Hay noches que cambian la historia. La del domingo 19 de enero de 2020 bien podría ser una de ellas. Mientras la mayoría de los madrileños dormían, un avión privado turco —matrícula TC-AKE, fletado por el Gobierno de Nicolás Maduro— cruzaba el Atlántico a unos 7.000 euros por hora y tomaba tierra en la terminal de vuelos ejecutivos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 00.12 de la madrugada. A bordo viajaba Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de Venezuela y mano derecha del dictador. También viajaba un problema diplomático de primera magnitud, porque en los sistemas policiales europeos la señora Rodríguez figuraba con una categórica anotación: extranjero inadmisible en territorio Schengen.

Lo que sucedió a continuación superó cualquier ficción política. El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos —el hombre número tres del Partido Socialista, uno de los pilares del Gobierno de coalición que Pedro Sánchez acababa de estrenar apenas días antes—, ya estaba esperando en el aeropuerto. Sin atravesar ningún control de seguridad, salió a la pista e introdujo cinco personas a bordo del aparato. Se sentó junto a Delcy. Según testigos, habló con los agentes de la Policía Nacional para impedir que deportaran a la vicepresidenta venezolana. Después, a bordo y en tierra, estuvieron reunidos al menos hasta las 02.15 de la madrugada.

Nadie habría sabido nada de aquella noche si tres días después, el martes 21, el consultor Lorenzo Bernaldo de Quirós no hubiera lanzado un misterioso tuit: «¿Qué hace en Madrid de semiincógnito la vicepresidenta de Venezuela reuniéndose con el Gobierno?». Aquel mensaje de 140 caracteres encendió la mecha de una de las investigaciones periodísticas más importantes de la España reciente, destapada por el diario digital Vozpópuli, y que Álvaro Nieto, entonces su director, reconstruye con minuciosidad en el libro Conexión Caracas-Moncloa.

I. EL AEROPUERTO DE LAS MENTIRAS

El Delcygate —como se bautizó el escándalo— nació de una nota al margen en el vuelo. Cuando el avión estaba todavía en el aire, los policías de guardia en Barajas introdujeron los datos del pasaje en su ordenador y vieron la alerta: Delcy Rodríguez estaba vetada en la Unión Europea por «violaciones graves de los derechos humanos». En circunstancias normales, el aparato debería haber sido desviado antes de entrar en espacio comunitario. Nadie dio esa orden.

Los agentes de la Policía Nacional enviaron a quince policías y seis guardias civiles a la terminal privada. La instrucción era taxativa: la pasajera no podía pisar suelo español. Cuando llegaron, encontraron al ministro Ábalos junto a su hombre de confianza, Koldo García, el escolta que le había llevado en un vehículo privado. El ministro intercedió. La vicepresidenta no fue deportada. Las maletas —unas cuarenta, según el testimonio de un vigilante que posteriormente declaró ante notario— fueron descargadas sin ningún tipo de control.

El ministro pasó las dos semanas siguientes protagonizando uno de los ejercicios de mendacidad política más espectaculares de la democracia española. Nieto los cataloga con precisión quirúrgica: diez versiones distintas sobre lo sucedido aquella madrugada. Primero negó haber estado en el aeropuerto. Luego admitió estar allí, pero negó haber visto a Delcy. Después dijo haberla visto pero no hablado con ella. Más tarde reconoció un saludo de cortesía, luego cuarenta minutos en el avión, luego otro rato en la sala VIP. En su décima y definitiva versión, el ministro se reinventó como héroe: aseguró que había ido a Barajas precisamente para impedir la entrada de la venezolana, por encargo del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

En cualquier democracia europea, una sola mentira habría bastado para exigir la dimisión inmediata. En España, Ábalos aguantó en el cargo año y medio más. El 25 de enero, cuatro días después del escándalo, ante la militancia socialista gallega, se permitió el lujo de declarar: «A mí no me echa nadie». El 10 de julio de 2021, Pedro Sánchez le echó.

II. LAS CUARENTA MALETAS Y EL SILENCIO DE LOS JUECES

¿Qué se habló aquella madrugada dentro del avión? ¿Qué contenían las famosas cuarenta maletas? Dos preguntas que el libro de Nieto reconoce sin respuesta definitiva, aunque dibuja el contexto con trazos certeros. Según fuentes consultadas en Caracas por él mismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez viajó a Madrid en el marco de un plan más ambicioso: aprovechar la formación del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Podemos para «vender» en la capital española un giro radical en las relaciones bilaterales con Venezuela. El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero habría sido el arquitecto de esa maniobra diplomática entre bambalinas.

