PRÓLOGO. LA VÍSPERA DE TODO

Hoy, 8 de octubre, una jueza subirá a declarar como víctima. No es el papel al que está acostumbrada. Beatriz Biedma ha pasado su vida al otro lado de la mesa, haciendo preguntas, firmando autos, mirando a los ojos a gente que mentía. Hoy será ella quien responda, ante el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional.

No sabemos cómo ha pasado esta noche tensa, pero sí sabemos qué le espera en la sala. Un expediente que ha crecido en dos semanas como crece la hiedra en una casa abandonada. Un informe de la UCO de la Guardia Civil recién conocido. Casi un centenar de vídeos de YouTube con su nombre. Una agenda con una línea escrita a mano. Y una palabra, "eliminar", que en esta historia nadie ha querido definir del todo.

Toda novela negra empieza con un muerto. Esta tiene dos, y ninguno es ella. Para entender por qué, hay que volver a un bar de Badajoz, a la hora del desayuno, en un día que el calendario solo regala cada cuatro años.

El 29 de febrero de 2024, en el bar Vaquerizo de Badajoz, a la hora del café con tostada, unos disparos alcanzaron a "El Tutu", yerno del patriarca de "Los Rochos", un clan mafioso que lleva décadas asociado al tráfico de cocaína en Extremadura. A su lado estaba su mujer, Cintia Rocho. También recibió un disparo. Ella sobrevivió. Él no.

Diez meses después, el 30 de diciembre, le tocó al patriarca. Jesús Rocho murió tiroteado dentro de su coche. Según publicó ESdiario, la jueza de guardia en Badajoz aquel día era Beatriz Biedma. En una ciudad de ciento cincuenta mil habitantes, los caminos se cruzan. Lo que no suele ocurrir es que vuelvan a cruzarse así.

Con el padre y el marido enterrados, el clan quedó en manos de Cintia. En las agendas y los informes que vendrían después tiene otro nombre, uno que suena a personaje de copla y no lo es: "La Celsa".

Mientras tanto, en el Juzgado de Instrucción número 3, la misma jueza llevaba otro asunto, uno que no olía a pólvora sino a papel. Investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su puesto en la Diputación de Badajoz. Aquel expediente terminaría en juicio y, el 14 de julio de 2026, en una condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Hoy Biedma es la jueza decana de Badajoz. Alguien que la conocía por fotografías diría de ella, más tarde, la frase que mejor la resume: que "nunca cedió a nada".

En las novelas, a la gente que no cede se le busca un precio. Si no lo tiene, se le busca otra cosa.

Agosto de 2024. Tarifa, donde el viento de Levante vuelve locos a los turistas y los windsurfistas lo celebran. Según el informe de la Guardia Civil, ese mes se pusieron en contacto dos empresarios: Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, y Javier Pérez Dolset. El 23 de agosto se sentaron con Leire Díez, la antigua militante socialista conocida como la "fontanera" del PSOE.

Al día siguiente de este encuentro nació un grupo de WhatsApp. Lo llamaron "Vacaciones y viajes". Hay nombres que delatan a quien los elige, y este tiene la inocencia impostada de un alias de película: nada más aburrido para un curioso que las fotos de las vacaciones de otro. Los investigadores sostienen que ahí se concertaron.

El informe añade un escenario digno de cualquier novela de espías: un piso en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid, usado para reuniones. Y una nota hallada en un dispositivo de Pérez Dolset, escrita con la economía brutal de quien no espera que nadie la lea: "Jueza del hermano, choriza sin igual". Y otra, más práctica: "Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info".

Parra, según el mismo documento, declaró que la jueza fue "objeto de seguimientos por parte de personas". El verbo es pasivo. Los seguidores no tienen nombre. Todavía.

Toda trama necesita un mensajero, y los mensajeros de las novelas negras suelen ser hombres caídos. Luis José Sáenz de Tejada fue juez. En 2022 dejó de serlo: lo expulsaron de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género. Lo que le quedó fue un micrófono. Hoy dirige un canal de YouTube con un nombre que es casi un disfraz: Magistrado Anticorrupción TV.

Desde ahí, según la documentación que Biedma entregó a Pedraz el 30 de septiembre, se publicaron cerca de un centenar de vídeos sobre ella. Uno se titula "Jueza condenada: viola derechos humanos" y supera las once mil visualizaciones. Otro, "Jueza caso Sánchez se pelea con la Fiscalía", pasa de las treinta y ocho mil. Hay insultos, descalificaciones y algo más inquietante: menciones al colegio de sus hijas y anuncios de futuras "sorpresitas".

