Ceuta: incompetencia o consentimiento
El Gobierno conocía el aumento de la presión fronteriza, la dependencia de Marruecos, el riesgo de instrumentalización migratoria y el poder movilizador de las redes sociales. Si no previó lo ocurrido, demostró una incapacidad alarmante; si lo previó y no actuó, debe explicar por qué permitió que sucediera. Y deberá explicárselo a la Justicia.
Hay fracasos que pueden atribuirse a la falta de información. Otros nacen de un acontecimiento verdaderamente imprevisible, de una concatenación excepcional de circunstancias que ninguna administración razonable habría podido anticipar. Lo sucedido en Ceuta no pertenece a ninguna de esas categorías. El Gobierno socialista poseía los datos, conocía las tendencias, había identificado las vulnerabilidades y había descrito incluso los mecanismos que podían desencadenar una crisis. No ignoraba el peligro. Lo tenía escrito en sus propios informes.
Tal y como revela este periódico, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional con la participación de los ministerios competentes y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), señalaba que, pese al descenso global de las entradas irregulares en España, Ceuta estaba experimentando un incremento particular de la presión sobre su perímetro fronterizo. No se trataba de rumores difundidos por medios alarmistas ni de apreciaciones subjetivas de los vecinos: era una constatación oficial recogida en un documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
El informe sabía que cada vez más personas trataban de acceder a Ceuta bordeando por mar el perímetro fronterizo. Sabía que persistían los intentos de entradas masivas. Sabía que la contención efectiva descansaba en buena medida sobre el despliegue de la Gendarmería Real Marroquí y de las Fuerzas Armadas del país vecino. Y sabía, por consiguiente, que la tranquilidad de la frontera española dependía de una decisión política y operativa adoptada fuera de España.
Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez, el más inútil e incendiario de la historia del país, pareció convertir esa dependencia en una garantía. Confió en que Marruecos seguiría ejerciendo indefinidamente el control previo que España necesitaba para proteger su propio territorio. No preparó, no quiso o no fue capaz de activar, una respuesta proporcional para el supuesto más elemental: que el dispositivo marroquí fuera desbordado, relajado o sencillamente dejara de funcionar durante unas horas. El Estado español había delegado de hecho una parte fundamental de la seguridad de Ceuta y después se comportó como si esa delegación no entrañara ningún riesgo.
La gravedad de la omisión resulta todavía mayor porque Seguridad Nacional reconocía expresamente la posibilidad de que los flujos migratorios fueran instrumentalizados por terceros Estados, por organizaciones criminales o por actores vinculados al terrorismo islamista. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez sabía que la inmigración irregular puede dejar de ser un fenómeno espontáneo y convertirse en una herramienta de presión política, desestabilización territorial o guerra híbrida.
La conclusión era tan sencilla como inquietante. Si España dependía de Marruecos para contener las concentraciones masivas y, al mismo tiempo, contemplaba que un tercer Estado pudiera instrumentalizar la inmigración, Ceuta debía ser considerada uno de los puntos más vulnerables de toda la Seguridad Nacional. No hacía falta una extraordinaria capacidad de anticipación. Bastaba con conectar dos afirmaciones contenidas en el mismo documento.
Pero nadie pareció hacerlo. O, peor todavía, quizá alguien lo hizo y decidió que no debía actuar.
No existen, por ahora, pruebas documentales suficientes para afirmar que el Gobierno deseó deliberadamente la crisis o que permitió conscientemente la entrada de miles de personas. Sería irresponsable presentar como certeza lo que todavía pertenece al terreno de la sospecha. Pero esa sospecha ya no puede ser descartada mediante simples apelaciones a la imprevisibilidad. Cuando una administración posee todos los datos necesarios y, pese a ello, no evita el desastre, solo quedan dos explicaciones fundamentales: o sus responsables fueron incapaces de comprender la información que tenían delante, o comprendieron perfectamente lo que podía ocurrir y optaron por no impedirlo.
Ninguna de las dos posibilidades resulta tranquilizadora.
La primera describe un aparato estatal torpe, burocratizado y desprovisto de verdadera inteligencia estratégica. Un sistema capaz de producir informes de cientos de páginas, elaborar gráficos, convocar comités y clasificar amenazas, pero incapaz de extraer una conclusión elemental y convertirla en órdenes operativas. Sería la demostración de que la maquinaria de Seguridad Nacional ha terminado confundiendo la acumulación de datos con el conocimiento y la redacción de documentos con la protección efectiva del país.
