El fracaso económico del Gobierno nacionalsocialista de Imanol Pradales
Los 96,7 millones de euros captados durante el primer semestre de 2026 desnudan la distancia existente entre la propaganda económica del Gobierno Vasco y la confianza real que el país inspira a quienes deben arriesgar su dinero
Hay cifras que necesitan largas explicaciones y otras que explican por sí solas una realidad que los gobiernos se esfuerzan en esconder. Durante el primer semestre de 2026, el País Vasco apenas recibió 96,70 millones de euros de inversión extranjera productiva. La cantidad representa únicamente el 0,78 % de los 12.446 millones captados por el conjunto de España y relega a Euskadi al decimoquinto puesto entre las diecisiete comunidades autónomas. Solo Navarra y Cantabria obtuvieron resultados inferiores. Detrás de estos datos, publicados por el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex, aparece algo más grave que una mala clasificación coyuntural: el fracaso de un modelo económico que, en manos de nacionalistas y socialistas, lleva años confundiéndose a sí mismo con el recuerdo de lo que un día fue el País Vasco.
Euskadi conserva empresas excelentes, trabajadores cualificados, una posición geográfica privilegiada, infraestructuras solventes, centros tecnológicos de prestigio y una cultura industrial forjada durante generaciones. Posee, además, un régimen fiscal propio que debería proporcionarle una capacidad extraordinaria para competir, atraer proyectos y ofrecer estabilidad a quienes buscan instalarse en Europa. Sin embargo, cuando llega el momento de medir la confianza efectiva de los inversores internacionales, toda esa suma de ventajas desemboca en menos de cien millones de euros durante seis meses. No estamos ante una comunidad pobre, periférica o carente de tradición empresarial. Estamos ante uno de los territorios potencialmente mejor preparados de España obteniendo uno de los peores resultados de España.
La comparación desmonta cualquier intento de refugiarse en la incertidumbre internacional. La inversión extranjera directa creció un 31,2 % en el conjunto nacional durante el mismo periodo. Madrid captó 5.635,7 millones; Cataluña, 2.358,6 millones; la Comunidad Valenciana, 1.845,8 millones, y Andalucía, 903,6 millones. Incluso Castilla y León, Aragón, Galicia, Canarias y Asturias superaron ampliamente al País Vasco. Mientras otras comunidades encontraban oportunidades en un escenario internacional complejo, Euskadi quedaba prácticamente borrada del mapa. No falló el mercado español. Falló la capacidad vasca para participar de su crecimiento.
El Gobierno Vasco podrá alegar, con parte de razón, que estas estadísticas son volátiles, que una gran operación puede alterar por completo el balance de un trimestre y que DataInvex atribuye generalmente cada inversión al territorio donde se encuentra el domicilio social de la empresa receptora. Es cierto. Madrid se beneficia de la concentración de sedes corporativas y el resultado final de 2026 podría mejorar durante el segundo semestre. Pero ninguna de esas cautelas convierte 96,70 millones en una cifra satisfactoria, ni explica por qué una comunidad que se presenta permanentemente como potencia industrial ocupa la decimoquinta posición nacional. La metodología puede matizar el fracaso; no puede hacerlo desaparecer.
El problema del Gobierno Vasco es que lleva demasiado tiempo administrando una marca heredada. Cacarea sin parar de industria avanzada, innovación, transformación energética, talento, internacionalización y autonomía estratégica como si la repetición constante de estas palabras garantizara su existencia. Presenta planes, crea fondos, convoca mesas, distribuye subvenciones a amigos y amiguetes y anuncia cantidades millonarias que casi siempre se proyectan hacia un futuro convenientemente lejano. La economía oficial vasca parece haberse convertido en una interminable presentación de diapositivas y powerpoints: objetivos ambiciosos, conceptos de moda, fotografías institucionales y cifras de “movilización” que mezclan recursos públicos, previsiones privadas y deseos todavía pendientes de materializarse.
Pero los inversores no toman decisiones por la calidad gráfica de una estrategia gubernamental. Estudian los costes, la fiscalidad, la regulación, la disponibilidad de profesionales, la seguridad jurídica, la productividad, el acceso a suelo industrial, la agilidad administrativa y las expectativas de crecimiento. También valoran el clima político y la disposición de las instituciones a facilitar la actividad económica sin someterla a un laberinto de requisitos, permisos, prioridades ideológicas, exigencias woke y condicionamientos lingüísticos. Cuando un territorio acumula ventajas objetivas y, aun así, recibe el 0,78 % de la inversión extranjera de España, el Gobierno tiene la obligación de preguntarse qué está haciendo mal.
