España padece una Administración cada vez más poderosa para recaudar, regular y vigilar, pero sorprendentemente débil cuando debe proteger sus fronteras, garantizar el orden público y defender a quienes cumplen la ley

El problema español no es simplemente que el Estado sea demasiado grande. Tampoco consiste únicamente en que gaste mucho, recaude cada vez más o extienda su capacidad normativa, limitando nuestras libertades, sobre ámbitos que hasta hace poco pertenecían a la responsabilidad individual, a la familia, a la empresa o a la sociedad civil. El verdadero problema es más profundo: el Estado español se expande allí donde debería limitarse y desaparece allí donde resulta imprescindible, como en Ceuta, el País Vasco o Cataluña. Exhibe una formidable capacidad para perseguir, exigir, prohibir, sancionar y fiscalizar al ciudadano respetuoso con las leyes, pero se vuelve vacilante, lento, renuente y dimisionario cuando llega el momento de proteger una frontera, mantener el orden público o garantizar que una ciudad española pueda continuar viviendo con normalidad.

Ceuta representa hoy la culminación de esa anomalía. A finales de julio, decenas de miles de personas invadieron su frontera en apenas unas horas. El Gobierno admitió después que no había previsto la magnitud de lo que se aproximaba. La Ciudad Autónoma sostuvo que la crisis había colocado en peligro no sólo su capacidad de acogida, sino también la integridad territorial de España y de la Unión Europea. Aunque, según los datos falsos aireados por el Ministerio del Interior, alrededor de 72.000 personas regresaron posteriormente a Marruecos, miles permanecieron en territorio ceutí y una parte terminó viviendo en asentamientos improvisados, playas y espacios públicos de una ciudad de apenas 84.000 habitantes. El Ejecutivo local llegó a denunciar una situación de colapso y reclamó reiteradamente al Estado más medios y una respuesta capaz de devolver la normalidad.

La crisis no terminó cuando dejaron de emitirse en directo las imágenes de la invasión masiva. Se transformó en algo más difícil de resolver y mucho más corrosivo: una emergencia prolongada que ha ido desgastando los servicios públicos, las fuerzas de seguridad, las unidades militares desplegadas, los recursos asistenciales y, sobre todo, la convivencia cotidiana. Las playas convertidas en campamentos, los espacios públicos ocupados, los menores pendientes de identificación, los vecinos organizando protestas, los altercados y la creciente hostilidad entre grupos demuestran que la normalidad no ha regresado. Lo sucedido durante las últimas horas confirma que Ceuta continúa siendo una ciudad sometida a una presión extraordinaria donde no existe ni libertad ni seguridad para sus habitantes. 

En la madrugada del 27 de agosto, un grupo de entre treinta y cuarenta personas rodeó en Benzú un vehículo militar que se dirigía a un puesto de vigilancia y comenzó a arrojarle piedras de grandes dimensiones. Cuatro militares resultaron heridos y doce invasores inmigrantes fueron detenidos. La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que intervenir, además, después de una noche de tensión en la que algunas personas trataron de destruir asentamientos levantados en las playas. Las asociaciones profesionales de tropa llevaban días advirtiendo de la falta de medios de autoprotección, de cobertura jurídica y de protocolos suficientemente claros para responder ante una agresión.

No se puede responsabilizar colectivamente a todos los inmigrantes de los delitos o agresiones cometidos por algunos de ellos, del mismo modo que tampoco cabe justificar acciones violentas contra sus campamentos por el temor, el cansancio o la indignación de una parte de los vecinos. Pero reconocer esta evidencia no obliga a ocultar la otra: cuando decenas de miles de personas invaden descontroladamente otro país, cuando miles permanecen durante semanas en una ciudad pequeña y cuando las autoridades carecen de capacidad para identificarlas, alojarlas, trasladarlas o devolverlas con rapidez, surge inevitablemente un problema de seguridad, convivencia y soberanía. Negarlo no protege a los inmigrantes ni tranquiliza a los ceutíes. Sólo impide abordar la realidad antes de que empeore.

El Gobierno sin vergüenza de Pedro Sánchez ha atribuido el episodio a la actuación de las redes de tráfico de personas, a Elon Musk, a Rusia, a la instrumentalización de una resolución judicial y a la difusión de llamamientos a través de las redes sociales. Pero nada, ni las mentiras más torticeras, absuelven al Estado de su responsabilidad esencial. Las fronteras existen precisamente para afrontar las situaciones imprevistas; los servicios de inteligencia, para anticiparlas; las relaciones diplomáticas, para impedir que la estabilidad territorial dependa de la conveniencia momentánea de un tercer país; y las leyes, para proporcionar una respuesta ordenada, garantista y eficaz. Si el ordenamiento jurídico existente impide responder adecuadamente a una entrada de esta magnitud, corresponde al Gobierno promover su reforma dentro del marco constitucional. Lo que no resulta aceptable es convertir las dificultades jurídicas en una explicación permanente de la impotencia política.