La segunda posibilidad es mucho más grave. Implicaría que las autoridades aceptaron el riesgo, toleraron el deterioro de la frontera o consideraron políticamente asumible una crisis que recaería sobre los vecinos de Ceuta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unos servicios públicos incapaces de absorber una invasión de semejante magnitud. En ese caso, no estaríamos ante una simple falta de destreza, sino ante una decisión política que habría sacrificado la seguridad de una ciudad española a objetivos o por razones que el Gobierno tendría la obligación de explicar.
La actuación oficial respecto a las convocatorias difundidas por las redes sociales alimenta todavía más las dudas. El informe de Seguridad Nacional incluyó los avisos sobre supuestas «oleadas inminentes» dentro del capítulo dedicado a las campañas de desinformación. También definió a Ceuta y Melilla como espacios simbólicos donde la inmigración y la inseguridad podían ser explotadas para erosionar la confianza en las instituciones.
El problema no consiste en negar que existan noticias falsas, montajes audiovisuales o operaciones destinadas a generar alarma. Existen y deben ser investigadas. El problema surge cuando la obsesión por combatir el relato conduce a despreciar el hecho. Una convocatoria puede apoyarse en una mentira —la supuesta apertura de una frontera, la ausencia de vigilancia o la promesa de una acogida inmediata— y producir, sin embargo, una movilización completamente real. Un mensaje falso puede concentrar a miles de personas auténticas ante un perímetro verdadero.
Clasificar una llamada a cruzar como «desinformación» no la convierte en inocua. Puede ser simultáneamente una falsedad informativa y una orden operativa. Puede tratar de engañar a quienes participan en la marcha y, al mismo tiempo, perseguir el objetivo perfectamente concreto de desbordar una frontera. Confundir ambas dimensiones es un error analítico de primera magnitud.
Pero también puede ser algo más. La etiqueta de «desinformación», como "ultraderecha" o "xenofobia" se ha convertido con demasiada frecuencia en un instrumento para desacreditar cualquier advertencia que incomode al poder extremaizquierdista. En lugar de comprobar si las concentraciones estaban formándose, si las cuentas que difundían los mensajes actuaban de manera coordinada o si existía una disminución deliberada del control marroquí, el aparato oficial pareció más preocupado por evitar la alarma que por investigar la amenaza. El relato fue sometido a vigilancia; la frontera, en cambio, no recibió la protección suficiente.
Esta inversión de prioridades retrata una forma de gobernar. Se vigila al ciudadano que expresa preocupación, se sospecha del medio que advierte del riesgo y se examina con lupa a quien denuncia el deterioro de la seguridad. Mientras tanto, se minimizan las señales procedentes del exterior, se confía en compromisos ajenos y se evita adoptar medidas que puedan resultar políticamente incómodas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el tirano presidencial regrese de sus vacaciones, debe responder ahora a preguntas muy concretas. ¿Qué información recibió sobre las convocatorias? ¿Cuándo la recibió? ¿Quién decidió que esas llamadas debían ser interpretadas fundamentalmente como desinformación? ¿Qué análisis realizó el CNI sobre su capacidad real de movilización? ¿Se detectaron concentraciones al otro lado de la frontera? ¿Se solicitó a Marruecos un refuerzo del dispositivo? ¿Qué planes existían para el caso de que la Gendarmería marroquí no contuviera el movimiento? ¿Por qué no se reforzó con antelación la capacidad policial, militar, sanitaria y asistencial de Ceuta?
No basta con responder que nadie podía prever la magnitud de lo sucedido. La magnitud exacta quizá no. El fenómeno, indiscutiblemente, sí. Estaba anunciado en los datos, en las tendencias, en los métodos de entrada y en la propia doctrina de Seguridad Nacional. La administración sabía que Ceuta sufría una presión creciente, que los saltos masivos dependían de la contención marroquí, que los flujos podían ser instrumentalizados y que las redes sociales permitían convocar movilizaciones rápidas. Tenía toda la información necesaria para prepararse.
Por eso la cuestión ya no es únicamente por qué el Gobierno no vio venir la crisis. La verdadera pregunta es por qué, después de haberla descrito prácticamente por completo, actuó como si no pudiera suceder.
Puede que fuera incompetencia. Puede que fuera ceguera ideológica, miedo a reconocer la amenaza o una confianza irresponsable en Marruecos. Puede también que determinados responsables consideraran conveniente dejar que los acontecimientos siguieran su curso. No corresponde afirmar sin pruebas cuál de estas hipótesis es la verdadera. Sí corresponde exigir una investigación que la determine.
Porque cuando el Estado fracasa teniendo delante todas las advertencias, la incompetencia deja de ser una excusa. Se convierte en una forma de responsabilidad. Y cuando esa incompetencia resulta tan persistente, tan selectiva y tan funcional a una determinada política, la sospecha de que no fuera completamente involuntaria deja de ser una teoría extravagante para convertirse en una pregunta legítima que el Gobierno está obligado a despejar.
