Jaime Ignacio del Burgo, expresidente del Gobierno de Navarra, pide investigar a Santos Cerdán, María Chivite y otras nueve personas por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública. Su denuncia vincula tres prórrogas de la vida laboral del presidente de la mesa de contratación con la adjudicación de una obra de 62,88 millones de euros

Una disposición incluida en los presupuestos navarros para 2022 permitió a un alto funcionario continuar en activo después de cumplir 70 años. La excepción se prolongó en 2023 y volvió a extenderse para 2024. Entre tanto, ese funcionario, Jesús Polo, presidió la mesa que adjudicó la duplicación de los túneles de Velate a una unión temporal de empresas integrada por Acciona, Osés y Servinabar, la sociedad vinculada a Antxon Alonso y Santos Cerdán. Esa secuencia legislativa y administrativa constituye el eje de la denuncia que Jaime Ignacio del Burgo ha dirigido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechada el 25 de septiembre de 2026, y a la que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco.

El expresidente de la Diputación Foral y del Gobierno de Navarra solicita a la UCO que compruebe los hechos, reúna los expedientes y dé cuenta de sus conclusiones a la autoridad judicial y a la Fiscalía Anticorrupción. Considera que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública. La denuncia señala como presuntos responsables a Santos Cerdán, la presidenta socialista navarra María Chivite, la ministra Elma Saiz y otras ocho personas vinculadas a la tramitación política, administrativa y empresarial de la obra. Su tesis es grave y concreta: sostiene que la continuidad de Polo al frente de la Administración permitió situarlo al mando de una mesa decisiva para la adjudicación. 

La obra respondía a una necesidad anterior a este conflicto. La adaptación de los túneles a los requisitos de seguridad europeos llevaba años pendiente, y distintos gobiernos navarros habían abordado la cuestión. Según relata Del Burgo, Cerdán participó el 7 de febrero de 2020 en una reunión entre representantes de los gobiernos central y foral en la que se trató una aportación estatal de 40 millones de euros. El denunciante sostiene que el entonces diputado defendía una infraestructura de interés público mientras mantenía un interés económico en Servinabar. Ese supuesto interés, junto con la influencia que le atribuye sobre los responsables políticos navarros, es el punto de partida de su hipótesis sobre lo ocurrido después.

La primera pieza que pide investigar es la enmienda in voce presentada el 17 de diciembre de 2021 durante la tramitación de los presupuestos de Navarra para 2022. La firmaron, según la denuncia, Ramón Alzórriz, Uxue Barkos y Mikel Buil. La disposición aprobada autorizó, por necesidades del servicio, la permanencia en activo más allá de los 70 años de personal de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupara una dirección de servicio. Del Burgo afirma que, en la práctica, el beneficiario de aquella redacción era una sola persona: Jesús Polo. Para el denunciante, la apariencia de una regla general encubría una medida hecha a su medida.

La excepción se reprodujo en los presupuestos de 2023 y volvió a incorporarse, esta vez a una ley de medidas tributarias aprobada en diciembre de ese año, para extenderla durante 2024. Del Burgo atribuye responsabilidades políticas por esas sucesivas decisiones a los cargos que cita en su escrito, entre ellos Elma Saiz y José Luis Arasti. La repetición de la medida es, a su juicio, un indicio de planificación: Polo debía seguir disponible hasta que se resolviera el concurso. La mera aprobación de las prórrogas, sin embargo, no demuestra su finalidad delictiva. Precisamente por eso la denuncia solicita los expedientes que justificaron cada prolongación del servicio activo y el de jubilación del funcionario.

El segundo núcleo de la denuncia se encuentra en la mesa de contratación. Del Burgo recoge las objeciones formuladas por Lorenzo Serena, entonces secretario de la mesa, sobre el modo en que Polo emitió su valoración. Según la versión expuesta por Serena en la investigación parlamentaria, el presidente conoció las puntuaciones de otros técnicos antes de fijar la suya. El denunciante sostiene que, antes de sumar esa valoración, otra licitadora, Mariezcurrena, ocupaba la primera posición, y que después pasó a encabezar la clasificación la UTE finalmente adjudicataria. Polo ha negado esa acusación. Determinar qué información conocía, cuándo la recibió y si su puntuación alteró indebidamente el resultado exige examinar las actas, los informes individuales y la secuencia completa de las valoraciones.

