propuestas: publicar imágenes de las actas, facilitar el cotejo por mesa, reforzar la intervención de funcionarios con funciones de fe pública y realizar comprobaciones aleatorias mediante auditores electorales. Más allá de su acusación general, esas medidas expresan una demanda verificable: que la ciudadanía pueda comprender y comprobar el trayecto entre el voto depositado y el resultado proclamado.

Su investigación abre así dos planos distintos. Uno es la denuncia de una operación política y tecnológica a favor de Pedro Sánchez, cuya existencia no queda demostrada con el material reunido. El otro es la discusión documentada sobre acceso a información, controles independientes y reformas recomendadas. Resolver esta segunda cuestión exige respuestas sobre expedientes, auditorías y procedimientos concretos, con el grado de publicidad compatible con su protección.

La carta de septiembre de 2023 devuelve el debate a su punto de partida. La noche electoral ofrece cifras provisionales; las actas y el escrutinio general sostienen el resultado legal. Rocafort reclama que esa diferencia deje de ser una explicación reservada a especialistas y se traduzca en garantías que puedan examinarse. La respuesta a su investigación dependerá de la comprobación de cada denuncia y de la documentación que permita conocer, paso a paso, cómo se protege el voto.