El escrito de la jueza dibuja una curva. El tono se endurece en agosto de 2024, el mes de Tarifa y del grupo de WhatsApp. Vuelve a subir entre febrero y marzo de 2025, cuando el exjuez emprende acciones legales contra ella. Biedma sostiene que Sáenz de Tejada presumía de conocer el colegio de sus hijas y de asistir a las reuniones que allí se celebraban. Según ESdiario, él mismo lo reconoció con una frase que en un thriller iría en la contraportada: "Sé dónde vive y a qué colegio van sus hijas".

Sáenz de Tejada niega todo lo demás. Ha calificado las acusaciones de "absolutamente falsas" y ha anunciado acciones legales. Conviene anotarlo, porque es la otra mitad de la historia: el hombre al que todos señalan como mensajero dice que nunca llevó ningún mensaje.

El 25 de marzo de 2025, Leire Díez escribió en su agenda una línea que hoy pesa más que muchos sumarios: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Tres sintagmas, ningún verbo. La jueza. La jefa del clan. Y una alternativa que parece un menú. En esta historia hay, además, un hombre apodado El Gitano: según The Objective, Sáenz de Tejada admitió haberse reunido en Badajoz con un intermediario de un narcotraficante con ese alias, y el informe de la Guardia Civil cita como testigo a un tal Ángel Martín, "El Gitano". Nadie ha establecido oficialmente que sea el de la agenda. Díez sostiene que sus notas "se están interpretando fuera de contexto". El 28 de septiembre, el juez Pedraz decidió no investigar esa anotación por ahora: no ve, de momento, relación directa suficiente con la causa.

Aquellas semanas fueron intensas. El Español fecha dos reuniones con la Fiscalía General del Estado, el 6 de marzo y el 4 de abril de 2025, y sitúa en el entorno de la operación a Santos Cerdán, a Díez, a Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo. Nada de esto prueba que la Fiscalía ofreciera nada a nadie.

Lo que sí publicó el periódico el 21 de septiembre de 2026, atribuido a una fuente que estuvo en las conversaciones, fue la frase que resume la trama: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos". Apartarla "por lo civil o lo criminal". Según la declaración de Cintia Rocho que recoge el informe de la UCO recién conocido, el exjuez le habló de la magistrada sin ninguna diplomacia: era "un puto grano en el culo y hay que eliminarla", porque "llevaba la voz cantante de los juzgados". Y remató con un refrán de los de antes, de los que no necesitan traducción: "A palos aprende el burro".

La oferta, según los relatos, no era solo judicial. Un exmiembro del clan asegura que también hubo promesas con Hacienda, por un dinero de Los Rochos bloqueado por la Agencia Tributaria. Archivar causas y desbloquear dinero a cambio de quitar de en medio a una jueza. En las novelas, esto se llama un trato. En el Código Penal tiene otros nombres, y serán los jueces quienes digan si alguno encaja.

La testigo más importante de esta historia no lleva toga ni placa. Es la viuda de un hombre asesinado en un bar, la hija de otro tiroteado en su coche, y la mujer a la que la prensa señala como líder de un clan de narcotraficantes. Cintia Rocho decidió hablar el 21 de septiembre en El tiempo justo, de Telecinco, ante el periodista Alfonso Egea.

Contó que poco después de la muerte de su marido la contactaron dos personas: un magistrado y un abogado, cuyos nombres dice que solo dará a la Guardia Civil. Según su relato, presumían de influencia sobre el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y le dieron algo más que palabras: "Me mandan la dirección de su casa (de la jeza Biedma), fotografías en el gimnasio, muchísima información".

Reconoce que nadie le dio una orden explícita. Pero hace la pregunta que cualquier detective se habría hecho, y se la responde sola: "¿Por qué me envías una dirección de una magistrada? Si no es para hacer daño físico, no necesitas la dirección de una casa". La petición, dice, fue creciendo hasta incluir direcciones de compañeros de la jueza.

Ella dijo que no. No quería, explicó, que a su familia la señalaran como sicarios. El Español aporta otro motivo, menos noble y más creíble en este oficio: el clan no se fiaba del mensajero. Y Rocho dejó una frase que sirve de epígrafe a todo el caso: "A mí no me hubiera gustado ser Beatriz".

La última semana de septiembre, agentes de la UCO viajaron a Badajoz y le tomaron declaración durante unas cuatro horas. Lo que dijo allí es lo que hoy ha salido a la luz. Hay una ironía que ningún novelista se atrevería a firmar por inverosímil: si todo esto se confirma, la jueza que investigaba al hermano del presidente no estuvo protegida por el Estado, sino por la desconfianza de un clan de la droga.

En las novelas negras siempre aparece, hacia el tercer acto, un personaje secundario que cambia el sentido de todo lo anterior. Aquí, el personaje llega en moto. El 5 de octubre, El Debate publicó el testimonio de un antiguo miembro de Los Rochos al que identifica como "Moto Ratón". Dice que repartía cocaína en motocicleta y que dejó el clan tras una disputa por dinero. Dice también que vive amenazado y que hace poco dispararon contra la casa de su hermano, con niños dentro. Y dice esto, con la sintaxis entrecortada de quien no está acostumbrado a hablar con periodistas: "La querían eliminar... Eliminar significa matarla. Un susto no la iban a dar".

