El discurso de la Euskadi imaginaria o el Lehendakari sin vergüenza
Imanol Pradales presenta ante el Parlamento un país próspero, seguro, cohesionado y libre, pero su relato se sostiene sobre una cuidadosa selección de estadísticas, silencios políticos y promesas de futuro que no consiguen ocultar el derrumbe educativo, la crisis de la vivienda, la inquietud ciudadana ante la delincuencia inmigracional ni la persistencia de una cultura pública aberrante que todavía tolera y alaba la exaltación de la banda terrorista ETA
Imanol Pradales subió a la tribuna del Parlamento Vasco dispuesto a describir una Euskadi reconocible para su Gobierno, pero difícilmente identificable para una parte considerable de quienes viven en ella. La región avanzada, cohesionada, próspera y humanista que aparece en su discurso apenas existe en algunas estadísticas macroeconómicas, en los documentos oficiales y en la arquitectura retórica que el nacionalsocialismo vasco ha construido durante cuatro décadas. Fuera de ese marco, sin embargo, aparecen otra Euskadi y otras cifras: un sistema educativo desplomado, una vivienda inaccesible, una productividad que crece con dificultad, policías agredidos, ciudadanos preocupados por su seguridad, violencia asociada a la inmigración descontrolada y una memoria del terrorismo sometida todavía a los deseos y querencias de los etarras asesinos y sus secuaces, a quienes el tal Pradales trata tan bien.
El problema del discurso del Lehendakari no es que todas sus afirmaciones sean falsas. Muchas de las cifras en él citadas son ciertas. Euskadi mantiene una renta por habitante elevada, un importante peso industrial, una tasa de abandono escolar reducida, niveles relativamente bajos de pobreza y un sistema de protección social considerable. La manipulación política de este Gobierno ignorante y prepotente resulta mucho más sofisticada: consiste en seleccionar únicamente los datos favorables, presentarlos como prueba de la superioridad del llamado «modelo vasco» de algo y relegar las evidencias incómodas a breves reconocimientos acompañados inmediatamente de planes, estrategias y promesas.
El resultado es un discurso en el que el presente aparece maquillado por el futuro. Cuando la realidad es satisfactoria, el mérito corresponde al Gobierno Vasco (PNV-PSE) y al "autogobierno". Cuando es negativa, se convierte en un «reto compartido», en culpabilidad "del Estado", en una tendencia internacional o en un problema extremadamente complejo que exige tiempo, cooperación y nuevas competencias. Siempre más competencias para llenar los bolsillos de los amiguetes del Ejecutivo.
Pradales ofrece diez datos que califica como "objetivos" para demostrar que su Euskadi es «una nación avanzada a nivel europeo que combina competitividad y cohesión social». Entre ellos figuran el PIB por habitante, el peso de la industria, la tasa de pobreza, la desigualdad, la inversión en investigación, el abandono escolar o la inserción laboral universitaria. Los datos pueden ser objetivos. Su selección no lo es.
La primera ausencia significativa es la productividad, precisamente uno de los principales problemas estructurales de la economía vasca. Conviene ser rigurosos: no es correcto afirmar que Euskadi tenga la productividad absoluta más baja de España como se ha dicho en algunos foros. Continúa formando parte, junto con Madrid, Navarra y Cataluña, del grupo de comunidades con mayor productividad por trabajador. Lo preocupante es su débil evolución, el estancamiento de algunos sectores y la distancia creciente entre el aumento de los costes laborales y la mejora real de la eficiencia.
El propio informe económico del Gobierno Vasco calcula que la productividad aparente del trabajo creció un 0,9% interanual durante el primer trimestre de 2026, pero reconoce que la industria no contribuyó a esa mejora: su producción cayó un 0,3% y el empleo industrial descendió un 0,2%. También admite que el fuerte incremento del coste laboral por hora estuvo condicionado por la reducción de las horas efectivamente trabajadas. Es decir, la economía vasca conserva una posición elevada por la estructura heredada de su tejido productivo, pero encuentra dificultades crecientes para transformarla en innovación, eficiencia y crecimiento sostenido. El informe económico oficial dibuja una situación considerablemente más matizada que la exposición triunfalista del lehendakari.
Pradales afirma además que Euskadi lleva 21 trimestres creciendo por encima del 2%, destaca la creación de empleo y proclama la solidez de la economía. Pero crecimiento agregado no equivale necesariamente a prosperidad individual. Si el PIB aumenta al mismo tiempo que crece la población activa, se encarece la vivienda y apenas mejora la productividad, el ciudadano puede observar unas magníficas cifras macroeconómicas mientras siente que su capacidad adquisitiva y sus expectativas vitales retroceden. La clase medio desaparece mientras la comunidad va "como un cohete".
