Hay una frase en el sumario que lo dice todo con la brutalidad de lo dicho entre susurros. Leire Díez, la cloaquera del PSOE, presentándose ante el comandante Rubén Villalba como alguien con acceso al "one del Gobierno" y al "one del partido", le anunció sin rubor que "el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella". El Director Adjunto Operativo: el segundo mando del cuerpo armado más numeroso de España. Una pieza estratégica en la arquitectura del Estado. Y ella, Leire Díez, según ese relato, lo colocaba como si hablase de una ficha en un tablero.

Esa frase es la médula de un sumario que el juez Santiago Pedraz mantuvo bajo secreto hasta esta semana y que, al abrirse, ha revelado algo más perturbador que una simple trama de corrupción: la presunta colonización sistemática del aparato policial del Estado en beneficio del Gobierno extremaizquierdista que gobierna.

La fontanera y el restaurante de Leganés

Leire Díez se presentó ante Villalba como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" en la primera de sus dos reuniones, celebradas el 10 y el 26 de marzo de 2025. El escenario elegido para la segunda cita revela tanto como las palabras: Villalba se negó a que el encuentro se hiciera en el despacho del abogado Ismael Oliver y exigió que fuera en el mismo lugar de la primera vez, un discreto restaurante de Leganés. Un guardia civil veterano que, incluso siendo él mismo investigado en el caso Koldo, prefería el terreno neutral al terreno de ellos.

Lo que Díez llevó a aquellas mesas no era una propuesta abstracta. Habló de distintas causas judiciales ligadas al sector de los hidrocarburos —Gaslow, Villafuel— y sostuvo que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación sobre Begoña Gómez, y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear a la competencia. El precio de la colaboración era preciso: información comprometedora. El premio, también: a Villalba le ofreció un puesto como asesor de la directora general de la Guardia Civil. Un ascenso profesional a cambio de convertirse en topo dentro del cuerpo.

La directora y las tres reuniones

Aquí es donde el sumario adquiere otra dimensión. Porque el presunto esquema de influencia no se quedaba en la periferia del sistema: apuntaba directamente a su cima.

La UCO constató que la directora general de la Guardia Civil, la sanchista Mercedes González, mantuvo al menos tres reuniones con Leire Díez, entre septiembre de 2024 y abril de 2025. González no es una funcionaria anónima: fue secretaria general del PSOE en Madrid antes de ser colocada al frente del cuerpo por el Gobierno de Pedro Sánchez. En esas reuniones, según los investigadores, Díez le habría hecho llegar "información derivada de la actividad aparentemente delictiva que en ese momento venía desarrollando".

La nota de despacho interna del DIECAN, fechada en abril de 2025 y elevada a la cúpula del cuerpo, advertía de que Díez "tenía control" sobre la directora general. Control. Una palabra inhabitual en el lenguaje burocrático de un informe policial. Y sin embargo ahí está, en frío, en el sumario.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó públicamente en mayo de 2025 que Mercedes González hubiera mantenido reuniones con Leire Díez. Posteriormente reiteró esa posición en sede parlamentaria. El sumario desmiente esa versión con la frialdad de los hechos documentados.

La campaña de demolición

Lo que el sumario llama "campaña de desinformación" tenía objetivos concretos y nombres propios. Los documentos incluyen dieciséis actas de testigos que revelan una red de contactos destinada, según los declarantes, a modificar testimonios judiciales, recabar información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil y presionar a investigados para que cambiaran sus abogados por letrados afines al partido gobernante.

Los objetivos incluían al teniente coronel Antonio Balas, al capitán Bonilla, al coronel Manuel Sánchez Corbí, al coronel Yuste —jefe de la UCO entre 2023 y 2025— y al propio DAO. Es decir: prácticamente toda la cadena de mando de la unidad que investigaba la corrupción en torno al Ejecutivo. No era una presión puntual. Era un derribo sistemático.

La misma nota de despacho recoge que Díez habría contactado con Alejandro Hamlym, propietario del Grupo Hafesa, para pedirle "cualquier tipo de material comprometedor" sobre los investigadores.

Ponerse de perfil

Pero quizás el dato más perturbador no es lo que hizo la trama, sino lo que hizo la propia institución cuando se enteró. El DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, dio en julio de 2024 órdenes al jefe de la UCO de que en las investigaciones con afectación política, los agentes no debían ser proactivos, sino que "debían ponerse de perfil", a la espera de que la autoridad judicial tomara la iniciativa.

Y no solo eso. El DAO, siguiendo instrucciones de González, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas contra el jefe de la UCO: la primera en diciembre de 2024, y otras dos posteriores. Mientras la trama buscaba material comprometedor contra los investigadores, la cúpula del cuerpo abría expedientes internos precisamente contra quienes investigaban.

El sumario del caso Leire Díez no es solo el relato de una operadora política que se extralimitó. Es, si los hechos se prueban, la crónica de cómo el poder intentó domesticar a quienes tenían la misión de investigarlo. La UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil que ha destapado los mayores escándalos de corrupción reciente en España, como institución asediada desde dentro y desde arriba al mismo tiempo.

Díez y Santos Cerdán habrían conformado una organización para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno".

La frase es de los investigadores. Lo que queda por saber es si también será, algún día, la de un tribunal.