La adjudicación alcanzó 62.881.801,65 euros sin IVA, frente a un presupuesto de licitación de 78.602.252,05 euros. La oferta ganadora incorporaba así una rebaja de 15.720.450,40 euros, equivalente al 20 % del presupuesto inicial, según las cifras reproducidas en la denuncia. Del Burgo llama la atención sobre lo que ocurrió después: la UTE promovió modificaciones del proyecto que podían elevar el coste de una obra obtenida con aquella baja. El Gobierno navarro defendió públicamente en julio de 2025 un modificado de unos 8,5 millones de euros, que atribuyó a las condiciones del terreno, la aparición de más agua de la prevista y diversos requerimientos técnicos y ambientales.

El escrito plantea una pregunta precisa sobre la cronología de esos cambios. Afirma que la UTE empezó a estudiar modificaciones de excavación y sostenimiento a finales de abril de 2024, pocas semanas después del comienzo de las obras; que en mayo encargó a una ingeniería un estudio preliminar de revisión del proyecto, y que algunas prescripciones de la Sección de Minas invocadas posteriormente no llegaron hasta el 11 de junio. Del Burgo se apoya además en un informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra de septiembre de 2026, cuyo contenido resume en la denuncia, para sostener que ciertas alteraciones afectaban a aspectos de la oferta que habían contribuido a su puntuación. 

El documento añade otra línea económica. Sostiene que la UTE efectuó pagos por 129.167 euros a Servinabar y vincula esos fondos, a través de información que atribuye a investigaciones publicadas anteriormente, con una cuenta asociada a una tarjeta utilizada presuntamente por Cerdán y su entorno. La denuncia pide que se compruebe el destino del dinero. 

Del Burgo también reclama que se examine el traslado de Lorenzo Serena después de sus discrepancias con la adjudicación. Según su denuncia, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra consideró aquel traslado un acto de represalia e instó a rectificarlo. Solicita a la UCO el expediente correspondiente, además de las actas de la mesa, las puntuaciones de todas las ofertas, los expedientes de modificación del contrato y la documentación parlamentaria relativa a las tres prórrogas de Polo. Propone tomar declaración como testigos a Serena, a la directiva de Osés Noemí Osés Lana y a los demás integrantes de la mesa. No pide que la Guardia Civil dé por cierta su reconstrucción: le solicita expresamente que la investigue.

La denuncia se produce después de una investigación parlamentaria que constató irregularidades y deficiencias procedimentales en la licitación de Belate, pero terminó con conclusiones políticas enfrentadas. El dictamen aprobado por el Parlamento de Navarra en junio de 2026 afirmó que sus trabajos no habían acreditado prácticas corruptas ni aportado pruebas directas de sobornos o acuerdos para alterar las adjudicaciones. Al mismo tiempo, reconoció incidencias relevantes en el expediente. UPN, PPN y otros representantes de la oposición discreparon de esa conclusión y apreciaron indicios de una adjudicación irregular.

Ahí reside la trascendencia de la iniciativa de Del Burgo. La comisión parlamentaria cerró sus trabajos sin acreditar una trama de corrupción; la nueva denuncia pide a la policía judicial que compruebe si una serie de decisiones aparentemente separadas —las prórrogas de un funcionario, las valoraciones de una mesa, la entrada de Servinabar en la UTE, los pagos posteriores y los modificados de la obra— obedeció a un propósito común. También obliga a distinguir entre irregularidades administrativas, responsabilidades políticas y posibles delitos: la existencia de las primeras no demuestra automáticamente las últimas.

Por el momento, la novedad acreditada es la presentación de una denuncia detallada ante la UCO de la Guardia Civil. El escrito incluye nombres, fechas, importes y diligencias concretas que permitirían contrastar sus acusaciones. Falta saber qué actuaciones practicará la Guardia Civil, qué documentación incorporará y si la autoridad judicial o la Fiscalía apreciarán indicios suficientes para actuar. El futuro de esta denuncia dependerá menos de la contundencia de sus conclusiones que de la respuesta que ofrezcan los expedientes y las personas a las que pide examinar.