El lehendakari reconoce que la inflación alcanzó en agosto el 4,5%, aunque el dato oficial publicado posteriormente quedó en el 4,3%. Ese encarecimiento afecta especialmente a alimentos, energía, alquileres e hipotecas. La distancia entre el crecimiento nominal de la economía y la experiencia material de las familias es precisamente una de las grandes omisiones de su relato.
El apartado más comprometido del discurso es el dedicado a la educación. En este caso, Pradales abandona durante unos minutos el lenguaje complaciente y admite que «los resultados del Informe PISA son malos, sin paliativos». La frase es inequívoca y constituye probablemente el ejercicio de autocrítica más claro de toda su intervención. Pero incluso esa admisión aparece cuidadosamente administrada. El lehendakari recuerda que el Gobierno había creado un foro de expertos y aprobado una estrategia de mejora antes de realizarse las pruebas. De este modo, la gravedad del fracaso queda inmediatamente rodeada de medidas preventivas, responsabilidades compartidas y planes de recuperación.
Los resultados, sin embargo, no describen un tropiezo coyuntural. El País Vasco ha quedado únicamente por encima de Ceuta y Melilla en el resultado agregado divulgado del último PISA. En comprensión lectora ha pasado de 478 puntos en 2022 a 441 en 2025, un descenso de 37 puntos según los primeros balances autonómicos; otras comparaciones metodológicas elevan la caída acumulada hasta 47 puntos. En ciencias aparece en los últimos puestos y únicamente conserva una posición relativamente menos negativa en matemáticas.
El Gobierno no puede refugiarse en la baja tasa de abandono escolar, uno de los datos elegidos por Pradales para su decálogo triunfal. Que pocos alumnos abandonen las aulas no significa que estén aprendiendo algo y que estén haciéndolo adecuadamente. Euskadi ha conseguido mantener a los estudiantes dentro del sistema, pero las pruebas revelan que una proporción creciente sale de él con graves dificultades para comprender un texto, razonar matemáticamente o interpretar conocimientos científicos.
Durante décadas, la enseñanza vasca ha dispuesto de uno de los mayores gastos por alumno de España, infraestructuras suficientes y amplias competencias. No puede atribuir su fracaso a la escasez de autogobierno ni a una insuficiencia presupuestaria comparable a la de territorios menos favorecidos. La crisis cuestiona la gestión de los recursos, la imposición lingüística del euskera, la reducción de la exigencia, la politización educativa, la (escasa) formación del profesorado y una digitalización cuya revisión el Gobierno anuncia ahora, después de haberla promovido. Un reciente informe revelaba que uno de cada cinco futuros profesores vascos justifica a la banda terrorista ETA, pero para el memo de Pradales la culpa de todo lo malo la tienen el PP y Vox.
Pradales propone ahora lecturas diarias, evaluaciones en cursos clave y nuevas instrucciones sobre "las pantallas". Son medidas sorprendentemente elementales para un sistema que lleva años recibiendo señales de deterioro. Presentarlas como una respuesta de gran calado equivale a reconocer que durante demasiado tiempo dejaron de asegurarse algunas de las obligaciones más básicas de cualquier escuela: enseñar a leer, exigir esfuerzo, medir los conocimientos y corregir a tiempo las deficiencias.
En materia de seguridad, el lehendakari utiliza una fórmula reveladora. Primero asegura que hasta junio descendieron ligeramente las infracciones penales, los hurtos y los robos con fuerza. Después admite que aumentaron las estafas, las lesiones y las mujeres víctimas de violencia machista. Finalmente, reconoce que la sociedad exige medidas y convoca un pleno monográfico.
El dato global le permite proclamar una mejora; la enumeración posterior explica por qué numerosos ciudadanos no perciben su "mejora".
Las estadísticas oficiales del primer trimestre de 2026 contabilizaron 26.405 infracciones penales en Euskadi, solamente nueve menos que durante el mismo periodo del año anterior. La práctica estabilidad del total no invalida la alarma provocada por determinados delitos asociados a la inmigración ilegal, por las riñas violentas, las agresiones, el expansivo uso de armas blancas o los incidentes protagonizados por grupos numerosos. Tampoco convierte automáticamente la preocupación ciudadana en una impresión irracional.
El discurso presidencial incurre aquí en una operación política más grave. Pradales se refiere al «sentimiento de pérdida» de quienes dicen que antes se vivía mejor o que se sienten extraños en su propio pueblo. Afirma comprender esa vulnerabilidad, pero inmediatamente advierte de que "los populismos" se aprovechan de ella ofreciendo soluciones simples. En otras palabras, las preocupaciones ciudadanas son reconocidas para ser, a continuación, moralmente desactivadas: quien denuncia el deterioro puede estar alimentando el populismo, la reacción o la extrema derecha.