La respuesta no puede consistir en desplegar más intervencionismo para corregir los efectos del intervencionismo anterior. El Ejecutivo vasco ha decidido presentarse como accionista, protector, planificador, seleccionador de sectores estratégicos y guardián del arraigo empresarial. Pretende dirigir la transformación económica desde los despachos administrativos mientras multiplica organismos, programas y vehículos financieros. Esta política puede servir para apuntalar determinadas compañías o evitar que algunos centros de decisión abandonen Euskadi, pero no sustituye la creación de un entorno atractivo para que nuevas empresas decidan llegar por iniciativa propia. Una economía dinámica no se construye únicamente comprando participaciones con dinero público. También necesita que alguien de fuera contemple el País Vasco, compare alternativas y decida voluntariamente arriesgar aquí su capital.
La obsesión por el arraigo revela, además, una contradicción profunda. El Gobierno Vasco afirma querer atraer inversión internacional, pero al mismo tiempo transmite una permanente desconfianza hacia el capital que no controla y hacia las operaciones que pueden modificar la propiedad de las grandes empresas locales. Quiere dinero extranjero, pero no siempre acepta con naturalidad las consecuencias de abrir una economía al mundo. Pretende conservar centros de decisión, empleos, marcas y accionistas estables mediante una tutela institucional creciente. El resultado corre el riesgo de ser un ecosistema protegido, caro y políticamente condicionado, capaz de conservar durante algún tiempo una parte de lo existente, pero cada vez menos eficaz para atraer lo nuevo.
Tampoco puede separarse este fracaso de un modelo político que ha situado demasiadas energías institucionales en la construcción identitaria y demasiado pocas en la competitividad real. Cada exigencia administrativa adicional, cada barrera lingüística que no responde a las necesidades efectivas de un puesto de trabajo, cada demora en la concesión de una licencia y cada norma concebida para satisfacer a los socios nacionalistas o a la izquierda intervencionista más ignorante y fanbática de Europa tiene un coste. Puede que ese coste no aparezca inmediatamente en los presupuestos, pero termina reflejándose en las decisiones de quienes comparan Euskadi con Madrid, Valencia, Lisboa, Dublín, Milán o cualquier otra localización posible.
Durante décadas, el País Vasco fue reconocido por una burguesía que invertía, una industria que exportaba y una sociedad que entendía la empresa como fuente de prosperidad. Hoy el discurso público habla mucho más de repartir, proteger, regular y subvencionar que de producir, competir, crecer y obtener beneficios. La empresa es elogiada en los actos oficiales, pero sometida después a una cultura política que contempla el éxito económico con sospecha y que considera a la Administración protagonista natural de cualquier transformación. Esa contradicción no puede mantenerse indefinidamente.
Los datos de DataInvex no permiten afirmar que toda la economía vasca esté en ruinas. Pero gran parte de ella sí lo está, como su sistema educativo. Tampoco prueban por sí solos una tendencia irreversible. Representan un semestre, están sujetos a operaciones puntuales y deben leerse dentro de las limitaciones de la estadística. Pero sí constituyen una advertencia severa y verificable. Mientras España aumentaba con fuerza la inversión extranjera y los proyectos destinados a crear o ampliar capacidad productiva ganaban terreno, Euskadi quedaba en las últimas posiciones. Ignorar esta señal alegando tecnicismos sería una nueva muestra de la complacencia nacionalsocialista que nos ha conducido hasta aquí.
El Gobierno Vasco del inútil de Imanol Pradales debería dejar de celebrar sus intenciones y empezar a responder por sus (nulos) resultados. Debe explicar por qué una comunidad dotada de Concierto Económico, experiencia industrial, capital humano, infraestructuras y capacidad financiera solo ha captado 96,70 millones de euros en seis meses. Debe aclarar qué obstáculos encuentran los potenciales inversores, cuánto tiempo necesitan para poner en marcha un proyecto, qué cargas regulatorias soportan y hasta qué punto las prioridades políticas del Ejecutivo están expulsando oportunidades que otros territorios reciben con los brazos abiertos.
Euskadi no necesita otra campaña que proclame su atractivo, ni un nuevo catálogo de estrategias con horizonte en 2030 o 2050. Necesita recuperar la confianza, reducir barreras y aceptar que la riqueza no nace en los consejos de gobierno ni en las oficinas de propaganda institucional. La crean quienes emprenden, trabajan, investigan, fabrican, venden e invierten. Los 96,70 millones del primer semestre son el balance provisional de un territorio que todavía presume de potencia industrial, pero al que los inversores internacionales apenas prestan atención y en el que no parecen encontrar motivos para elegir. Y esa distancia entre la leyenda que el Gobierno cuenta y la realidad que los datos describen constituye, hoy, uno de los mayores fracasos de la política económica vasca.
