Crónica de cómo una red tejida desde Ferraz intentó doblegar a la justicia española
Lo que sabía el "one"
![[Img #30635]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2026/1481_screenshot-2026-06-05-at-16-53-44-leire-diez-pedro-sanchez-buscar-con-google.png)
Hay una fecha precisa en la que, según el juez Santiago Pedraz, España se torció. No en el sentido metafórico de los editoriales de opinión, sino en el sentido jurídico, concreto, con nombres y apellidos y actas levantadas por la Guardia Civil: el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez enviara su cínica carta a la ciudadanía anunciando que se tomaba cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Ese día, en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, se celebró una reunión que el magistrado califica de "punto de inflexión". Lo que en ella se cocinó tardaría meses en aflorar. Cuando lo hizo, resultó ser la mayor crisis institucional que el Estado español había afrontado desde la Transición.
I. El origen: cinco días que lo cambiaron todo
Los investigadores de la UCO sitúan el origen de las actividades de la trama en abril de 2024, coincidiendo con la imputación de Begoña Gómez. La decisión judicial del juez Juan Carlos Peinado sacudió los cimientos de La Moncloa. Sánchez desapareció de la escena pública durante cinco días. Escribió una carta. Anunció que continuaba. Y al día siguiente de ese anuncio, Santos Cerdán llamó a Leire Díez para mantener una reunión. Ella misma dejó constancia en un mensaje en el que afirmaba "me voy de urgencia a Madrid" y explicaba que el entonces secretario de Organización le había "mandado ir".
¿Quién era Leire Díez? María Leire Díez Castro nació en Portugalete en 1975 y se licenció en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Había militado en el PSOE, trabajado en comunicación para el partido en Cantabria, y construido a lo largo de los años una red de contactos en los márgenes del poder socialista. No era una dirigente con cargo visible. Era algo más difícil de localizar y más difícil de controlar: una operadora de confianza, una fontanera, alguien que sabe dónde están las tuberías y cómo moverlas sin hacer ruido.
Fue una periodista, ya fallecida, quien puso en contacto a Díez con Cerdán. El gancho inicial fue una oferta: venderle información y audios del empresario Javier Pérez Dolset para luchar conjuntamente contra las "cloacas" que, según ella, se dirigían contra el presidente. El lenguaje era el de la víctima asediada. Lo que se construyó a partir de ahí fue, presuntamente, todo lo contrario.
II. La red: quién es quién
El juez Pedraz imputa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como presunto líder de la estructura, con Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Según el magistrado, Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido" para financiar operaciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.
Pero la red no era solo dos personas. Tenía capas.
Gaspar Zarrías, hombre fuerte del socialismo andaluz y exvicepresidente del gobierno de Chaves, fue condenado y posteriormente absuelto por el Tribunal Constitucional en el caso ERE. Él mismo reconoció haber contratado durante meses a Leire Díez para investigar si el excomisario Villarejo estaba detrás de ese caso. Su nombre volvería a aparecer vinculado a los pagos a la fontanera.
Ana María Fuentes, nombrada gerente del PSOE por Pedro Sánchez tras estallar el caso Cerdán, también figura como imputada. El auto del juez Pedraz sostiene que participó en la financiación de las operaciones. Su nombramiento, que en su momento se presentó como una señal de renovación, quedaba así envuelto en una paradoja inquietante.
El abogado Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán; Ismael Oliver, ex abogado de Koldo García; la abogada Leticia de la Hoz, actual representante legal del ex asesor; y el exdirigente socialista Juan Manuel Serrano Quintana completaban el organigrama visible. Pero había una figura más, cuya presencia resulta especialmente reveladora: Pere Rusiñol, periodista cofundador de la revista Mongolia y colaborador de medios progresistas, conocido por sus artículos denunciando las cloacas del Estado, estaba, según la investigación, trabajando para las cloacas de Ferraz.
III. El método: tres instrumentos de presión
La trama, según el sumario, no operaba de forma caótica. Tenía un método articulado en tres líneas de acción paralelas.