Hasta ese día, la palabra eliminar había vivido cómodamente en la ambigüedad. Podía ser una recusación, un expediente disciplinario, una campaña de vídeos. La querella de Vox la había rebajado a un diminutivo casi doméstico, un "sustillo". "Moto Ratón" le quita el diminutivo y la deja desnuda.

Conviene ponerle a su testimonio las mismas cautelas que a cualquier otro. Es un exmiembro del clan enfrentado a él. Los medios no coinciden en la fecha de su salida. Y lo que afirma no está, por ahora, en ningún auto judicial. Pero su versión encaja con la pregunta que se hizo Cintia Rocho al recibir aquella dirección: para qué quiere nadie saber dónde vive una jueza.

Al día siguiente, el mismo testigo añadió un detalle sobre el precio. Contra la jueza, dijo, "porque lleva el caso de Pedro Sánchez". A favor del clan, "cuestiones fiscales": el dinero bloqueado por Hacienda.

Mientras en Badajoz se hablaba de direcciones y gimnasios, en Madrid la historia se escribía en papel timbrado. El 18 de septiembre, Biedma pidió personarse como acusación particular en la causa que Pedraz instruye en la Audiencia Nacional sobre las supuestas maniobras del entorno de Leire Díez contra jueces y fiscales incómodos para el PSOE. El 22, Anticorrupción se puso de su lado. El 28, Pedraz la admitió "al menos" por calumnias, al apreciar indicios de actuaciones "dirigidas a obtener información sobre ella, desacreditarla y promover denuncias en su contra". La citó para hoy.

El día 30, la jueza respondió con el centenar de vídeos. El 1 de octubre, Díez contraatacó: recurrió la personación con el argumento de que Biedma no es perjudicada y de que las denuncias archivadas contra ella no prueban que lo que se decía fuera falso.

La política entró en escena como entra siempre, haciendo ruido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparó el caso con la Operación Kitchen del PP. Miguel Tellado lo llamó "sicario de otro clan". En el Congreso, Tellado preguntó a Félix Bolaños si había hablado con la Fiscalía para favorecer a "Los Rochos". El ministro de Justicia habló de Lezo, de Púnica, de Gürtel y de vivienda, y no respondió a la pregunta. El PSOE ha recordado que ni Díez ni Santos Cerdán tienen ahora cargo en el partido y que este no es parte en el procedimiento.

El 5 de octubre, Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el 29 de noviembre. Ese mismo día, Santiago Abascal enlazó la exclusiva de "Moto Ratón" con las urnas: "Es ahora o nunca". Desde entonces, cada novedad del caso se lee también en clave de campaña, y eso obliga a leerla con más cuidado, no con menos.

Y ayer, 7 de octubre, se conoció el informe de la UCO. Es el documento que convierte las exclusivas periodísticas en atestado judicial: la reunión de Tarifa, el grupo "Vacaciones y viajes", el piso de Diego de León, la nota de Pérez Dolset, los seguimientos de los que habló Parra y la declaración de Cintia Rocho con su "actuación de carácter físico". El clan, insiste el informe, rechazó actuar.

Las novelas negras terminan cuando el detective reúne a todos en el salón y señala al culpable. Esta no ha llegado a ese capítulo. Ni siquiera está claro quién hace de detective.

No sabemos quiénes son el magistrado y el abogado que, según Cintia Rocho, le enviaron la dirección de la jueza. No sabemos quién tomó las fotos del gimnasio, ni quién la seguía. No sabemos qué quería decir "heroína o gitano" en una agenda, porque el juez ha preferido no investigarlo todavía. Y no sabemos, sobre todo, qué significaba "eliminar" en la boca de quien lo dijera, si es que alguien lo dijo: una recusación, un sustillo o lo que asegura "Moto Ratón". Hoy, en términos judiciales, solo hay una cosa reconocida: indicios de que alguien quiso acosar y desacreditar a una jueza.

Lo que sí sabemos cabe en una mesa. Una agenda. Una dirección. Unas fotografías en un gimnasio. Cien vídeos. Un grupo de WhatsApp con nombre de agencia de viajes. Una mujer que vio morir a su marido y dice que dijo no. Y una jueza que hoy, por primera vez en esta historia, hablará en voz alta ante otro juez: Santiago Pedraz.

En la novela, ese sería el final del penúltimo capítulo. En la vida real, el último lo escribirán los tribunales, a su ritmo, que no es el de las campañas ni el de los periódicos. Hasta entonces, todos los personajes vivos de este relato tienen derecho a la presunción de inocencia. Los dos muertos de Badajoz, que abrieron la historia sin saberlo, son los únicos que ya no podrán contarla.