El Gobierno conocía el aumento de la presión fronteriza, la dependencia de Marruecos, el riesgo de instrumentalización migratoria y el poder movilizador de las redes sociales. Si no previó lo ocurrido, demostró una incapacidad alarmante; si lo previó y no actuó, debe explicar por qué permitió que sucediera. Y deberá explicárselo a la Justicia.
Hay fracasos que pueden atribuirse a la falta de información. Otros nacen de un acontecimiento verdaderamente imprevisible, de una concatenación excepcional de circunstancias que ninguna administración razonable habría podido anticipar. Lo sucedido en Ceuta no pertenece a ninguna de esas categorías. El Gobierno socialista poseía los datos, conocía las tendencias, había identificado las vulnerabilidades y había descrito incluso los mecanismos que podían desencadenar una crisis. No ignoraba el peligro. Lo tenía escrito en sus propios informes.
Tal y como revela este periódico, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional con la participación de los ministerios competentes y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), señalaba que, pese al descenso global de las entradas irregulares en España, Ceuta estaba experimentando un incremento particular de la presión sobre su perímetro fronterizo. No se trataba de rumores difundidos por medios alarmistas ni de apreciaciones subjetivas de los vecinos: era una constatación oficial recogida en un documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
El informe sabía que cada vez más personas trataban de acceder a Ceuta bordeando por mar el perímetro fronterizo. Sabía que persistían los intentos de entradas masivas. Sabía que la contención efectiva descansaba en buena medida sobre el despliegue de la Gendarmería Real Marroquí y de las Fuerzas Armadas del país vecino. Y sabía, por consiguiente, que la tranquilidad de la frontera española dependía de una decisión política y operativa adoptada fuera de España.
Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez, el más inútil e incendiario de la historia del país, pareció convertir esa dependencia en una garantía. Confió en que Marruecos seguiría ejerciendo indefinidamente el control previo que España necesitaba para proteger su propio territorio. No preparó, no quiso o no fue capaz de activar, una respuesta proporcional para el supuesto más elemental: que el dispositivo marroquí fuera desbordado, relajado o sencillamente dejara de funcionar durante unas horas. El Estado español había delegado de hecho una parte fundamental de la seguridad de Ceuta y después se comportó como si esa delegación no entrañara ningún riesgo.
La gravedad de la omisión resulta todavía mayor porque Seguridad Nacional reconocía expresamente la posibilidad de que los flujos migratorios fueran instrumentalizados por terceros Estados, por organizaciones criminales o por actores vinculados al terrorismo islamista. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez sabía que la inmigración irregular puede dejar de ser un fenómeno espontáneo y convertirse en una herramienta de presión política, desestabilización territorial o guerra híbrida.
La conclusión era tan sencilla como inquietante. Si España dependía de Marruecos para contener las concentraciones masivas y, al mismo tiempo, contemplaba que un tercer Estado pudiera instrumentalizar la inmigración, Ceuta debía ser considerada uno de los puntos más vulnerables de toda la Seguridad Nacional. No hacía falta una extraordinaria capacidad de anticipación. Bastaba con conectar dos afirmaciones contenidas en el mismo documento.
Pero nadie pareció hacerlo. O, peor todavía, quizá alguien lo hizo y decidió que no debía actuar.
No existen, por ahora, pruebas documentales suficientes para afirmar que el Gobierno deseó deliberadamente la crisis o que permitió conscientemente la entrada de miles de personas. Sería irresponsable presentar como certeza lo que todavía pertenece al terreno de la sospecha. Pero esa sospecha ya no puede ser descartada mediante simples apelaciones a la imprevisibilidad. Cuando una administración posee todos los datos necesarios y, pese a ello, no evita el desastre, solo quedan dos explicaciones fundamentales: o sus responsables fueron incapaces de comprender la información que tenían delante, o comprendieron perfectamente lo que podía ocurrir y optaron por no impedirlo.
Ninguna de las dos posibilidades resulta tranquilizadora.
La primera describe un aparato estatal torpe, burocratizado y desprovisto de verdadera inteligencia estratégica. Un sistema capaz de producir informes de cientos de páginas, elaborar gráficos, convocar comités y clasificar amenazas, pero incapaz de extraer una conclusión elemental y convertirla en órdenes operativas. Sería la demostración de que la maquinaria de Seguridad Nacional ha terminado confundiendo la acumulación de datos con el conocimiento y la redacción de documentos con la protección efectiva del país.
La segunda posibilidad es mucho más grave. Implicaría que las autoridades aceptaron el riesgo, toleraron el deterioro de la frontera o consideraron políticamente asumible una crisis que recaería sobre los vecinos de Ceuta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unos servicios públicos incapaces de absorber una invasión de semejante magnitud. En ese caso, no estaríamos ante una simple falta de destreza, sino ante una decisión política que habría sacrificado la seguridad de una ciudad española a objetivos o por razones que el Gobierno tendría la obligación de explicar.