Durante buena parte de este mes de agosto, los militares y los guardias civiles destinados en Ceuta vieron cancelados sus permisos y vacaciones. Quienes ya se encontraban fuera de la ciudad tuvieron que regresar, mientras algunas unidades afrontaban jornadas de patrulla, descanso y alerta sometidas a un enorme desgaste. Aquella medida demostraba que el propio Gobierno consideraba grave la situación, aunque su discurso público tratara con frecuencia de transmitir una falsa sensación de control y recuperación de la normalidad. Dos semanas después, cuatro militares han resultado heridos en una emboscada cuya posibilidad había sido advertida por las asociaciones profesionales.

Ésta es la gran paradoja de la España socialista. Para recaudar impuestos, imponer obligaciones administrativas, multiplicar regulaciones, multar a automovilistas o vigilar cada actividad económica, el Estado dispone de una maquinaria minuciosa y prácticamente infalible. Conoce los ingresos del trabajador, las facturas del autónomo, la propiedad del pequeño empresario y el movimiento bancario del contribuyente. Puede perseguir una deuda, denegar una licencia, imponer una multa o cerrar un establecimiento con una eficacia que desaparece misteriosamente cuando tiene que controlar quién atraviesa una frontera nacional o garantizar que un militar no quede indefenso mientras cumple una misión de vigilancia. Su eficacia es inútil para garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad.

El ciudadano que respeta las leyes es transparente ante el Estado; el Estado, en cambio, se vuelve oscuro, opaco e inaprensible cuando ese mismo ciudadano le exige seguridad, justicia o servicios eficientes. Se le reclama más dinero para financiar una Administración que invade parcelas crecientes de su vida, pero se le pide resignación cuando esa Administración fracasa en sus obligaciones fundamentales. Debe aceptar listas de espera, burocracias interminables, infraestructuras deficientes y una inseguridad creciente porque, según se le explica, los problemas son demasiado complejos, las competencias están dispersas o las normas no permiten actuar de otra manera.

Ceuta revela hasta qué punto esa inversión de prioridades puede llegar a resultar peligrosa. Sus habitantes no necesitan gestos retóricos, campañas institucionales ni comparecencias destinadas a repartir responsabilidades. Necesitan que su ciudad vuelva a ser plenamente habitable, que sus playas dejen de funcionar como asentamientos improvisados, que los niños puedan comenzar la escuela tranquilamente, que quienes hayan cometido delitos respondan ante la Justicia y que la frontera no vuelva a quedar a merced de un llamamiento difundido por Internet o de una decisión adoptada por el Gobierno tiránico de Marruecos. Necesitan saber, en definitiva, que vivir en Ceuta no significa disfrutar de menos seguridad ni de menos derechos que vivir en cualquier otra ciudad española.

También quienes llegan irregularmente tienen derecho a que su situación sea resuelta con rapidez y conforme a la ley. Abandonarlos durante semanas en las calles o en las playas no constituye una política humanitaria, sino la renuncia a tener una política. La humanidad no consiste en abrir una frontera sin capacidad posterior de acogida, identificación y resolución administrativa. Consiste en disponer de procedimientos legales, medios suficientes y decisiones claras que impidan que los seres humanos sean utilizados por las mafias, instrumentalizados por terceros Estados o convertidos en piezas de una confrontación política.

Defender una frontera no es un acto de hostilidad ni una extravagancia ideológica. Es una obligación elemental de cualquier Estado soberano. La frontera delimita el espacio en el que rigen unas leyes, se ejercen unos derechos y las instituciones asumen unas responsabilidades. Cuando esa frontera se desmorona, no desaparece solamente una verja: se debilita la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para defender el territorio común. Y esa confianza, una vez perdida, resulta mucho más difícil de reconstruir que cualquier perímetro físico.

En Ceuta, como en el País Vasco o Cataluña, contemplamos un Estado mínimo que moviliza tarde sus recursos, que reconoce no haber previsto una entrada masiva, que depende excesivamente de la cooperación marroquí y que obliga a militares y guardias civiles a multiplicar sus jornadas sin garantizar siempre los medios ni la cobertura ni el apoyo que necesitan. Hemos visto también a unos ciudadanos sometidos durante semanas a una situación que jamás debería haberse prolongado tanto. Lo que comenzó como una emergencia fronteriza amenaza con convertirse en una crisis de autoridad y convivencia.

España no necesita un Estado más grande, sino un Estado que recuerde para qué existe. Un Estado limitado frente al ciudadano honrado y poderoso frente a quienes vulneran sus fronteras, alteran el orden o desafían la ley. Un Estado que recaude lo justo, administre con eficacia y proteja sin complejos. Porque cuando una Administración dispone de todos los recursos para someter al ciudadano, pero carece de voluntad o capacidad para defenderlo, deja de ser un instrumento al servicio de la nación y empieza a convertirse en una carga contra ella. Ceuta no es solamente una crisis migratoria: es el espejo en el que se refleja la profunda deformación y destrucción al que la izquierda socialista ha llevado al Estado español con el silencio cómplice de la Monarquía más inútil y cobarde Occidente.