Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero fue mucho más que un expresidente del Gobierno dentro del PSOE. En Ferraz se le veía como una figura tutelar. Un mediador. Un puente entre familias socialistas enfrentadas. Un hombre con acceso permanente a Moncloa. Y, sobre todo, uno de los dirigentes que más contribuyó a sostener política y simbólicamente el liderazgo del ultra Pedro Sánchez tras su regreso al poder en 2017.

Por eso la investigación judicial sobre el caso Plus Ultra no solo afecta a Zapatero. La verdadera inquietud que recorre hoy sectores del PSOE es otra: hasta dónde puede alcanzar políticamente una instrucción judicial que ya ha empezado a penetrar en las estructuras de influencia del partido y que amenaza con conectar directamente la red investigada con el entorno del actual presidente del Gobierno.

Porque el problema para Ferraz ya no es únicamente judicial. Es institucional, simbólico y político.

Tras la guerra civil interna del PSOE en 2016 —cuando Pedro Sánchez fue derribado temporalmente por el aparato del partido— Zapatero se convirtió en uno de los apoyos fundamentales para su rehabilitación política. 

Desde entonces, el expresidente leonés adquirió un peso creciente:

• mediador en Cataluña

• negiciador y legitimador de la banda terrorista ETA

• interlocutor con gobiernos latinoamericanos,

• enlace informal en Venezuela,

• figura de consenso dentro de sectores del PSOE,

• y consejero político frecuente de Sánchez.

En numerosos momentos críticos del sanchismo, Zapatero actuó como operador político de máxima confianza. Por eso su imputación ha sido interpretada internamente como algo más que un problema personal. En palabras de dirigentes socialistas recogidas estos días en distintos medios, el golpe es “moral y estructural”. 

Uno de los aspectos más delicados del auto judicial conocido hasta ahora es el que hace referencia al acceso de Zapatero a “altos cargos” del Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar operaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. 

El juez José Luis Calama sostiene que la capacidad de influencia de Zapatero derivaba precisamente de sus conexiones privilegiadas con el Ejecutivo socialista.

Aunque el auto no identifica públicamente a todos esos cargos, la referencia ha disparado la preocupación política porque abre potencialmente tres escenarios:

• que la investigación alcance a responsables de la SEPI;

• que aparezcan contactos con ministerios;

• o que se investigue el grado de conocimiento político que pudo existir en Moncloa.

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Hasta ahora no existe ninguna imputación contra Pedro Sánchez en esta causa. Pero la investigación sí está empezando a rozar zonas muy sensibles del entramado gubernamental del PSOE.

El caso está provocando además tensiones internas importantes.

Uno de los episodios más reveladores fue la reacción del exministro José Luis Ábalos, actualmente encarcelado por otra rama del llamado “caso Koldo”. Ábalos aseguró desde prisión que Zapatero le “puenteó” para dirigirse directamente a Pedro Saura y otros responsables vinculados al rescate de Plus Ultra. 

La acusación es políticamente devastadora porque sugiere la existencia de canales paralelos de influencia dentro del propio Gobierno.

Según diversas reconstrucciones, el auto judicial sostiene que existieron al menos dos vías para intentar desbloquear el rescate:

• la vinculada al entorno de Ábalos y Koldo García;

• y otra directamente relacionada con Zapatero.

La hipótesis de dos redes de influencia compitiendo dentro del ecosistema socialista ha generado enorme tensión interna. La reacción oficial del PSOE ha sido cerrar filas. Pedro Sánchez expresó públicamente su respaldo a Zapatero y apeló a la presunción de inocencia. En Moncloa se insiste en transmitir “máxima tranquilidad”. Sin embargo, detrás de la fachada oficial empieza a percibirse inquietud real.

El motivo es evidente: el PSOE llega muy desgastado tras los casos Koldo, Ábalos y Santos Cerdán; el entorno familiar de Sánchez sigue bajo presión judicial, y y ahora la imputación alcanza a un expresidente socialista considerado uno de los arquitectos políticos del actual sanchismo.

El temor en Ferraz es que la suma de escándalos empiece a consolidar en parte del electorado la idea de una “corrupción estructural” alrededor del PSOE contemporáneo.

La oposición intenta precisamente construir ese relato global.

PP y Vox están vinculando el caso Plus Ultra con: el caso Koldo, las investigaciones sobre Santos Cerdán, la causa contra Begoña Gómez, el procesamiento del hermano de Sánchezn y las polémicas sobre supuestas operaciones contra la UCO. 

Especialmente sensible es el llamado “caso Leire Díez”, relacionado con presuntas maniobras para desacreditar a mandos de la Guardia Civil vinculados a investigaciones sensibles para el Gobierno. Ese asunto ha generado enorme inquietud institucional porque afecta directamente a la relación entre el Ejecutivo y unidades investigadoras como la UCO.

Ahora, con la entrada de Zapatero en el foco judicial, la oposición está intentando construir una narrativa unificada: un ecosistema de poder socialista donde se mezclarían estructuras partidistas, influencia institucional y redes empresariales.

Otro elemento extremadamente incómodo para el PSOE es la dimensión internacional del caso.

La investigación vuelve a colocar sobre la mesa: las relaciones de Zapatero con Venezuela, los contactos con Delcy Rodríguez, las conexiones empresariales latinoamericanas y las estructuras financieras en Dubái. 

El problema político es evidente: durante años, la oposición acusó a Sánchez de depender políticamente de figuras vinculadas al chavismo o excesivamente próximas a Caracas. Hasta ahora, el PSOE había conseguido contener ese desgaste. Pero la aparición de sociedades offshore, contactos internacionales y presuntas redes de influencia está devolviendo toda esa narrativa al centro del debate político.

La principal preocupación en Moncloa no es únicamente judicial. Es electoral. El PSOE atraviesa uno de los momentos más delicados de la legislatura: caída radical de expectativas electorales, tensión territorial, desgaste por corrupción, pérdida de iniciativa política y fatiga en parte de la izquierda social.

Algunos socios parlamentarios ya empiezan a marcar distancias. El PNV, modelo de comportamiento falsario siempre a vafor de la extrema izquierda socialista o independentista, ha hablado incluso de una legislatura finalizada. Aunque ninguno de los aliados de Sánchez parece dispuesto por ahora a provocar una caída inmediata del Gobierno, la sensación en Madrid es que el “caso Zapatero” ha abierto una nueva fase política: más defensiva, más inestable y mucho más peligrosa para el PSOE.

Todo el mundo político mira ahora hacia la declaración judicial de Zapatero prevista para el 2 de junio. En Ferraz esperan que el expresidente consiga desmontar buena parte de las acusaciones y contenga la erosión política. Pero si de esa comparecencia salen nuevas referencias a ministerios, responsables gubernamentales o contactos con Moncloa, el impacto podría ser enorme. Porque la gran amenaza para Pedro Sánchez no es únicamente que Zapatero termine condenado o exonerado.

La verdadera amenaza es otra: que la investigación termine convenciendo a una parte creciente de la opinión pública de que alrededor del PSOE se consolidó durante años un sistema informal de poder donde política, negocios, influencia y relaciones internacionales dejaron de tener fronteras claras.