Primera línea: la caza de información comprometedora. Díez solicitó información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación de Begoña Gómez; el capitán Bonilla; el coronel Manuel Sánchez Corbí; el coronel Yuste, que estuvo al mando de la UCO de la Guardia Civil entre 2023 y 2025; y el entonces Director Adjunto Operativo, con el objetivo de restar credibilidad a la unidad encargada de las principales investigaciones de corrupción que afectaban al entorno de Sánchez. No era hostigamiento aleatorio. Era una decapitación sistemática, nombre por nombre.
Segunda línea: la presión sobre testigos e investigados. Los documentos incluyen dieciséis actas de testigos y revelan una red de contactos destinada, según los declarantes, a modificar testimonios judiciales y presionar a investigados para que cambiaran sus abogados por letrados afines al partido gobernante. Las comunicaciones del sumario muestran dudas de Díez sobre cómo percibir 4.000 euros mensuales pactados con Cerdán, barajando usar la sociedad del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. El letrado Ismael Oliver planteó diversificar los pagos mediante varias sociedades. La red habría abonado 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y cerca de 20.000 euros a la sociedad Grupo Crónica Libre, presidida por otra periodista sanchista, Rosa Villascastín.
Tercera línea: el intento de comprar a la Fiscalía. Fue quizás la operación más audaz y, según el sumario, la que fracasó con mayor estrépito. La trama hizo al fiscal anticorrupción José Grinda un "ofrecimiento" para que comunicara "cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe" y procediera al "archivo de varios casos". A cambio le ofrecían un destino en el extranjero y la retirada de una demanda que tenía pendiente por un presunto delito sexual. El intermediario elegido para tan delicada misión fue el periodista Rusiñol, amigo personal del fiscal. Tras la reunión del 27 de febrero de 2025, Rusiñol envió a Díez un mensaje para comunicarle que el acuerdo no había sido posible: "No había agua, al menos de momento". El fiscal, en lugar de aceptar, lo denunció.
IV. El "One": la sombra más larga
Aquí el relato exige precisión quirúrgica. Porque hay distintos niveles de evidencia, y confundirlos sería tanto un error periodístico como una injusticia.
Lo primero que establece el sumario es el origen de la trama, y ese origen lleva directamente a La Moncloa como contexto detonante, aunque no como autoría probada. El auto sostiene que la actividad criminal se originó durante los cinco días de reflexión del presidente. Fue entonces, tras el conocimiento de la investigación judicial contra su esposa, cuando se produjeron los primeros movimientos investigados.
Lo segundo es lo que dicen los mensajes intervenidos. El informe de la UCO, de 371 folios y 41 anexos, identifica al "one" —término empleado por Díez en sus conversaciones privadas— con Pedro Sánchez, y documenta al menos cuatro referencias directas en las que este habría transmitido su respaldo a la operación a través de Santos Cerdán. En una conversación con el abogado Ismael Oliver, este señalaba: "Si las reglas están claras, cuenta conmigo", y Díez respondía con una frase que los investigadores subrayan: "Están claras y el jefe lo tiene muy claro".
Lo tercero es la respuesta del Ejecutivo. Moncloa aseguró que el presidente del Gobierno desconocía por completo las actividades atribuidas a Leire Díez, y subrayó que afronta la situación con tranquilidad y con compromiso de plena colaboración con la justicia.
Lo que queda entre esas tres capas —los hechos probados, los indicios interpretados por la UCO y la negación oficial— es la pregunta central de este caso, y la que ningún sumario, por voluminoso que sea, puede responder todavía. Sánchez no está imputado. Pero su nombre recorre el expediente como una corriente subterránea que aflora en los momentos más inesperados.
V. La Guardia Civil como campo de batalla
Si hay un elemento que distingue el caso Leire Díez de los escándalos de corrupción convencionales, es este: la trama no solo intentó corromper testigos o comprar silencios. Intentó controlar a la institución que la investigaba.
La UCO constató que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo al menos tres reuniones con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. En esas reuniones, Díez le habría hecho llegar "información derivada de la actividad aparentemente delictiva que en ese momento venía desarrollando". González no era una funcionaria neutral: había sido secretaria general del PSOE en Madrid antes de ser nombrada al frente del cuerpo por el Gobierno de Sánchez.