La obligación de un gobernante no consiste en psicologizar la inseguridad, sino en precisar qué delitos están aumentando, dónde se concentran, quiénes los cometen, por qué se repiten y qué fallos policiales, judiciales o sociales facilitan su expansión.
A ello se suma una sucesión de agresiones contra la Ertzaintza y las policías municipales. Los altercados del verano dejaron agentes heridos y numerosos detenidos. En Bilbao, el propio Departamento de Seguridad informó de 14 arrestos —cinco de ellos de menores— después de los ataques contra policías. Los sindicatos ErNE, Euspel y Sipe advirtieron de que agredir a un agente no puede normalizarse y reclamaron urgentemente más plantilla y respaldo institucional. El Gobierno Vasco condenó oficialmente aquellos ataques, mientras que los sindicatos denunciaron la normalización de la violencia.
Todos estos episodios permiten hablar de una violencia grupal y políticamente legitimada en determinados ambientes, dirigida contra quienes representan la autoridad pública. El Gobierno de Pradales comete un error cuando reduce el problema a la falta abstracta de «valores» o al cuestionamiento de la autoridad que las mismas instituciones vascas han alentado con un exasperante y tontolaba izquierdismo de salón. Existen organizaciones, convocatorias, consignas y espacios políticos concretos que buscan el choque criminal con la autoridad. La violencia no surge espontáneamente de una atmósfera social: alguien la promueve, la justifica o decide mirar hacia otro lado. Y el Gobierno Vasco del ínclito Pradales siempre calla al respecto.
Sin vergüenza, Pradales pronuncia repetidamente las palabras «libertad», «dignidad», «pluralismo» y «humanismo». También asegura que Euskadi disfruta de amplios derechos y que está reconstruyendo su convivencia después del terrorismo. Esa declaración sería más convincente si examinase las condiciones reales en las que una parte de la sociedad puede ejercer públicamente sus derechos políticos.
Existen actos políticos que requieren dispositivos extraordinarios, convocatorias hostigadas, amenazas, agresiones y una presión ambiental que no afecta por igual a todas las ideologías. Los proetarras y sus secuaces pueden pasearse tranquilamente por las calles vascas, no así cualquier ciudadano que demuestre ser seguidor de Vox o del PP o que porte una bandera nacional en su pulsera.
La libertad no consiste solamente en que una opinión no esté prohibida por la ley. Exige que pueda defenderse sin ser rodeado, intimidado, señalado laboralmente, expulsado del espacio público o protegido por cordones policiales. Cuando determinadas ideas necesitan escolta mientras otras pueden ocupar las calles, colocar pancartas y organizar contramanifestaciones con impunidad, la libertad existe formalmente, pero no se encuentra distribuida de manera equitativa.
El lehendakari denuncia con dureza a unas inexistentes y fantasmales «fuerzas autoritarias, populistas y reaccionarias». Sin embargo, dedica mucha menos energía retórica al autoritarismo que durante décadas anidó en una parte del nacionalismo vasco y cuyos residuos siguen presentes en la calle. El resultado es una jerarquía moral inquietante: el adversario conservador aparece como una amenaza contemporánea para la democracia, mientras la cultura política que arropó a ETA se presenta como una deuda histórica en vías de resolución.
El discurso del Lehendakari afirma que el pueblo vasco se enfrentó «a Franco, al terrorismo de ETA y a la violencia del Estado». La equiparación dentro de una misma frase no es inocente. Inserta el terrorismo de ETA entre dos violencias exteriores o institucionales y diluye la responsabilidad específica de una organización criminal, de corte nacionalista y socialista, que asesinó a 853 personas, extorsionó a empresarios, persiguió a concejales, periodistas, jueces, policías, militares y profesores, y obligó a miles de ciudadanos a abandonar Euskadi. Además, miente dramáticamente: el pueblo vasco apenas se enfrentó a Franco y, desde luego, jamás se enfrentó a ETA. A ETA la derrotó la Guardia Civil.
Pradales añade que todavía hay quienes no han condenado toda violencia ni han pedido perdón. Pero evita nombrarlos. No dice EH Bildu. No habla de Sortu. No recuerda que esas fuerzas continúan integrando en sus candidaturas, estructuras y homenajes políticos a personas condenadas por terrorismo. La apelación genérica permite aparentar firmeza sin exigir consecuencias políticas a quienes sostienen parlamentariamente acuerdos decisivos para el nacionalismo vasco y para el Ejecutivo mafioso de Pedro Sánchez.
Además, el Gobierno Vasco que preside Imanol Pradales continúa liberando terroristas y convirtiendo las calles vascas en un extenso zoológico de criminales etarras en libertad. Desde que recibió las competencias penitenciarias en 2021, el Ejecutivo vasco decide las clasificaciones y propone o concede regímenes abiertos. Hasta comienzos de 2026 se habían contabilizado 111 terceros grados para presos de ETA. La mayor parte de ellos, sin justificar. De hecho, en algunos casos la Audiencia Nacional ha revocado las medidas aprobadas por la Viceconsejería de Justicia al considerar que no se cumplían todavía los requisitos legales para ellas.