Las cámaras de seguridad de Barajas —que podrían haber captado el desembarco del equipaje o la tensa conversación entre la policía y el ministro— fueron solicitadas por Vozpópuli antes de que caducaran. Pero la Justicia no actuó con la misma celeridad. La fiscalía general del Estado estaba entonces en manos de Dolores Delgado, ex ministra de Sánchez. Los tres principales partidos de la oposición tardaron días en presentar sus denuncias. Cuando un juzgado madrileño instruyó el caso, lo archivó con el argumento de que las infracciones eran competencia de la Unión Europea, no de los tribunales españoles. El crimen perfecto, sostiene Nieto, es a veces el que queda impune no por falta de pruebas, sino por exceso de prudencia institucional.

III. ESPAÑA CAMBIA DE BANDO

Lo más revelador del Delcygate no fueron las mentiras de Ábalos, sino lo que vino después. Hasta aquella madrugada de enero, el Gobierno de Sánchez había mantenido, a regañadientes, una política de presión sobre Maduro heredada del ejecutivo anterior. El ministro de Exteriores Josep Borrell —hoy Alto Representante de la Unión Europea— había sido beligerante con el chavismo, ofreciendo asilo en la embajada española al opositor Leopoldo López y liderando la presión comunitaria para que el régimen convocara elecciones libres.

Aquella semana, Juan Guaidó —reconocido por España como presidente legítimo de Venezuela— realizaba una gira europea. La Moncloa no solo decidió no recibirle; según el libro, llegó a presionar a otros gobiernos europeos para que tampoco lo hicieran. Fracasó: Boris Johnson y Emmanuel Macron le recibieron con todos los honores. En Madrid, en cambio, la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, le improvisó un encuentro en la Casa de América, lejos de su despacho, como si se tratara de un ciudadano anónimo.

Cuatro días después del Delcygate, González Laya se reunía en secreto con Zapatero. Tres días más tarde, el ex presidente aparecía junto a Maduro en Caracas. El giro era ya oficial: España dejaba de ser un problema para el régimen chavista.

IV. EL RESCATE QUE NO DEBIÓ SER: PLUS ULTRA

Si el Delcygate fue la historia de una noche, el escándalo Plus Ultra fue el de una mañana gris de marzo. El martes 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Sánchez aprobó en Consejo de Ministros el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas —el fondo de 10.000 millones creado para salvar compañías sanas arruinadas por la pandemia—. La noticia pasó casi inadvertida entre los anuncios del día.

Cuando los periodistas de Vozpópuli comenzaron a rascar, lo que encontraron defrauda incluso al más escéptico. Plus Ultra había operado en 2019 apenas el 0,03% de todos los vuelos en España, ocupando el puesto 166 del ranking de aerolíneas. Al aprobarse el rescate, la compañía contaba con un único avión en vuelo —un A340-300 que había realizado solo dos trayectos en enero de 2021 y ninguno en febrero—. Jamás había sido una empresa «solvente»: sus cuentas acumulaban pérdidas año tras año. Y, lo más llamativo de todo, sus accionistas incluían varios empresarios venezolanos con vínculos directos al chavismo.

El fondo establecía que las ayudas eran para empresas «solventes» y «estratégicas». Plus Ultra no era ni una cosa ni la otra. Pero la decisión fue avalada por cuatro informes: dos de organismos dependientes del Ministerio de Transportes —el de José Luis Ábalos— y dos de consultoras privadas. El primero, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, admitía expresamente que la quiebra de Plus Ultra no afectaría a las comunicaciones aéreas con Venezuela, Ecuador y Perú. Es decir, los propios técnicos del Gobierno reconocían que la aerolínea no era estratégica para nadie.

La Justicia tomó cartas en el asunto. La Audiencia Nacional admitió a trámite querellas por presunta prevaricación. El Gobierno, en cambio, nunca ha publicado íntegramente los informes, nunca ha abierto una comisión de investigación parlamentaria, y nadie, más allá de Ábalos —cesado en julio de 2021 en una remodelación de gobierno—, ha pagado precio político alguno.