La nota de despacho interna del DIECAN advertía de que Díez "tenía control" sobre la directora general. El comandante Villalba declaró que la exmilitante llegó a anunciarle que "el próximo DAO (Director Adjunto Operativo) de la Guardia Civil lo iba a poner ella". El Director Adjunto Operativo: el segundo mando del cuerpo. Una pieza que se mueve, aparentemente, desde un restaurante de Leganés.
Mientras todo esto ocurría, la cúpula del cuerpo actuaba en una dirección que el sumario describe con frialdad. El DAO Manuel Llamas dio en julio de 2024 órdenes al jefe de la UCO de que en las investigaciones con afectación política, los agentes "debían ponerse de perfil", a la espera de que la autoridad judicial tomara la iniciativa. Y cuando la UCO siguió investigando de todos modos, llegaron las represalias institucionales: el DAO, siguiendo instrucciones de Mercedes González, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas contra el jefe de la UCO, la primera en diciembre de 2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había negado públicamente en mayo de 2025 que Mercedes González hubiera mantenido reuniones con Leire Díez. Posteriormente reiteró esa posición en sede parlamentaria. El sumario desmiente esa versión con la frialdad de los hechos documentados.
VI. La caída: diciembre de 2025
Leire Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre de 2025 en una operación en la que también fueron arrestados Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario navarro Joseba Antxon Alonso. La detención de Fernández abría una nueva dimensión del caso: siendo Vicente Fernández presidente de la SEPI, el organismo público concedió un rescate de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos. El dinero público como otra de las tuberías de la trama.
VII. El asalto a Ferraz
El 26 de mayo de 2026, el juez Pedraz ordenó a la UCO personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación contable, correos electrónicos corporativos y registros de acceso al edificio. Los agentes permanecieron allí más de doce horas. Era la primera vez en la historia democrática española que la Guardia Civil entraba en la sede de un partido gobernante por orden judicial en el marco de una investigación por organización criminal.
Mientras los agentes trabajaban dentro, en la calle alguien tocaba con un violín la melodía del hundimiento del Titanic. La imagen tenía algo de exagerado, algo de inevitable, y algo de perfectamente exacto.
VIII. El sumario abierto: lo que sabemos y lo que falta
La UCO concluye que el "fin último" de la presunta trama era "proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales que afectaban al PSOE y, "directa o indirectamente", a "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Pero el sumario que Pedraz ha levantado parcialmente es solo una parte del total. La parte relativa a los contratos públicos presuntamente irregulares y los cobros de comisiones con empresas dependientes de la SEPI sigue bajo secreto. Y las diligencias avanzan: esta misma semana, la UCO ha registrado la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y ha requerido información en la sede de la propia SEPI en Madrid.
Hay también un fleco que el sumario deja abierto con particular incomodidad: el rastro del dinero. El PSOE reconoció ante la justicia haber pagado 44.859 euros a Leire Díez por trabajos de comunicación para su federación en Cantabria entre 2015 y 2017, una cifra que triplica los 15.612 euros que el partido había comunicado inicialmente al juez. La UCO sigue el rastro de los pagos posteriores, que habrían llegado a través de sociedades interpuestas.
Lo que el caso Leire Díez revela, en su conjunto, es algo más perturbador que la corrupción clásica, en la que el poder se vende. Aquí el poder (socialista), presuntamente, se blindó. Construyó una arquitectura para neutralizar a quienes lo investigaban, colocar a sus propios hombres y mujeres en los puestos clave, y silenciar a quienes sabían demasiado. No con sobornos burdos, sino con una ingeniería sofisticada de presiones, intermediarios, promesas y amenazas veladas.
Una frase circula en los corrillos judiciales desde que el sumario empezó a filtrarse: "Perder el Gobierno es perder el único escudo eficaz ante el avance de las causas que le rodean." No la dijo un opositor. Aparece en los propios documentos que la UCO ha puesto ante el juez.
Eso, más que cualquier otra cosa, define lo que está en juego.
(*) Este reportaje se basa en los documentos filtrados del sumario del caso Leire Díez tras el levantamiento parcial del secreto sumarial ordenado por el juez Santiago Pedraz el 1 de junio de 2026 y en informes de la UCO incorporados a las diligencias. Las imputaciones recogidas son indicios judiciales; ninguno de los investigados ha sido condenado.