Mientras tanto, y como corresponde a una sociedad extremaizquierdista sin un mínimo asidero ético, la exaltación pública de los terroristas no ha desaparecido de la calle. COVITE documentó 374 actos de apoyo a ETA durante 2025. En 2026, COVITE y la Fundación Fernando Buesa localizaron 38 imágenes de miembros de ETA solamente durante la Korrika que tanto y tan bien subvenciona y apoya el Gobierno de Pradales. La diferencia entre un «ongi etorri» y un aurresku bailado ante la fotografía de un terrorista puede tener importancia jurídica y organizativa. Para una víctima, la humillación moral resulta muy parecida.
La vivienda es otro de los asuntos en los que el discurso de Pradales comienza admitiendo lo evidente: «Hay pocas casas y son caras». Después llega una larga enumeración de presupuestos, decretos, avales, ayudas al alquiler, incentivos fiscales, reservas de suelo y zonas tensionadas. Pero una política pública debe medirse por sus resultados, no por el número de programas que es capaz de anunciar. El País Vasco continúa siendo una de las tres comunidades con la vivienda más cara de España, detrás de Madrid y Baleares. Los datos registrales de 2025 situaron su precio medio en unos 3.489 euros por metro cuadrado. En el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de Vivienda registró otro aumento interanual cercano al 10%. Los datos del INE confirman el incremento, mientras las estadísticas registrales mantienen a Euskadi entre los territorios menos accesibles.
Las ayudas a la demanda, los avales y las subvenciones pueden aliviar situaciones individuales, pero también terminan alimentando los precios cuando no aumenta suficientemente la oferta. Décadas de planeamiento lento, suelo bloqueado, trabas administrativas, fiscalidad excesiva, escasez de construcción y concentración de oportunidades laborales en determinadas áreas urbanas han producido un mercado excluyente para los jóvenes y las rentas medias.
El lehendakari promete ahora reservar vivienda a menores de 36 años, ampliar ¿Gaztelagun? y facilitar la transformación de lonjas. Son paliativos para una emergencia que se ha desarrollado bajo gobiernos del mismo partido que hoy promete solucionarla.
La última parte del discurso presidencial pretende elevarse sobre la gestión cotidiana. Pradales habla de dignidad, justicia, solidaridad, libertad responsable y «brújula humanista». Invoca al Congreso Mundial Vasco de 1956 y se presenta como heredero de la tradición del lehendakari Aguirre.
El recurso resulta políticamente eficaz porque coloca al Gobierno en una posición moral superior. Sus políticas dejan de ser decisiones discutibles para convertirse en manifestaciones "del humanismo"; sus adversarios dejan de ser ciudadanos con diagnósticos diferentes para transformarse en populistas, autoritarios o reaccionarios que amenazan con «estrangular la libertad».
Ese es el punto más débil y, al mismo tiempo, más revelador del discurso. Un Gobierno verdaderamente humanista no seleccionaría la dignidad de las víctimas según la conveniencia de sus pactos, no interpretaría la inquietud por la seguridad como un sentimiento susceptible de ser explotado por una inexistente "extrema derecha" y, desde luego, no presumiría de libertad mientras decenas de miles de ciudadanos continúan necesitando protección para defender públicamente sus ideas.
La Euskadi real no es, ni de lejos, la comunidad ejemplar que Pradales presentó ante el Parlamento. Es una sociedad rica que pierde posiciones educativas; industrial, pero amenazada por el estancamiento productivo; formalmente libre, aunque conserva extensísimas bolsas de intimidación política; pacificada, pero todavía incapaz de expulsar de sus calles toda exaltación del terrorismo; dotada de amplias competencias, pero acostumbrada a reclamar más poder antes de rendir cuentas por el resultado del que ya posee.
El lehendakari pidió debatir sin líneas rojas. La primera condición debería ser abandonar la Euskadi imaginaria de los discursos oficiales. Porque un país no se gobierna con una selección de diez estadísticas favorables ni con una sucesión interminable de estrategias anunciadas. Se gobierna mirando también aquello que contradice el relato, nombrando a los responsables y admitiendo que cuarenta años de poder casi ininterrumpido impiden seguir atribuyendo cada fracaso al Estado, a Europa, a las crisis internacionales o a la complejidad de los tiempos.
Ese es el gran silencio que atraviesa las 47 páginas del discurso: Pradales, sin ningún tipo de vergüenza, habla como si su partido acabara de llegar al Gobierno de una comunidad administrada durante décadas por otros. Pero la Euskadi que hoy promete reparar es, total y absolutamente, la Euskadi indecente y miserable que su propio partido ha construido.