V. ZAPATERO, EL HOMBRE DE LOS DOS MUNDOS

En el corazón de todas estas tramas aparece siempre un nombre: José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 comenzó su relación con el chavismo como observador electoral en los comicios venezolanos de 2015, donde obtuvo una audiencia privada de una hora con Maduro en el palacio de Miraflores. A partir de ese momento, Zapatero se convirtió en lo que los venezolanos llaman un «abrepuertas»: un intermediario capaz de navegar entre las exigencias del régimen y los intereses de empresas españolas —Air Europa, Telefónica, entre otras— que necesitaban resolver sus contenciosos en Caracas.

Su etapa como mediador terminó cuando en la negociación de Santo Domingo de 2018 defendió un pseudoacuerdo que beneficiaba claramente a Maduro. La oposición venezolana rompió con él. Y Zapatero, en lugar de retirarse, se entregó al chavismo sin disimulo. Las acusaciones no tardaron: el ex ministro venezolano de Energía Rafael Ramírez le señaló como comisionista en negocios petrolíferos. Piedad Córdoba habló de una mina de oro. En octubre de 2021, Hugo «el Pollo» Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar venezolana, aseguró ante la Audiencia Nacional que Zapatero efectivamente tenía ese activo, aunque sin presentar prueba documental alguna.

VI. EL CASO MORODO: EL EMBAJADOR Y LAS CUENTAS SUIZAS

Si Zapatero es el personaje enigmático de esta historia, Raúl Morodo es su personaje trágico. Jurista ilustre, fundador del Partido Socialista Popular, fue nombrado embajador en Caracas en 2004 por el primer gobierno de Zapatero. Era un hombre de confianza del ministro José Bono, no de Zapatero, y llegó a Venezuela con una misión: recomponer las relaciones con Hugo Chávez tras los años de tensión con el gobierno de Aznar.

Lo consiguió y de sobra. Morodo se ganó el acceso directo al entorno íntimo de Chávez, y cuando en 2007 dejó el cargo, no abandonó el país: siguió haciendo negocios. Entre 2008 y 2015, según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que llevó a la detención de su hijo Alejo en 2019, la familia Morodo recibió al menos 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA a través de complejos entramados en Panamá y cuentas en Suiza. Los contratos existían sobre el papel, pero los informes que supuestamente justificaban los pagos nunca han podido ser verificados.

El caso se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. Raúl Morodo, que en 2019 tenía 84 años, no llegó a ser detenido. Su hijo Alejo sí. La historia de un hombre que sirvió a la República para enriquecerse con una dictadura es, escribe Nieto, «una de las páginas más vergonzosas» de la relación entre España y Venezuela.

VII. LAS FRAGATAS DE BONO Y LOS 42 MILLONES DESAPARECIDOS

Antes del Delcygate, antes del Plus Ultra, antes del caso Morodo, hubo un negocio descomunal que lo prefiguró todo. Como consecuencia de la visita de Chávez a España en noviembre de 2004, y de la amistad que fraguó con el ministro de Defensa José Bono en una visita a Toledo —donde el mandatario venezolano fue obsequiado con la medalla de la ciudad—, Venezuela firmó con España un contrato histórico de 1.207 millones de euros para la compra de ocho fragatas militares.

La operación fue celebrada como un éxito industrial para los astilleros españoles. Hasta que en 2017 la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, huida del país, entregó a la CIA y a la Interpol un documento revelador: Venezuela había pagado en realidad 1.249 millones de euros, 42 millones más de lo estipulado. La diferencia había ido a parar a una empresa intermediaria —Rebazve Holding— con sede en el País Vasco y cuenta en Suiza, desde donde el dinero se distribuyó entre varias personas, entre ellas altos cargos de la industria naval española.

Los tribunales investigaron el caso durante años y lo archivaron en 2021 con el argumento de que la comisión no había salido de las arcas españolas. El destino de millones de euros venezolanos quedó sin aclarar. Las personas que recibieron el dinero no fueron condenadas. El dinero de un pueblo empobrecido se había evaporado.