Los 96,7 millones de euros captados durante el primer semestre de 2026 desnudan la distancia existente entre la propaganda económica del Gobierno Vasco y la confianza real que el país inspira a quienes deben arriesgar su dinero
Hay cifras que necesitan largas explicaciones y otras que explican por sí solas una realidad que los gobiernos se esfuerzan en esconder. Durante el primer semestre de 2026, el País Vasco apenas recibió 96,70 millones de euros de inversión extranjera productiva. La cantidad representa únicamente el 0,78 % de los 12.446 millones captados por el conjunto de España y relega a Euskadi al decimoquinto puesto entre las diecisiete comunidades autónomas. Solo Navarra y Cantabria obtuvieron resultados inferiores. Detrás de estos datos, publicados por el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex, aparece algo más grave que una mala clasificación coyuntural: el fracaso de un modelo económico que, en manos de nacionalistas y socialistas, lleva años confundiéndose a sí mismo con el recuerdo de lo que un día fue el País Vasco.
Euskadi conserva empresas excelentes, trabajadores cualificados, una posición geográfica privilegiada, infraestructuras solventes, centros tecnológicos de prestigio y una cultura industrial forjada durante generaciones. Posee, además, un régimen fiscal propio que debería proporcionarle una capacidad extraordinaria para competir, atraer proyectos y ofrecer estabilidad a quienes buscan instalarse en Europa. Sin embargo, cuando llega el momento de medir la confianza efectiva de los inversores internacionales, toda esa suma de ventajas desemboca en menos de cien millones de euros durante seis meses. No estamos ante una comunidad pobre, periférica o carente de tradición empresarial. Estamos ante uno de los territorios potencialmente mejor preparados de España obteniendo uno de los peores resultados de España.
La comparación desmonta cualquier intento de refugiarse en la incertidumbre internacional. La inversión extranjera directa creció un 31,2 % en el conjunto nacional durante el mismo periodo. Madrid captó 5.635,7 millones; Cataluña, 2.358,6 millones; la Comunidad Valenciana, 1.845,8 millones, y Andalucía, 903,6 millones. Incluso Castilla y León, Aragón, Galicia, Canarias y Asturias superaron ampliamente al País Vasco. Mientras otras comunidades encontraban oportunidades en un escenario internacional complejo, Euskadi quedaba prácticamente borrada del mapa. No falló el mercado español. Falló la capacidad vasca para participar de su crecimiento.
El Gobierno Vasco podrá alegar, con parte de razón, que estas estadísticas son volátiles, que una gran operación puede alterar por completo el balance de un trimestre y que DataInvex atribuye generalmente cada inversión al territorio donde se encuentra el domicilio social de la empresa receptora. Es cierto. Madrid se beneficia de la concentración de sedes corporativas y el resultado final de 2026 podría mejorar durante el segundo semestre. Pero ninguna de esas cautelas convierte 96,70 millones en una cifra satisfactoria, ni explica por qué una comunidad que se presenta permanentemente como potencia industrial ocupa la decimoquinta posición nacional. La metodología puede matizar el fracaso; no puede hacerlo desaparecer.
El problema del Gobierno Vasco es que lleva demasiado tiempo administrando una marca heredada. Cacarea sin parar de industria avanzada, innovación, transformación energética, talento, internacionalización y autonomía estratégica como si la repetición constante de estas palabras garantizara su existencia. Presenta planes, crea fondos, convoca mesas, distribuye subvenciones a amigos y amiguetes y anuncia cantidades millonarias que casi siempre se proyectan hacia un futuro convenientemente lejano. La economía oficial vasca parece haberse convertido en una interminable presentación de diapositivas y powerpoints: objetivos ambiciosos, conceptos de moda, fotografías institucionales y cifras de “movilización” que mezclan recursos públicos, previsiones privadas y deseos todavía pendientes de materializarse.
Pero los inversores no toman decisiones por la calidad gráfica de una estrategia gubernamental. Estudian los costes, la fiscalidad, la regulación, la disponibilidad de profesionales, la seguridad jurídica, la productividad, el acceso a suelo industrial, la agilidad administrativa y las expectativas de crecimiento. También valoran el clima político y la disposición de las instituciones a facilitar la actividad económica sin someterla a un laberinto de requisitos, permisos, prioridades ideológicas, exigencias woke y condicionamientos lingüísticos. Cuando un territorio acumula ventajas objetivas y, aun así, recibe el 0,78 % de la inversión extranjera de España, el Gobierno tiene la obligación de preguntarse qué está haciendo mal.