Imanol Pradales presenta ante el Parlamento un país próspero, seguro, cohesionado y libre, pero su relato se sostiene sobre una cuidadosa selección de estadísticas, silencios políticos y promesas de futuro que no consiguen ocultar el derrumbe educativo, la crisis de la vivienda, la inquietud ciudadana ante la delincuencia inmigracional ni la persistencia de una cultura pública aberrante que todavía tolera y alaba la exaltación de la banda terrorista ETA
Imanol Pradales subió a la tribuna del Parlamento Vasco dispuesto a describir una Euskadi reconocible para su Gobierno, pero difícilmente identificable para una parte considerable de quienes viven en ella. La región avanzada, cohesionada, próspera y humanista que aparece en su discurso apenas existe en algunas estadísticas macroeconómicas, en los documentos oficiales y en la arquitectura retórica que el nacionalsocialismo vasco ha construido durante cuatro décadas. Fuera de ese marco, sin embargo, aparecen otra Euskadi y otras cifras: un sistema educativo desplomado, una vivienda inaccesible, una productividad que crece con dificultad, policías agredidos, ciudadanos preocupados por su seguridad, violencia asociada a la inmigración descontrolada y una memoria del terrorismo sometida todavía a los deseos y querencias de los etarras asesinos y sus secuaces, a quienes el tal Pradales trata tan bien.
El problema del discurso del Lehendakari no es que todas sus afirmaciones sean falsas. Muchas de las cifras en él citadas son ciertas. Euskadi mantiene una renta por habitante elevada, un importante peso industrial, una tasa de abandono escolar reducida, niveles relativamente bajos de pobreza y un sistema de protección social considerable. La manipulación política de este Gobierno ignorante y prepotente resulta mucho más sofisticada: consiste en seleccionar únicamente los datos favorables, presentarlos como prueba de la superioridad del llamado «modelo vasco» de algo y relegar las evidencias incómodas a breves reconocimientos acompañados inmediatamente de planes, estrategias y promesas.
El resultado es un discurso en el que el presente aparece maquillado por el futuro. Cuando la realidad es satisfactoria, el mérito corresponde al Gobierno Vasco (PNV-PSE) y al "autogobierno". Cuando es negativa, se convierte en un «reto compartido», en culpabilidad "del Estado", en una tendencia internacional o en un problema extremadamente complejo que exige tiempo, cooperación y nuevas competencias. Siempre más competencias para llenar los bolsillos de los amiguetes del Ejecutivo.
Pradales ofrece diez datos que califica como "objetivos" para demostrar que su Euskadi es «una nación avanzada a nivel europeo que combina competitividad y cohesión social». Entre ellos figuran el PIB por habitante, el peso de la industria, la tasa de pobreza, la desigualdad, la inversión en investigación, el abandono escolar o la inserción laboral universitaria. Los datos pueden ser objetivos. Su selección no lo es.
La primera ausencia significativa es la productividad, precisamente uno de los principales problemas estructurales de la economía vasca. Conviene ser rigurosos: no es correcto afirmar que Euskadi tenga la productividad absoluta más baja de España como se ha dicho en algunos foros. Continúa formando parte, junto con Madrid, Navarra y Cataluña, del grupo de comunidades con mayor productividad por trabajador. Lo preocupante es su débil evolución, el estancamiento de algunos sectores y la distancia creciente entre el aumento de los costes laborales y la mejora real de la eficiencia.
El propio informe económico del Gobierno Vasco calcula que la productividad aparente del trabajo creció un 0,9% interanual durante el primer trimestre de 2026, pero reconoce que la industria no contribuyó a esa mejora: su producción cayó un 0,3% y el empleo industrial descendió un 0,2%. También admite que el fuerte incremento del coste laboral por hora estuvo condicionado por la reducción de las horas efectivamente trabajadas. Es decir, la economía vasca conserva una posición elevada por la estructura heredada de su tejido productivo, pero encuentra dificultades crecientes para transformarla en innovación, eficiencia y crecimiento sostenido. El informe económico oficial dibuja una situación considerablemente más matizada que la exposición triunfalista del lehendakari.
Pradales afirma además que Euskadi lleva 21 trimestres creciendo por encima del 2%, destaca la creación de empleo y proclama la solidez de la economía. Pero crecimiento agregado no equivale necesariamente a prosperidad individual. Si el PIB aumenta al mismo tiempo que crece la población activa, se encarece la vivienda y apenas mejora la productividad, el ciudadano puede observar unas magníficas cifras macroeconómicas mientras siente que su capacidad adquisitiva y sus expectativas vitales retroceden. La clase medio desaparece mientras la comunidad va "como un cohete".
