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PNV-PSOE

El Gobierno nacionalsocialista vasco (PNV-PSE) permite al etarra asesino de José Luis López de la Calle salir de prisión y cumplir su condena de 30 años en su casa

[Img #29832]El Gobierno nacionalsocialista vasco ha otorgado el tercer grado penitenciario al ex miembro de ETA Asier Arzalluz, lo que permitirá que continúe cumpliendo su condena en su domicilio. Arzalluz integró el comando Totto de la organización terrorista y participó en el asesinato del escritor José Luis López de Lacalle, perpetrado el 7 de mayo del año 2000. Esta decisión llega apenas un día después de que la consejera de Justicia, María Jesús San José (PSOE), defendiera públicamente la concesión de un beneficio penitenciario a Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, que le posibilita abandonar diariamente la prisión de Martutene, en San Sebastián, sin custodia policial.

 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha criticado duramente la medida y ha denunciado la concesión de un nuevo tercer grado que considera «fraudulento» al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado por delitos terroristas de especial gravedad, entre ellos asesinato, tentativa de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y tenencia de armas de guerra. Según esta organización, la resolución confirma que la política penitenciaria del Ejecutivo autonómico continúa avanzando en la línea defendida por la izquierda abertzale. En palabras del Colectivo, la decisión “demuestra que la política penitenciaria del Gobierno vasco con los presos de ETA continúa avanzando a toda velocidad en la dirección marcada por la izquierda abertzale: flexibilizar el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley para progresar en grado”.

 

La asociación respondió además a las declaraciones realizadas por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, quien sostuvo que estas decisiones son «completamente legales». A ello contestó la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez: «Claro que son legales». Y añadió: «Pero con esa misma ley también podría adoptarse la decisión contraria. La ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas. La ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder. Ahí está la trampa». Desde el Colectivo se insiste en que la normativa vigente permite denegar estos beneficios cuando no se acredita un arrepentimiento real ni una ruptura efectiva con el entorno político y social que, a su juicio, continúa legitimando la violencia terrorista. En esa línea, advierten: «No se debería premiar con semilibertad a quien no ha hecho nada por merecerla».

 

Para COVITE, el problema no reside en la legislación, sino en la interpretación que se está realizando del requisito del arrepentimiento. Según su valoración, «Se está vaciando deliberadamente de contenido este requisito esencial que la propia ley establece para progresar en grado. Se cumple formalmente con la legalidad, pero se pervierte su finalidad, que es garantizar un arrepentimiento auténtico y constatable, precisamente para cumplir con el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas: la reinserción de los penados. Solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en su reinserción. Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares», ha afirmado Consuelo Ordóñez.

 

El colectivo subraya que, tratándose de delitos de terrorismo, el arrepentimiento no debería limitarse a una declaración privada mediante carta, sino que debería manifestarse públicamente a través de hechos que acrediten una desvinculación efectiva del entorno que continúa justificando los atentados. En este sentido, la presidenta de la asociación sostiene: «Si el arrepentimiento fuera auténtico, tendría consecuencias visibles. Pero lo que vemos cada día demuestra exactamente lo contrario: la izquierda abertzale sigue considerando a la gran mayoría de los presos de ETA como ‘presos políticos’ y exhibiéndolos como si fueran héroes. Con lo cual, esas cartas en las que el Gobierno vasco cimienta el cumplimiento del requisito del arrepentimiento son puramente instrumentales y constituyen un insulto a las víctimas, a quienes se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten constantemente las palabras».

 

En relación concreta con Arzalluz Goñi, COVITE asegura que continúa vinculado a ese entorno. Señalan que figura en la última relación publicada por Etxerat, fechada el 30 de diciembre de 2025, asociación que agrupa a presos de ETA vinculados al entorno político de SORTU y que continúa calificándolos como «presos políticos». Asimismo, denuncian que su imagen sigue apareciendo en actos públicos a favor de la excarcelación de presos de ETA. En palabras del colectivo: «Estos hechos son incompatibles con cualquier arrepentimiento real. Demuestran que no ha existido desvinculación alguna del entramado radical que alentó el terrorismo y todavía hoy lo justifica. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que la propia izquierda abertzale lo prohíbe expresamente desde hace muchos años». Añaden además que el verdadero arrepentimiento tiene consecuencias claras: «Ese es el único indicador fiable. Y no se da en este caso».

 

Finalmente, la asociación ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que impugne la concesión del tercer grado para evitar, según su valoración, que se consolide una «amnistía encubierta» que vulneraría el derecho de las víctimas a obtener justicia. Desde COVITE recuerdan que las víctimas no pueden personarse en la fase de ejecución de las penas, por lo que consideran imprescindible la intervención del Ministerio Fiscal. En su comunicado concluyen: «En la fase de ejecución de las condenas las víctimas no podemos estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede y debe velar por nuestro derecho a la justicia. Avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad». El colectivo advierte además de que está en juego «asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA, algo que hoy no se está haciendo».

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