La respuesta no puede consistir en desplegar más intervencionismo para corregir los efectos del intervencionismo anterior. El Ejecutivo vasco ha decidido presentarse como accionista, protector, planificador, seleccionador de sectores estratégicos y guardián del arraigo empresarial. Pretende dirigir la transformación económica desde los despachos administrativos mientras multiplica organismos, programas y vehículos financieros. Esta política puede servir para apuntalar determinadas compañías o evitar que algunos centros de decisión abandonen Euskadi, pero no sustituye la creación de un entorno atractivo para que nuevas empresas decidan llegar por iniciativa propia. Una economía dinámica no se construye únicamente comprando participaciones con dinero público. También necesita que alguien de fuera contemple el País Vasco, compare alternativas y decida voluntariamente arriesgar aquí su capital.
La obsesión por el arraigo revela, además, una contradicción profunda. El Gobierno Vasco afirma querer atraer inversión internacional, pero al mismo tiempo transmite una permanente desconfianza hacia el capital que no controla y hacia las operaciones que pueden modificar la propiedad de las grandes empresas locales. Quiere dinero extranjero, pero no siempre acepta con naturalidad las consecuencias de abrir una economía al mundo. Pretende conservar centros de decisión, empleos, marcas y accionistas estables mediante una tutela institucional creciente. El resultado corre el riesgo de ser un ecosistema protegido, caro y políticamente condicionado, capaz de conservar durante algún tiempo una parte de lo existente, pero cada vez menos eficaz para atraer lo nuevo.
Tampoco puede separarse este fracaso de un modelo político que ha situado demasiadas energías institucionales en la construcción identitaria y demasiado pocas en la competitividad real. Cada exigencia administrativa adicional, cada barrera lingüística que no responde a las necesidades efectivas de un puesto de trabajo, cada demora en la concesión de una licencia y cada norma concebida para satisfacer a los socios nacionalistas o a la izquierda intervencionista más ignorante y fanbática de Europa tiene un coste. Puede que ese coste no aparezca inmediatamente en los presupuestos, pero termina reflejándose en las decisiones de quienes comparan Euskadi con Madrid, Valencia, Lisboa, Dublín, Milán o cualquier otra localización posible.
Durante décadas, el País Vasco fue reconocido por una burguesía que invertía, una industria que exportaba y una sociedad que entendía la empresa como fuente de prosperidad. Hoy el discurso público habla mucho más de repartir, proteger, regular y subvencionar que de producir, competir, crecer y obtener beneficios. La empresa es elogiada en los actos oficiales, pero sometida después a una cultura política que contempla el éxito económico con sospecha y que considera a la Administración protagonista natural de cualquier transformación. Esa contradicción no puede mantenerse indefinidamente.
Los datos de DataInvex no permiten afirmar que toda la economía vasca esté en ruinas. Pero gran parte de ella sí lo está, como su sistema educativo. Tampoco prueban por sí solos una tendencia irreversible. Representan un semestre, están sujetos a operaciones puntuales y deben leerse dentro de las limitaciones de la estadística. Pero sí constituyen una advertencia severa y verificable. Mientras España aumentaba con fuerza la inversión extranjera y los proyectos destinados a crear o ampliar capacidad productiva ganaban terreno, Euskadi quedaba en las últimas posiciones. Ignorar esta señal alegando tecnicismos sería una nueva muestra de la complacencia nacionalsocialista que nos ha conducido hasta aquí.
El Gobierno Vasco del inútil de Imanol Pradales debería dejar de celebrar sus intenciones y empezar a responder por sus (nulos) resultados. Debe explicar por qué una comunidad dotada de Concierto Económico, experiencia industrial, capital humano, infraestructuras y capacidad financiera solo ha captado 96,70 millones de euros en seis meses. Debe aclarar qué obstáculos encuentran los potenciales inversores, cuánto tiempo necesitan para poner en marcha un proyecto, qué cargas regulatorias soportan y hasta qué punto las prioridades políticas del Ejecutivo están expulsando oportunidades que otros territorios reciben con los brazos abiertos.
Euskadi no necesita otra campaña que proclame su atractivo, ni un nuevo catálogo de estrategias con horizonte en 2030 o 2050. Necesita recuperar la confianza, reducir barreras y aceptar que la riqueza no nace en los consejos de gobierno ni en las oficinas de propaganda institucional. La crean quienes emprenden, trabajan, investigan, fabrican, venden e invierten. Los 96,70 millones del primer semestre son el balance provisional de un territorio que todavía presume de potencia industrial, pero al que los inversores internacionales apenas prestan atención y en el que no parecen encontrar motivos para elegir. Y esa distancia entre la leyenda que el Gobierno cuenta y la realidad que los datos describen constituye, hoy, uno de los mayores fracasos de la política económica vasca.
