El socio de Zapatero rompe el pacto de silencio: "Él marcaba los pasos" del rescate de Plus Ultra; el Gobierno de Pedro Sánchez, tiembla
Julio Martínez ratifica ante el juez Calama, en más de tres horas de declaración, que el expresidente dirigió las gestiones para la ayuda de 53 millones y confirma una comisión de éxito del 1% —unos 530.000 euros— pactada por la operación.
![[Img #30873]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2026/9192_image.jpg)
El muro de silencio que rodeaba el caso Plus Ultra se ha resquebrajado este martes en la Audiencia Nacional. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino al que la instrucción señala como testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado ante el juez José Luis Calama que el expresidente socialista del Gobierno intervino de forma directa en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Lo ha hecho en una declaración de más de tres horas en la que, por primera vez desde su detención en diciembre, ha respondido a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción.
El giro se había anunciado la víspera. En un escrito de seis páginas remitido al juzgado por su nueva defensa —la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, que ya representó a Rosalía Iglesias en el caso Gürtel—, Martínez rompió con la versión sostenida hasta ahora por el expresidente y le atribuyó el papel central en la trama. Según su relato, fue Zapatero quien le anticipó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los responsables de Plus Ultra, entonces asfixiada financieramente, y quien desde ese momento fue dictando la hoja de ruta. El expresidente, sostiene el escrito, "marcaba los pasos a seguir".
Un intermediario "sin posibilidad alguna de obtener nada"
La defensa de Martínez dibuja a su cliente como una pieza subordinada. El empresario, argumenta, carecía de capacidad para conseguir financiación pública o privada por sí mismo: su misión se limitaba a intermediar entre el cliente y el consultor. La estrategia, siempre según esta versión, exploró primero vías privadas —un crédito ICO a través del Banco Santander y gestiones con CaixaBank— y, cuando fracasaron, viró hacia el recién creado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), administrado por la SEPI, que aprobó el rescate en marzo de 2021.
El elemento más explosivo del relato es el precio del éxito. El 19 de enero de 2021, semanas antes de la aprobación de la ayuda, Plus Ultra firmó un acuerdo con Idella Consulenza Strategica, sociedad vinculada al empresario, por el que se comprometía a abonar el 1% de la financiación conseguida: unos 530.000 euros sobre los 53 millones del rescate. Antes, el 30 de julio de 2020, la aerolínea ya había formalizado un contrato con Análisis Relevante, la consultora de Martínez, con honorarios de 5.000 euros mensuales que, según el propio empresario, retribuían la labor consultiva que Zapatero desarrollaba desde mayo.
Ante el juez, no obstante, Martínez ha admitido un límite a su conocimiento: asegura ignorar con quién realizó el expresidente las gestiones favorables al préstamo, a quién tocó "aguas arriba", en la expresión empleada por el propio magistrado durante el interrogatorio.
La versión que se desmorona
El testimonio choca frontalmente con lo declarado por Zapatero, imputado el pasado 19 de mayo por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, el primer expresidente del Gobierno de la democracia en sentarse ante un juez en esa condición. En su comparecencia, el exlíder socialista reconoció haber cobrado de la sociedad de Martínez —90.000 euros anuales como "consultor principal", sin contrato escrito, "dada la confianza" entre ambos— pero negó que el empresario fuera su testaferro o su asistente.
La tesis del instructor es considerablemente más severa. Calama sostiene que Análisis Relevante actuó como sociedad instrumental de una estructura destinada a canalizar fondos hacia Zapatero y su entorno: 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a What The Fav, la empresa de sus hijas, por trabajos que el juez considera ficticios y que encubrirían la contraprestación por su influencia en la concesión del rescate. Directivos de la propia aerolínea llegaron a referirse a Martínez, según el sumario, como el "lacayo" del expresidente.
La colaboración del empresario tiene, además, una lectura procesal inmediata: amenaza con desactivar el recurso de la defensa de Zapatero, que sostiene que la instrucción es "netamente prospectiva" y desborda las previsiones legales.
Onda expansiva política y fiscal
La reacción no se ha hecho esperar. La vicesecretaria del PP Cuca Gamarra ha asegurado en RNE que la declaración "dinamita el Gobierno de Pedro Sánchez", al confesarse el pago de un peaje a un expresidente por un rescate "que nunca debió producirse". En este sentido, Luis María Pardo, presidente y abogado de Iustitia Europa, ya ha anunciado la presentación de una querella contra la totalidad del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez por su implicación en el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas. "El objetivo es que la Justicia determine las posibles responsabilidades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del resto de miembros del Ejecutivo en una operación actualmente bajo investigación judicial y que tiene a Zapatero como imputado. No podemos seguir dependiendo de losa dependiendo de los políticos. Hay que actuar", señala Pardo.
En paralelo, la Agencia Tributaria ha abierto una inspección sobre el entramado societario de Martínez, como ya hizo con Zapatero y su familia. Su director ha calificado de "lamentable error" que no saltara ninguna alerta pese a que el empresario no presentó declaración de la renta entre 2020 y 2023, mientras percibía rentas de 50.200 euros como consejero y pagaba un inmueble de 60.000 euros mensuales.
El caso, que arrancó con las detenciones de diciembre de 2025 —entre ellas la del propio Martínez y la del CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, por presunto blanqueo— y que investiga ramificaciones en España, Francia, Suiza y Venezuela, entra así en una fase nueva. La pregunta que queda flotando en la sexta planta de la Audiencia Nacional es cuánto más está dispuesto a contar el hombre que, hasta ayer, era el guardián de los secretos del expresidente.