El lehendakari reconoce que la inflación alcanzó en agosto el 4,5%, aunque el dato oficial publicado posteriormente quedó en el 4,3%. Ese encarecimiento afecta especialmente a alimentos, energía, alquileres e hipotecas. La distancia entre el crecimiento nominal de la economía y la experiencia material de las familias es precisamente una de las grandes omisiones de su relato.
El apartado más comprometido del discurso es el dedicado a la educación. En este caso, Pradales abandona durante unos minutos el lenguaje complaciente y admite que «los resultados del Informe PISA son malos, sin paliativos». La frase es inequívoca y constituye probablemente el ejercicio de autocrítica más claro de toda su intervención. Pero incluso esa admisión aparece cuidadosamente administrada. El lehendakari recuerda que el Gobierno había creado un foro de expertos y aprobado una estrategia de mejora antes de realizarse las pruebas. De este modo, la gravedad del fracaso queda inmediatamente rodeada de medidas preventivas, responsabilidades compartidas y planes de recuperación.
Los resultados, sin embargo, no describen un tropiezo coyuntural. El País Vasco ha quedado únicamente por encima de Ceuta y Melilla en el resultado agregado divulgado del último PISA. En comprensión lectora ha pasado de 478 puntos en 2022 a 441 en 2025, un descenso de 37 puntos según los primeros balances autonómicos; otras comparaciones metodológicas elevan la caída acumulada hasta 47 puntos. En ciencias aparece en los últimos puestos y únicamente conserva una posición relativamente menos negativa en matemáticas.
El Gobierno no puede refugiarse en la baja tasa de abandono escolar, uno de los datos elegidos por Pradales para su decálogo triunfal. Que pocos alumnos abandonen las aulas no significa que estén aprendiendo algo y que estén haciéndolo adecuadamente. Euskadi ha conseguido mantener a los estudiantes dentro del sistema, pero las pruebas revelan que una proporción creciente sale de él con graves dificultades para comprender un texto, razonar matemáticamente o interpretar conocimientos científicos.
Durante décadas, la enseñanza vasca ha dispuesto de uno de los mayores gastos por alumno de España, infraestructuras suficientes y amplias competencias. No puede atribuir su fracaso a la escasez de autogobierno ni a una insuficiencia presupuestaria comparable a la de territorios menos favorecidos. La crisis cuestiona la gestión de los recursos, la imposición lingüística del euskera, la reducción de la exigencia, la politización educativa, la (escasa) formación del profesorado y una digitalización cuya revisión el Gobierno anuncia ahora, después de haberla promovido. Un reciente informe revelaba que uno de cada cinco futuros profesores vascos justifica a la banda terrorista ETA, pero para el memo de Pradales la culpa de todo lo malo la tienen el PP y Vox.
Pradales propone ahora lecturas diarias, evaluaciones en cursos clave y nuevas instrucciones sobre "las pantallas". Son medidas sorprendentemente elementales para un sistema que lleva años recibiendo señales de deterioro. Presentarlas como una respuesta de gran calado equivale a reconocer que durante demasiado tiempo dejaron de asegurarse algunas de las obligaciones más básicas de cualquier escuela: enseñar a leer, exigir esfuerzo, medir los conocimientos y corregir a tiempo las deficiencias.
En materia de seguridad, el lehendakari utiliza una fórmula reveladora. Primero asegura que hasta junio descendieron ligeramente las infracciones penales, los hurtos y los robos con fuerza. Después admite que aumentaron las estafas, las lesiones y las mujeres víctimas de violencia machista. Finalmente, reconoce que la sociedad exige medidas y convoca un pleno monográfico.
El dato global le permite proclamar una mejora; la enumeración posterior explica por qué numerosos ciudadanos no perciben su "mejora".
Las estadísticas oficiales del primer trimestre de 2026 contabilizaron 26.405 infracciones penales en Euskadi, solamente nueve menos que durante el mismo periodo del año anterior. La práctica estabilidad del total no invalida la alarma provocada por determinados delitos asociados a la inmigración ilegal, por las riñas violentas, las agresiones, el expansivo uso de armas blancas o los incidentes protagonizados por grupos numerosos. Tampoco convierte automáticamente la preocupación ciudadana en una impresión irracional.
El discurso presidencial incurre aquí en una operación política más grave. Pradales se refiere al «sentimiento de pérdida» de quienes dicen que antes se vivía mejor o que se sienten extraños en su propio pueblo. Afirma comprender esa vulnerabilidad, pero inmediatamente advierte de que "los populismos" se aprovechan de ella ofreciendo soluciones simples. En otras palabras, las preocupaciones ciudadanas son reconocidas para ser, a continuación, moralmente desactivadas: quien denuncia el deterioro puede estar alimentando el populismo, la reacción o la extrema derecha.
La obligación de un gobernante no consiste en psicologizar la inseguridad, sino en precisar qué delitos están aumentando, dónde se concentran, quiénes los cometen, por qué se repiten y qué fallos policiales, judiciales o sociales facilitan su expansión.
