En la mayor operación policial de este tipo que se ha llevado a cabon hasta la fecha en el País Vasco, la Policía Nacional ha desarticulado una red que facilitaba documentación falsa a extranjeros de origen paquistaní para que pudieran acceder al sistema de ayudas sociales del País Vasco.

La Delegación del Gobierno calcula que la banda habría defraudado de este modo casi 3,8 millones de euros procedentes de los fondos de bienestar social de la Diputación de Guipúzcoa y del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). En la operación han sido detenidas 186 personas, entre las que se encuentran los dos cabecillas de la célula.

Según ha informado la Brigada de Extranjería de San Sebastián, las diligencias policiales han descubierto el funcionamiento y la financiación de una red internacional dedicada al tráfico de seres humanos desde Paquistán a España. Los ciudadanos extranjeros eran introducidos en el país desde Italia o Grecia a cambio de dinero. Después les facilitaban documentos falsos como pasaportes, certificados de empadronamiento o contratos laborales y los trasladaban hasta el País Vasco para que se beneficiaran de las ayudas que ofrece el generoso sistema de bienestar social existente en esta región.

El principal investigado fue sorprendido en el transcurso de la operación con una bolsa con documentos falsos a nombres de otros ciudadanos de Paquistán en la localidad guipuzcoana de Beasain. De hecho, él mismo cambió su nombre en un certificado para percibir de la Diputación foral de Guipúzcoa al menos 13.690 euros. Tanto este individuo como uno de sus compatriotas fueron los responsables de la venta de documentos a extranjeros en situación irregular a cambio de entre 350 y 400 euros.

La Delegación del Gobierno explica que muchos de los beneficiados ni siquiera residían en el País Vasco. En este sentido, la institución alega que el pasado 11 de septiembre fue detenido por los Grupos Operativos de Extranjeros (GOE) de San Sebastián un paquistaní que había obtenido 9.986 euros del sistema de ayudas de Guipúzcoa y que, sin embargo, habitaba de forma legal en Italia. También se sospecha de que podría haber más implicados en ciudades de Holanda, Grecia, o Emiratos Árabes.

A pesar de que se ha logrado detener a los dos líderes de la célula, el subinspector de la brigada de Extranjería de San Sebastián, José Manuel Portela, ha asegurado que la investigación permanece abierta, especialmente porque hay todavía 59 investigados que se encuentran en paradero desconocido y que están siendo buscados por los GOE en diversas provincias de España y del extranjero.

Solamente en 2016, el Gobierno vasco destinó un total de 494 millones a la renta de garantía de ingresos (RGI), que incluye la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que está ligada a la RGI como ayuda al pago de un alquiler. En ese año, fueron un total de 63.797 las personas que recibieron la RGI. Por término medio, una familia de cuatro miembros puede recibir entre 1.200 y 1.300 mensuales en ayudas sociales.
 

La RGI ha sido un motivo de polémica durante las últimas semanas al revelarse que varios terroristas islamistas detenidos por su pertenencia al autodenominado Estado Islámico llevaban varios años cobrando esta ayuda social.