Julio Martínez ratifica ante el juez Calama, en más de tres horas de declaración, que el expresidente dirigió las gestiones para la ayuda de 53 millones y confirma una comisión de éxito del 1% —unos 530.000 euros— pactada por la operación.
El muro de silencio que rodeaba el caso Plus Ultra se ha resquebrajado este martes en la Audiencia Nacional. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino al que la instrucción señala como testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado ante el juez José Luis Calama que el expresidente socialista del Gobierno intervino de forma directa en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Lo ha hecho en una declaración de más de tres horas en la que, por primera vez desde su detención en diciembre, ha respondido a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción.
El giro se había anunciado la víspera. En un escrito de seis páginas remitido al juzgado por su nueva defensa —la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, que ya representó a Rosalía Iglesias en el caso Gürtel—, Martínez rompió con la versión sostenida hasta ahora por el expresidente y le atribuyó el papel central en la trama. Según su relato, fue Zapatero quien le anticipó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los responsables de Plus Ultra, entonces asfixiada financieramente, y quien desde ese momento fue dictando la hoja de ruta. El expresidente, sostiene el escrito, "marcaba los pasos a seguir".
Un intermediario "sin posibilidad alguna de obtener nada"
La defensa de Martínez dibuja a su cliente como una pieza subordinada. El empresario, argumenta, carecía de capacidad para conseguir financiación pública o privada por sí mismo: su misión se limitaba a intermediar entre el cliente y el consultor. La estrategia, siempre según esta versión, exploró primero vías privadas —un crédito ICO a través del Banco Santander y gestiones con CaixaBank— y, cuando fracasaron, viró hacia el recién creado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), administrado por la SEPI, que aprobó el rescate en marzo de 2021.
El elemento más explosivo del relato es el precio del éxito. El 19 de enero de 2021, semanas antes de la aprobación de la ayuda, Plus Ultra firmó un acuerdo con Idella Consulenza Strategica, sociedad vinculada al empresario, por el que se comprometía a abonar el 1% de la financiación conseguida: unos 530.000 euros sobre los 53 millones del rescate. Antes, el 30 de julio de 2020, la aerolínea ya había formalizado un contrato con Análisis Relevante, la consultora de Martínez, con honorarios de 5.000 euros mensuales que, según el propio empresario, retribuían la labor consultiva que Zapatero desarrollaba desde mayo.
Ante el juez, no obstante, Martínez ha admitido un límite a su conocimiento: asegura ignorar con quién realizó el expresidente las gestiones favorables al préstamo, a quién tocó "aguas arriba", en la expresión empleada por el propio magistrado durante el interrogatorio.
La versión que se desmorona
El testimonio choca frontalmente con lo declarado por Zapatero, imputado el pasado 19 de mayo por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, el primer expresidente del Gobierno de la democracia en sentarse ante un juez en esa condición. En su comparecencia, el exlíder socialista reconoció haber cobrado de la sociedad de Martínez —90.000 euros anuales como "consultor principal", sin contrato escrito, "dada la confianza" entre ambos— pero negó que el empresario fuera su testaferro o su asistente.
La tesis del instructor es considerablemente más severa. Calama sostiene que Análisis Relevante actuó como sociedad instrumental de una estructura destinada a canalizar fondos hacia Zapatero y su entorno: 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a What The Fav, la empresa de sus hijas, por trabajos que el juez considera ficticios y que encubrirían la contraprestación por su influencia en la concesión del rescate. Directivos de la propia aerolínea llegaron a referirse a Martínez, según el sumario, como el "lacayo" del expresidente.
La colaboración del empresario tiene, además, una lectura procesal inmediata: amenaza con desactivar el recurso de la defensa de Zapatero, que sostiene que la instrucción es "netamente prospectiva" y desborda las previsiones legales.
Onda expansiva política y fiscal
La reacción no se ha hecho esperar. La vicesecretaria del PP Cuca Gamarra ha asegurado en RNE que la declaración "dinamita el Gobierno de Pedro Sánchez", al confesarse el pago de un peaje a un expresidente por un rescate "que nunca debió producirse". En este sentido, Luis María Pardo, presidente y abogado de Iustitia Europa, ya ha anunciado la presentación de una querella contra la totalidad del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez por su implicación en el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas. "El objetivo es que la Justicia determine las posibles responsabilidades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del resto de miembros del Ejecutivo en una operación actualmente bajo investigación judicial y que tiene a Zapatero como imputado. No podemos seguir dependiendo de losa dependiendo de los políticos. Hay que actuar", señala Pardo.
En paralelo, la Agencia Tributaria ha abierto una inspección sobre el entramado societario de Martínez, como ya hizo con Zapatero y su familia. Su director ha calificado de "lamentable error" que no saltara ninguna alerta pese a que el empresario no presentó declaración de la renta entre 2020 y 2023, mientras percibía rentas de 50.200 euros como consejero y pagaba un inmueble de 60.000 euros mensuales.
El caso, que arrancó con las detenciones de diciembre de 2025 —entre ellas la del propio Martínez y la del CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, por presunto blanqueo— y que investiga ramificaciones en España, Francia, Suiza y Venezuela, entra así en una fase nueva. La pregunta que queda flotando en la sexta planta de la Audiencia Nacional es cuánto más está dispuesto a contar el hombre que, hasta ayer, era el guardián de los secretos del expresidente.