Hay una fecha precisa en la que, según el juez Santiago Pedraz, España se torció. No en el sentido metafórico de los editoriales de opinión, sino en el sentido jurídico, concreto, con nombres y apellidos y actas levantadas por la Guardia Civil: el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez enviara su cínica carta a la ciudadanía anunciando que se tomaba cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Ese día, en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, se celebró una reunión que el magistrado califica de "punto de inflexión". Lo que en ella se cocinó tardaría meses en aflorar. Cuando lo hizo, resultó ser la mayor crisis institucional que el Estado español había afrontado desde la Transición.
I. El origen: cinco días que lo cambiaron todo
Los investigadores de la UCO sitúan el origen de las actividades de la trama en abril de 2024, coincidiendo con la imputación de Begoña Gómez. La decisión judicial del juez Juan Carlos Peinado sacudió los cimientos de La Moncloa. Sánchez desapareció de la escena pública durante cinco días. Escribió una carta. Anunció que continuaba. Y al día siguiente de ese anuncio, Santos Cerdán llamó a Leire Díez para mantener una reunión. Ella misma dejó constancia en un mensaje en el que afirmaba "me voy de urgencia a Madrid" y explicaba que el entonces secretario de Organización le había "mandado ir".
¿Quién era Leire Díez? María Leire Díez Castro nació en Portugalete en 1975 y se licenció en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Había militado en el PSOE, trabajado en comunicación para el partido en Cantabria, y construido a lo largo de los años una red de contactos en los márgenes del poder socialista. No era una dirigente con cargo visible. Era algo más difícil de localizar y más difícil de controlar: una operadora de confianza, una fontanera, alguien que sabe dónde están las tuberías y cómo moverlas sin hacer ruido.
Fue una periodista, ya fallecida, quien puso en contacto a Díez con Cerdán. El gancho inicial fue una oferta: venderle información y audios del empresario Javier Pérez Dolset para luchar conjuntamente contra las "cloacas" que, según ella, se dirigían contra el presidente. El lenguaje era el de la víctima asediada. Lo que se construyó a partir de ahí fue, presuntamente, todo lo contrario.
II. La red: quién es quién
El juez Pedraz imputa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como presunto líder de la estructura, con Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Según el magistrado, Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido" para financiar operaciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.
Pero la red no era solo dos personas. Tenía capas.
Gaspar Zarrías, hombre fuerte del socialismo andaluz y exvicepresidente del gobierno de Chaves, fue condenado y posteriormente absuelto por el Tribunal Constitucional en el caso ERE. Él mismo reconoció haber contratado durante meses a Leire Díez para investigar si el excomisario Villarejo estaba detrás de ese caso. Su nombre volvería a aparecer vinculado a los pagos a la fontanera.
Ana María Fuentes, nombrada gerente del PSOE por Pedro Sánchez tras estallar el caso Cerdán, también figura como imputada. El auto del juez Pedraz sostiene que participó en la financiación de las operaciones. Su nombramiento, que en su momento se presentó como una señal de renovación, quedaba así envuelto en una paradoja inquietante.
El abogado Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán; Ismael Oliver, ex abogado de Koldo García; la abogada Leticia de la Hoz, actual representante legal del ex asesor; y el exdirigente socialista Juan Manuel Serrano Quintana completaban el organigrama visible. Pero había una figura más, cuya presencia resulta especialmente reveladora: Pere Rusiñol, periodista cofundador de la revista Mongolia y colaborador de medios progresistas, conocido por sus artículos denunciando las cloacas del Estado, estaba, según la investigación, trabajando para las cloacas de Ferraz.
III. El método: tres instrumentos de presión
La trama, según el sumario, no operaba de forma caótica. Tenía un método articulado en tres líneas de acción paralelas.
Primera línea: la caza de información comprometedora. Díez solicitó información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación de Begoña Gómez; el capitán Bonilla; el coronel Manuel Sánchez Corbí; el coronel Yuste, que estuvo al mando de la UCO de la Guardia Civil entre 2023 y 2025; y el entonces Director Adjunto Operativo, con el objetivo de restar credibilidad a la unidad encargada de las principales investigaciones de corrupción que afectaban al entorno de Sánchez. No era hostigamiento aleatorio. Era una decapitación sistemática, nombre por nombre.