La actuación oficial respecto a las convocatorias difundidas por las redes sociales alimenta todavía más las dudas. El informe de Seguridad Nacional incluyó los avisos sobre supuestas «oleadas inminentes» dentro del capítulo dedicado a las campañas de desinformación. También definió a Ceuta y Melilla como espacios simbólicos donde la inmigración y la inseguridad podían ser explotadas para erosionar la confianza en las instituciones.
El problema no consiste en negar que existan noticias falsas, montajes audiovisuales o operaciones destinadas a generar alarma. Existen y deben ser investigadas. El problema surge cuando la obsesión por combatir el relato conduce a despreciar el hecho. Una convocatoria puede apoyarse en una mentira —la supuesta apertura de una frontera, la ausencia de vigilancia o la promesa de una acogida inmediata— y producir, sin embargo, una movilización completamente real. Un mensaje falso puede concentrar a miles de personas auténticas ante un perímetro verdadero.
Clasificar una llamada a cruzar como «desinformación» no la convierte en inocua. Puede ser simultáneamente una falsedad informativa y una orden operativa. Puede tratar de engañar a quienes participan en la marcha y, al mismo tiempo, perseguir el objetivo perfectamente concreto de desbordar una frontera. Confundir ambas dimensiones es un error analítico de primera magnitud.
Pero también puede ser algo más. La etiqueta de «desinformación», como "ultraderecha" o "xenofobia" se ha convertido con demasiada frecuencia en un instrumento para desacreditar cualquier advertencia que incomode al poder extremaizquierdista. En lugar de comprobar si las concentraciones estaban formándose, si las cuentas que difundían los mensajes actuaban de manera coordinada o si existía una disminución deliberada del control marroquí, el aparato oficial pareció más preocupado por evitar la alarma que por investigar la amenaza. El relato fue sometido a vigilancia; la frontera, en cambio, no recibió la protección suficiente.
Esta inversión de prioridades retrata una forma de gobernar. Se vigila al ciudadano que expresa preocupación, se sospecha del medio que advierte del riesgo y se examina con lupa a quien denuncia el deterioro de la seguridad. Mientras tanto, se minimizan las señales procedentes del exterior, se confía en compromisos ajenos y se evita adoptar medidas que puedan resultar políticamente incómodas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el tirano presidencial regrese de sus vacaciones, debe responder ahora a preguntas muy concretas. ¿Qué información recibió sobre las convocatorias? ¿Cuándo la recibió? ¿Quién decidió que esas llamadas debían ser interpretadas fundamentalmente como desinformación? ¿Qué análisis realizó el CNI sobre su capacidad real de movilización? ¿Se detectaron concentraciones al otro lado de la frontera? ¿Se solicitó a Marruecos un refuerzo del dispositivo? ¿Qué planes existían para el caso de que la Gendarmería marroquí no contuviera el movimiento? ¿Por qué no se reforzó con antelación la capacidad policial, militar, sanitaria y asistencial de Ceuta?
No basta con responder que nadie podía prever la magnitud de lo sucedido. La magnitud exacta quizá no. El fenómeno, indiscutiblemente, sí. Estaba anunciado en los datos, en las tendencias, en los métodos de entrada y en la propia doctrina de Seguridad Nacional. La administración sabía que Ceuta sufría una presión creciente, que los saltos masivos dependían de la contención marroquí, que los flujos podían ser instrumentalizados y que las redes sociales permitían convocar movilizaciones rápidas. Tenía toda la información necesaria para prepararse.
Por eso la cuestión ya no es únicamente por qué el Gobierno no vio venir la crisis. La verdadera pregunta es por qué, después de haberla descrito prácticamente por completo, actuó como si no pudiera suceder.
Puede que fuera incompetencia. Puede que fuera ceguera ideológica, miedo a reconocer la amenaza o una confianza irresponsable en Marruecos. Puede también que determinados responsables consideraran conveniente dejar que los acontecimientos siguieran su curso. No corresponde afirmar sin pruebas cuál de estas hipótesis es la verdadera. Sí corresponde exigir una investigación que la determine.
Porque cuando el Estado fracasa teniendo delante todas las advertencias, la incompetencia deja de ser una excusa. Se convierte en una forma de responsabilidad. Y cuando esa incompetencia resulta tan persistente, tan selectiva y tan funcional a una determinada política, la sospecha de que no fuera completamente involuntaria deja de ser una teoría extravagante para convertirse en una pregunta legítima que el Gobierno está obligado a despejar.
