El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha anunciado que su formación pedirá en el Senado explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez para que cuente los motivos por los que el Ejecutivo ha renunciado a solicitar la extradición del empresario Alejandro Hamlyn, detenido por la Interpol tras su condena por la Audiencia Nacional en el caso del fraude del IVA de los hidrocarburos, un fraude que también se investiga en la cámara alta.

Muestra De Andrés su sorpresa porque el Gobierno de España haya eludido pedir la extradición de Alejandro Hamlyn “un empresario que también debe dar explicaciones por sus negocios en Vizcaya donde la hacienda foral de este territorio le ha perdonado la importante cantidad de 225 millones de euros en IVA e impuestos de hidrocarburos a través del Grupo Hafesa.”

“Ya conocimos en su día cómo esta condonación era uno de los instrumentos que quiso emplear la fontanera del PSOE para presionarle en la búsqueda de datos e información que acabara con las investigaciones en marcha sobre las cloacas socialistas”, añade.

Que esta “decisión inaudita” haya tenido lugar no hace sino avivar para De Andrés “la sospecha de que este desistimiento en la petición de extradición por parte del gobierno de España obedecería a una vinculación de Hamlyn con el PNV -del que poseería información supuestamente comprometedora sobre su financiación- y con el PSOE.  Esta indolencia del gobierno de España abunda en el presentimiento de que existe una materia oculta y oscura que vincula a aquellos que le han favorecido en sus tejemanejes fiscales y en el gobierno de España.”

Por eso, insiste el presidente del PP vasco en la necesidad  de conocer por boca del gobierno “los motivos técnicos, administrativos o de otra índole que justifican que el Ministerio de Justicia no elevara al Consejo de Ministros la propuesta de extradición y, no menos importante, preguntarle si el gobierno puede garantizar que la inacción de los ministerios implicados en la tramitación de la extradición de Alejandro Hamlyn no responde a una voluntad política deliberada para evitar el retorno a España de un condenado cuyas declaraciones podrían afectar a ex cargos públicos y miembros de formaciones políticas.”