Segunda línea: la presión sobre testigos e investigados. Los documentos incluyen dieciséis actas de testigos y revelan una red de contactos destinada, según los declarantes, a modificar testimonios judiciales y presionar a investigados para que cambiaran sus abogados por letrados afines al partido gobernante. Las comunicaciones del sumario muestran dudas de Díez sobre cómo percibir 4.000 euros mensuales pactados con Cerdán, barajando usar la sociedad del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. El letrado Ismael Oliver planteó diversificar los pagos mediante varias sociedades. La red habría abonado 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y cerca de 20.000 euros a la sociedad Grupo Crónica Libre, presidida por otra periodista sanchista, Rosa Villascastín.
Tercera línea: el intento de comprar a la Fiscalía. Fue quizás la operación más audaz y, según el sumario, la que fracasó con mayor estrépito. La trama hizo al fiscal anticorrupción José Grinda un "ofrecimiento" para que comunicara "cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe" y procediera al "archivo de varios casos". A cambio le ofrecían un destino en el extranjero y la retirada de una demanda que tenía pendiente por un presunto delito sexual. El intermediario elegido para tan delicada misión fue el periodista Rusiñol, amigo personal del fiscal. Tras la reunión del 27 de febrero de 2025, Rusiñol envió a Díez un mensaje para comunicarle que el acuerdo no había sido posible: "No había agua, al menos de momento". El fiscal, en lugar de aceptar, lo denunció.
IV. El "One": la sombra más larga
Aquí el relato exige precisión quirúrgica. Porque hay distintos niveles de evidencia, y confundirlos sería tanto un error periodístico como una injusticia.
Lo primero que establece el sumario es el origen de la trama, y ese origen lleva directamente a La Moncloa como contexto detonante, aunque no como autoría probada. El auto sostiene que la actividad criminal se originó durante los cinco días de reflexión del presidente. Fue entonces, tras el conocimiento de la investigación judicial contra su esposa, cuando se produjeron los primeros movimientos investigados.
Lo segundo es lo que dicen los mensajes intervenidos. El informe de la UCO, de 371 folios y 41 anexos, identifica al "one" —término empleado por Díez en sus conversaciones privadas— con Pedro Sánchez, y documenta al menos cuatro referencias directas en las que este habría transmitido su respaldo a la operación a través de Santos Cerdán. En una conversación con el abogado Ismael Oliver, este señalaba: "Si las reglas están claras, cuenta conmigo", y Díez respondía con una frase que los investigadores subrayan: "Están claras y el jefe lo tiene muy claro".
Lo tercero es la respuesta del Ejecutivo. Moncloa aseguró que el presidente del Gobierno desconocía por completo las actividades atribuidas a Leire Díez, y subrayó que afronta la situación con tranquilidad y con compromiso de plena colaboración con la justicia.
Lo que queda entre esas tres capas —los hechos probados, los indicios interpretados por la UCO y la negación oficial— es la pregunta central de este caso, y la que ningún sumario, por voluminoso que sea, puede responder todavía. Sánchez no está imputado. Pero su nombre recorre el expediente como una corriente subterránea que aflora en los momentos más inesperados.
V. La Guardia Civil como campo de batalla
Si hay un elemento que distingue el caso Leire Díez de los escándalos de corrupción convencionales, es este: la trama no solo intentó corromper testigos o comprar silencios. Intentó controlar a la institución que la investigaba.
La UCO constató que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo al menos tres reuniones con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. En esas reuniones, Díez le habría hecho llegar "información derivada de la actividad aparentemente delictiva que en ese momento venía desarrollando". González no era una funcionaria neutral: había sido secretaria general del PSOE en Madrid antes de ser nombrada al frente del cuerpo por el Gobierno de Sánchez.
