La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez ha dado este jueves un nuevo paso con el registro de varias dependencias de la empresa Tubos Reunidos y el requerimiento de documentación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las diligencias han sido ejecutadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los registros se han desarrollado en instalaciones de la compañía situadas en Bilbao y Amurrio (Álava), una empresa que recibió durante la pandemia una ayuda pública de 112,8 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. La actuación judicial se enmarca en una pieza que permanece bajo secreto y sobre la que apenas han trascendido detalles oficiales.

La investigación se centra en una presunta red de influencias que, según distintas informaciones incorporadas al procedimiento, habría intervenido en diversas operaciones vinculadas a empresas públicas y ayudas estatales. Entre los nombres que aparecen en el sumario figuran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Los investigadores tratan de determinar si determinadas actuaciones relacionadas con el rescate de Tubos Reunidos pudieron verse favorecidas por intermediaciones o gestiones irregulares.

La ayuda concedida a Tubos Reunidos ha estado bajo escrutinio desde hace meses. Diversos informes policiales incorporados a la causa apuntan a que el rescate de la compañía constituye una de las operaciones económicas de mayor relevancia dentro de la investigación abierta por la Audiencia Nacional. La Guardia Civil ha venido analizando tanto la tramitación de la ayuda como las relaciones mantenidas entre algunos de los investigados y responsables de organismos públicos.

La actuación de este jueves se produce además en un momento especialmente delicado para la empresa vasca. Tubos Reunidos atraviesa una grave crisis financiera, con fuertes pérdidas, un elevado endeudamiento y un conflicto laboral derivado de los planes de ajuste anunciados por la dirección. La SEPI continúa siendo uno de sus principales acreedores y las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda han centrado buena parte del debate institucional y sindical durante los últimos meses.

Por el momento no ha trascendido qué documentación concreta buscan los investigadores ni si los registros han permitido intervenir material relevante para la causa. La Audiencia Nacional mantiene el secreto sobre esta pieza separada, mientras la investigación sigue avanzando sobre una trama que ya ha provocado múltiples diligencias, registros y requerimientos de información a organismos públicos y empresas beneficiarias de ayudas estatales.