A ello se suma una sucesión de agresiones contra la Ertzaintza y las policías municipales. Los altercados del verano dejaron agentes heridos y numerosos detenidos. En Bilbao, el propio Departamento de Seguridad informó de 14 arrestos —cinco de ellos de menores— después de los ataques contra policías. Los sindicatos ErNE, Euspel y Sipe advirtieron de que agredir a un agente no puede normalizarse y reclamaron urgentemente más plantilla y respaldo institucional. El Gobierno Vasco condenó oficialmente aquellos ataques, mientras que los sindicatos denunciaron la normalización de la violencia.
Todos estos episodios permiten hablar de una violencia grupal y políticamente legitimada en determinados ambientes, dirigida contra quienes representan la autoridad pública. El Gobierno de Pradales comete un error cuando reduce el problema a la falta abstracta de «valores» o al cuestionamiento de la autoridad que las mismas instituciones vascas han alentado con un exasperante y tontolaba izquierdismo de salón. Existen organizaciones, convocatorias, consignas y espacios políticos concretos que buscan el choque criminal con la autoridad. La violencia no surge espontáneamente de una atmósfera social: alguien la promueve, la justifica o decide mirar hacia otro lado. Y el Gobierno Vasco del ínclito Pradales siempre calla al respecto.
Sin vergüenza, Pradales pronuncia repetidamente las palabras «libertad», «dignidad», «pluralismo» y «humanismo». También asegura que Euskadi disfruta de amplios derechos y que está reconstruyendo su convivencia después del terrorismo. Esa declaración sería más convincente si examinase las condiciones reales en las que una parte de la sociedad puede ejercer públicamente sus derechos políticos.
Existen actos políticos que requieren dispositivos extraordinarios, convocatorias hostigadas, amenazas, agresiones y una presión ambiental que no afecta por igual a todas las ideologías. Los proetarras y sus secuaces pueden pasearse tranquilamente por las calles vascas, no así cualquier ciudadano que demuestre ser seguidor de Vox o del PP o que porte una bandera nacional en su pulsera.
La libertad no consiste solamente en que una opinión no esté prohibida por la ley. Exige que pueda defenderse sin ser rodeado, intimidado, señalado laboralmente, expulsado del espacio público o protegido por cordones policiales. Cuando determinadas ideas necesitan escolta mientras otras pueden ocupar las calles, colocar pancartas y organizar contramanifestaciones con impunidad, la libertad existe formalmente, pero no se encuentra distribuida de manera equitativa.
El lehendakari denuncia con dureza a unas inexistentes y fantasmales «fuerzas autoritarias, populistas y reaccionarias». Sin embargo, dedica mucha menos energía retórica al autoritarismo que durante décadas anidó en una parte del nacionalismo vasco y cuyos residuos siguen presentes en la calle. El resultado es una jerarquía moral inquietante: el adversario conservador aparece como una amenaza contemporánea para la democracia, mientras la cultura política que arropó a ETA se presenta como una deuda histórica en vías de resolución.
El discurso del Lehendakari afirma que el pueblo vasco se enfrentó «a Franco, al terrorismo de ETA y a la violencia del Estado». La equiparación dentro de una misma frase no es inocente. Inserta el terrorismo de ETA entre dos violencias exteriores o institucionales y diluye la responsabilidad específica de una organización criminal, de corte nacionalista y socialista, que asesinó a 853 personas, extorsionó a empresarios, persiguió a concejales, periodistas, jueces, policías, militares y profesores, y obligó a miles de ciudadanos a abandonar Euskadi. Además, miente dramáticamente: el pueblo vasco apenas se enfrentó a Franco y, desde luego, jamás se enfrentó a ETA. A ETA la derrotó la Guardia Civil.
Pradales añade que todavía hay quienes no han condenado toda violencia ni han pedido perdón. Pero evita nombrarlos. No dice EH Bildu. No habla de Sortu. No recuerda que esas fuerzas continúan integrando en sus candidaturas, estructuras y homenajes políticos a personas condenadas por terrorismo. La apelación genérica permite aparentar firmeza sin exigir consecuencias políticas a quienes sostienen parlamentariamente acuerdos decisivos para el nacionalismo vasco y para el Ejecutivo mafioso de Pedro Sánchez.
Además, el Gobierno Vasco que preside Imanol Pradales continúa liberando terroristas y convirtiendo las calles vascas en un extenso zoológico de criminales etarras en libertad. Desde que recibió las competencias penitenciarias en 2021, el Ejecutivo vasco decide las clasificaciones y propone o concede regímenes abiertos. Hasta comienzos de 2026 se habían contabilizado 111 terceros grados para presos de ETA. La mayor parte de ellos, sin justificar. De hecho, en algunos casos la Audiencia Nacional ha revocado las medidas aprobadas por la Viceconsejería de Justicia al considerar que no se cumplían todavía los requisitos legales para ellas.