La nota de despacho interna del DIECAN advertía de que Díez "tenía control" sobre la directora general. El comandante Villalba declaró que la exmilitante llegó a anunciarle que "el próximo DAO (Director Adjunto Operativo) de la Guardia Civil lo iba a poner ella". El Director Adjunto Operativo: el segundo mando del cuerpo. Una pieza que se mueve, aparentemente, desde un restaurante de Leganés.
Mientras todo esto ocurría, la cúpula del cuerpo actuaba en una dirección que el sumario describe con frialdad. El DAO Manuel Llamas dio en julio de 2024 órdenes al jefe de la UCO de que en las investigaciones con afectación política, los agentes "debían ponerse de perfil", a la espera de que la autoridad judicial tomara la iniciativa. Y cuando la UCO siguió investigando de todos modos, llegaron las represalias institucionales: el DAO, siguiendo instrucciones de Mercedes González, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas contra el jefe de la UCO, la primera en diciembre de 2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había negado públicamente en mayo de 2025 que Mercedes González hubiera mantenido reuniones con Leire Díez. Posteriormente reiteró esa posición en sede parlamentaria. El sumario desmiente esa versión con la frialdad de los hechos documentados.
VI. La caída: diciembre de 2025
Leire Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre de 2025 en una operación en la que también fueron arrestados Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario navarro Joseba Antxon Alonso. La detención de Fernández abría una nueva dimensión del caso: siendo Vicente Fernández presidente de la SEPI, el organismo público concedió un rescate de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos. El dinero público como otra de las tuberías de la trama.
VII. El asalto a Ferraz
El 26 de mayo de 2026, el juez Pedraz ordenó a la UCO personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación contable, correos electrónicos corporativos y registros de acceso al edificio. Los agentes permanecieron allí más de doce horas. Era la primera vez en la historia democrática española que la Guardia Civil entraba en la sede de un partido gobernante por orden judicial en el marco de una investigación por organización criminal.
Mientras los agentes trabajaban dentro, en la calle alguien tocaba con un violín la melodía del hundimiento del Titanic. La imagen tenía algo de exagerado, algo de inevitable, y algo de perfectamente exacto.
VIII. El sumario abierto: lo que sabemos y lo que falta
La UCO concluye que el "fin último" de la presunta trama era "proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales que afectaban al PSOE y, "directa o indirectamente", a "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Pero el sumario que Pedraz ha levantado parcialmente es solo una parte del total. La parte relativa a los contratos públicos presuntamente irregulares y los cobros de comisiones con empresas dependientes de la SEPI sigue bajo secreto. Y las diligencias avanzan: esta misma semana, la UCO ha registrado la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y ha requerido información en la sede de la propia SEPI en Madrid.
Hay también un fleco que el sumario deja abierto con particular incomodidad: el rastro del dinero. El PSOE reconoció ante la justicia haber pagado 44.859 euros a Leire Díez por trabajos de comunicación para su federación en Cantabria entre 2015 y 2017, una cifra que triplica los 15.612 euros que el partido había comunicado inicialmente al juez. La UCO sigue el rastro de los pagos posteriores, que habrían llegado a través de sociedades interpuestas.
Lo que el caso Leire Díez revela, en su conjunto, es algo más perturbador que la corrupción clásica, en la que el poder se vende. Aquí el poder (socialista), presuntamente, se blindó. Construyó una arquitectura para neutralizar a quienes lo investigaban, colocar a sus propios hombres y mujeres en los puestos clave, y silenciar a quienes sabían demasiado. No con sobornos burdos, sino con una ingeniería sofisticada de presiones, intermediarios, promesas y amenazas veladas.
Una frase circula en los corrillos judiciales desde que el sumario empezó a filtrarse: "Perder el Gobierno es perder el único escudo eficaz ante el avance de las causas que le rodean." No la dijo un opositor. Aparece en los propios documentos que la UCO ha puesto ante el juez.
Eso, más que cualquier otra cosa, define lo que está en juego.
(*) Este reportaje se basa en los documentos filtrados del sumario del caso Leire Díez tras el levantamiento parcial del secreto sumarial ordenado por el juez Santiago Pedraz el 1 de junio de 2026 y en informes de la UCO incorporados a las diligencias. Las imputaciones recogidas son indicios judiciales; ninguno de los investigados ha sido condenado.