VIII. PODEMOS Y EL ADN CHAVISTA

La conexión entre Podemos y el chavismo no es una metáfora política: es una historia de lazos personales, contratos y dinero. Todo comienza en 1993, cuando el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Viciano funda en España el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), dedicado al asesoramiento de movimientos revolucionarios latinoamericanos. Cuando Chávez gana las elecciones de 1998, el CEPS se convierte en su consultoría constitucional favorita. Entre 2003 y 2011, la fundación recibe de Caracas 7,2 millones de euros, aunque solo reconoció contratos por 3,9 millones.

En noviembre de 2004, Chávez visita la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y conoce a Juan Carlos Monedero, un profesor fascinado por la República Democrática Alemana que lideraba protestas contra la guerra de Irak. El flechazo fue mutuo. Al año siguiente, Monedero aterrizaba en Caracas como asesor presidencial. En 2013 firmaba una factura de 425.000 euros por un informe sobre una hipotética moneda común latinoamericana —un informe que nadie ha visto jamás— a través de una empresa creada ocho días antes para pagar menos impuestos. Monedero se vio obligado a regularizar su situación con Hacienda.

A través de Monedero, la órbita chavista llegó a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, y al resto de los fundadores de Podemos. En junio de 2017, en un registro policial al domicilio de un ex ministro de energía de Chávez en Madrid, la policía encontró un dosier sobre Podemos con información detallada de 78 personas del partido. Nadie ha explicado por qué el Gobierno venezolano tenía semejante archivo.

IX. EL POLLO QUE SABÍA DEMASIADO

Hugo Carvajal —«el Pollo»— es quizá el personaje más cinematográfico de toda esta historia. Militar de carrera, fue entre 2004 y 2014 el director general de Contrainteligencia del Gobierno de Maduro. Conocía todos los secretos del chavismo. Cuando en 2019 se distanció del régimen y reconoció a Guaidó como presidente legítimo, logró salir del país y entrar en España con un pasaporte falso a nombre de José Mouriño, con el beneplácito del Centro Nacional de Inteligencia español.

La Audiencia Nacional comenzó a tramitar su extradición a Estados Unidos —donde estaba acusado de crear una red de narcotráfico para desestabilizar el país— pero tomó la sorprendente decisión de dejarlo en libertad condicional. El Pollo se fugó. En mayo de 2020, Nieto y su equipo recibieron la información de que Carvajal se escondía en Madrid y el Gobierno lo sabía pero miraba para otro lado. Los periodistas montaron una guardia durante tres días frente a su supuesto edificio. No lograron identificarle.

Tuvo que ser la DEA norteamericana —con menos efectivos en España que la propia policía española— quien localizara al prófugo en dos ocasiones. En la segunda, en septiembre de 2021, aportó hasta la dirección exacta del edificio donde se ocultaba. El rastro: un tuit que Carvajal publicó a las 02.35 de la madrugada, su primer mensaje en cuatro meses. La policía solicitó la geolocalización a Twitter. El guardián de los secretos del chavismo fue detenido en Madrid gracias a un descuido digital de 140 caracteres.

EPÍLOGO: EL 5% DE UN ICEBERG

Cuando Álvaro Nieto cierra el libro, en el verano de 2021, lo hace con la convicción perturbadora de que todo lo publicado apenas representa el cinco por ciento de lo que realmente ocurrió. Los tribunales han archivado el Delcygate. Nadie ha sido condenado. Nadie, salvo Ábalos, ha perdido su cargo —y él lo perdió por razones que el propio Sánchez nunca ha explicado públicamente—.

Quedan en el aire demasiadas preguntas. ¿Qué contenían las cuarenta maletas de Barajas? ¿Existe la grabación de la reunión entre Ábalos y Delcy que las fuentes en Caracas dicen que la vicepresidenta realizó? ¿Cuánto dinero movió la familia Morodo realmente? ¿Tiene Zapatero intereses económicos en Venezuela? ¿Financió el chavismo a Podemos?

Lo que sí es innegable es que entre Caracas y la Moncloa existió, durante los primeros años del gobierno de Sánchez, una conexión que trascendió la mera afinidad ideológica. Una conexión hecha de reuniones nocturnas, rescates inexplicables, embajadores enriquecidos, asesores millonarios y un espía fugado que se delató por un tuit. Una conexión que, como todos los grandes escándalos, no necesitó de una conspiración única y centralizada: fue suficiente con que muchas personas, en muchos momentos distintos, decidieran mirar para otro lado.