Mientras tanto, y como corresponde a una sociedad extremaizquierdista sin un mínimo asidero ético, la exaltación pública de los terroristas no ha desaparecido de la calle. COVITE documentó 374 actos de apoyo a ETA durante 2025. En 2026, COVITE y la Fundación Fernando Buesa localizaron 38 imágenes de miembros de ETA solamente durante la Korrika que tanto y tan bien subvenciona y apoya el Gobierno de Pradales. La diferencia entre un «ongi etorri» y un aurresku bailado ante la fotografía de un terrorista puede tener importancia jurídica y organizativa. Para una víctima, la humillación moral resulta muy parecida.
La vivienda es otro de los asuntos en los que el discurso de Pradales comienza admitiendo lo evidente: «Hay pocas casas y son caras». Después llega una larga enumeración de presupuestos, decretos, avales, ayudas al alquiler, incentivos fiscales, reservas de suelo y zonas tensionadas. Pero una política pública debe medirse por sus resultados, no por el número de programas que es capaz de anunciar. El País Vasco continúa siendo una de las tres comunidades con la vivienda más cara de España, detrás de Madrid y Baleares. Los datos registrales de 2025 situaron su precio medio en unos 3.489 euros por metro cuadrado. En el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de Vivienda registró otro aumento interanual cercano al 10%. Los datos del INE confirman el incremento, mientras las estadísticas registrales mantienen a Euskadi entre los territorios menos accesibles.
Las ayudas a la demanda, los avales y las subvenciones pueden aliviar situaciones individuales, pero también terminan alimentando los precios cuando no aumenta suficientemente la oferta. Décadas de planeamiento lento, suelo bloqueado, trabas administrativas, fiscalidad excesiva, escasez de construcción y concentración de oportunidades laborales en determinadas áreas urbanas han producido un mercado excluyente para los jóvenes y las rentas medias.
El lehendakari promete ahora reservar vivienda a menores de 36 años, ampliar ¿Gaztelagun? y facilitar la transformación de lonjas. Son paliativos para una emergencia que se ha desarrollado bajo gobiernos del mismo partido que hoy promete solucionarla.
La última parte del discurso presidencial pretende elevarse sobre la gestión cotidiana. Pradales habla de dignidad, justicia, solidaridad, libertad responsable y «brújula humanista». Invoca al Congreso Mundial Vasco de 1956 y se presenta como heredero de la tradición del lehendakari Aguirre.
El recurso resulta políticamente eficaz porque coloca al Gobierno en una posición moral superior. Sus políticas dejan de ser decisiones discutibles para convertirse en manifestaciones "del humanismo"; sus adversarios dejan de ser ciudadanos con diagnósticos diferentes para transformarse en populistas, autoritarios o reaccionarios que amenazan con «estrangular la libertad».
Ese es el punto más débil y, al mismo tiempo, más revelador del discurso. Un Gobierno verdaderamente humanista no seleccionaría la dignidad de las víctimas según la conveniencia de sus pactos, no interpretaría la inquietud por la seguridad como un sentimiento susceptible de ser explotado por una inexistente "extrema derecha" y, desde luego, no presumiría de libertad mientras decenas de miles de ciudadanos continúan necesitando protección para defender públicamente sus ideas.
La Euskadi real no es, ni de lejos, la comunidad ejemplar que Pradales presentó ante el Parlamento. Es una sociedad rica que pierde posiciones educativas; industrial, pero amenazada por el estancamiento productivo; formalmente libre, aunque conserva extensísimas bolsas de intimidación política; pacificada, pero todavía incapaz de expulsar de sus calles toda exaltación del terrorismo; dotada de amplias competencias, pero acostumbrada a reclamar más poder antes de rendir cuentas por el resultado del que ya posee.
El lehendakari pidió debatir sin líneas rojas. La primera condición debería ser abandonar la Euskadi imaginaria de los discursos oficiales. Porque un país no se gobierna con una selección de diez estadísticas favorables ni con una sucesión interminable de estrategias anunciadas. Se gobierna mirando también aquello que contradice el relato, nombrando a los responsables y admitiendo que cuarenta años de poder casi ininterrumpido impiden seguir atribuyendo cada fracaso al Estado, a Europa, a las crisis internacionales o a la complejidad de los tiempos.
Ese es el gran silencio que atraviesa las 47 páginas del discurso: Pradales, sin ningún tipo de vergüenza, habla como si su partido acabara de llegar al Gobierno de una comunidad administrada durante décadas por otros. Pero la Euskadi que hoy promete reparar es, total y absolutamente, la Euskadi indecente y miserable que su propio partido ha construido.
